Por más de dos tercios y sin mayor debate, la Cámara de Diputados aprobó este viernes el proyecto de Resolución Camaral que establece la conformación de las comisiones y comités para la legislatura 2021 - 2022. 

Según el Reglamento General de la Cámara de Diputados, articulo 45, la instancia legislativa está integrada por 12 Comisiones y 37 Comités. De las 12 Comisiones, nueve corresponden al bloque de mayoría, que en este caso recae en el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP); y las otras tres, en el bloque de minoría, es decir, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. 

El artículo 43 de la norma establece las siguientes funciones de las comisiones: promover acciones legislativas y fiscalizar las políticas relacionadas con el área de su competencia; recibir información oral y escrita de las autoridades y funcionarios del Órgano Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como de las entidades descentralizadas, empresas públicas, Máximas Autoridades Ejecutivas de las Entidades Territoriales, Universidades, entre otros.

Las presidencias de las Comisiones quedaron conformadas de la siguiente manera: 

Dip. Juan José Jauregui Ururi, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.
Dip. Lidia Tupa Zelaya, presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
Dip. Omar Al Yabhat Yujra Santos, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.
Dip. Deisy Judith Choque Arnez, presidenta de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria.
Dip. Laura Luisa Nayar Sosa, presidenta de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.
Dip. María Elena Pachacute Ticona, presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad. 
Dip. Gustavo Vega Piña, presidente de la Comisión de Educación y Salud.
Dip. Betty Beatriz Yañiquez Lozano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 
Dip. Leonardo Fabián Ayala Soria, presidente de la Comisión de Política Social.
Dip. Santos Mamani Espinoza, presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas.
Dip. Gabriel Antonio Colque, presidente de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante.
Dip. Zulay Mamani Apaza, presidenta de la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

El diputado Héctor Arce (MAS) lamentó este viernes que su colega de Creemos, Tatiana Áñez, haya tergiversado los hechos de agresión, ocurridos durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el pasado 9 de noviembre, y anunció que continuará con los procesos presentados ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y el Ministerio Público.

“Yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes y entiendo que los seres humanos podemos cometer algún error, he sido muy respetuoso y le he pedido que se disculpe públicamente por la agresión física que recibí; al contrario, me acusó de que le había propinado tres puñetes, le había pateado en su pie y además le había causado autolesiones. No se disculpó, pues mi persona ha presentado dos denuncias, una en la Comisión de Ética y otra en el Ministerio Público”, señaló.

El día del incidente, legisladores de CC y Creemos intentaron tomar la testera, donde el presidente Luis Arce presentaba su informe de gestión, acción que fue impedida por varios diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) quienes hicieron un cordón de seguridad, momento en que Áñez lo tomó del cuello y le produjo heridas.

En este contexto, corroboró que la denuncia presentada ante el Ministerio Público fue admitida, y también que presentó sus declaraciones y las pruebas que la sustentan.

“La justicia determinará con total independencia e imparcialidad quién miente aquí, no se trata acá de ser una agresiva, violenta, hacerse a la víctima o contar una telenovela o el cuento del tío al pueblo, se trata de asumir las consecuencias de sus actos y de aquí vamos a llegar hasta el final”, anunció.

El diputado cruceño Jerjes Mercado (MAS) recordó este viernes que parte de los 35 procesos penales que tiene pendiente el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, datan del año 2007.

“El señor (Rómulo) Calvo tiene más de 35 procesos y debe acudir, no es el Gobierno nacional el que le ha iniciado estos procesos, él tiene procesos tan antiguos por corrupción, cuando fue concejal, y en el corto periodo que fue alcalde municipal en Santa Cruz hace varios años atrás, el 2007”, puntualizó.

En la gestión 2007, la Fiscalía presentó una acusación contra el exalcalde Roberto Fernández y Rómulo Calvo, quien ejerció un período de interinato en el municipio cruceño, por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y la suscripción de contratos lesivos al Estado.

En este contexto, dijo que el discurso de persecución política del actual gobierno no es válido, debido a que se trata de procesos instaurados por las autoridades de entonces, y de la misma manera en otros en los que fue denunciado posteriormente.

“Ya estamos acostumbrados a que la oposición, cuando quiere impunidad, cuando quiere escapar de la culpa que tiene, se escuda en los cargos o se escuda en la famosa narrativa de la persecución política, el que es delincuente o sospechoso delincuente, tiene que asumir su defensa y tiene que acudir a la instancia jurisdiccional correspondiente”, señaló.

Reprochó que la justicia no haya actuado con celeridad en estos procesos, sin embargo, auguró que ahora la Fiscalía opere, para que los supuestos delitos cometidos por Calvo, no queden en la impunidad.

“Pero claro, con su influencia política, con sus triquiñuelas, le ha estado haciendo lance a esos procesos y ahora tiene que acudir a la justicia, hay otros procesos que son antes de los movimientos del 8 de noviembre, porque ganaba 24.000 bolivianos en la Caja Petrolera, no trabajaba, hay diputados que han demostrado eso y también se le han hecho procesos por esa causa”, remarcó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, lamentó este viernes que sectores políticos de la oposición continúen con su campaña de mentiras respecto al contenido de la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES). 

“(Dicen que) se va a violar las autonomías de las universidades, ¿en qué artículo dice eso?, no tenemos un artículo que esté referido a las autonomías, ni siquiera departamentales y municipales, peor todavía de las universidades, por eso realmente da mucha pena que se quiera desinformar de esta manera”, indicó.

Instó a los sectores de la oposición a informar con la verdad y no usar la normativa con fines estrictamente políticos.

“(Se debe informar) sobre la base de la veracidad y de lo que está escrito en los artículos de los diferentes proyectos de ley o de las leyes ya promulgadas, pero lo que no estamos de acuerdo es que se pueda tergiversar, por ejemplo, que a las universidades se les va a reducir el presupuesto, ¿en qué artículo está escrito eso?, cómo es posible que se puedan inventar semejante mentira”, manifestó.

Dijo que el Plan de Desarrollo Económico Social es una proyección para cinco años, de cómo se quiere ver al país en adelante, y que en ningún momento se trata de reducir presupuestos o de afectar las autonomías. 

Opositores desinformados

La autoridad legislativa reprochó que legisladores de oposición observen la ley 1407 sin conocer su contenido, pese a que reciben todos los proyectos de ley de forma individual y oportuna.

“Lo más importante para nosotros como legisladores es informarnos, para eso, nosotros distribuimos los proyectos de ley en sus casilleros y cada diputado y diputada tiene que trabajar como corresponde haciendo la lectura, enterándose absolutamente de lo que pasa y no vaya a decir que no estamos de acuerdo, sin mencionar con qué artículo, no saben cómo explicar, imagínense, llegamos a esos extremos”, señaló.

Instó a las diputadas y diputados de las agrupaciones políticas Comunidad Ciudadana y Creemos a informarse sobre el contenido de las normas que se tratan en esta instancia legislativa.

“Lo único que yo les voy a pedir a todos los legisladores, como responsables con el pueblo boliviano y además con la representación que tenemos, enterarnos, informarnos, dar la lectura a estos proyectos de ley, y en función a eso también socializar con la veracidad con el pueblo boliviano, no tergiversar la información”, mencionó.