Tras la abrogación de la Ley 1386, legisladores de las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos iniciaron una campaña en contra del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES); sin embargo, se pudo corroborar que algunos desconocen el contenido de la norma y aseguran que es inconstitucional.

“Nosotros, lo que estamos observando más que todo en esta ley es que se está vulnerando la autonomía de las alcaldías y las gobernaciones, o sea, nosotros estamos explicando qué está vulnerando esta ley”, señaló el diputado de CC, Beto Astorga.

Ante la consulta si conoce, por lo menos, el monto de inversión que plantea la norma, contestó que, “nosotros toda la ley estamos llamándola una ley maldita, le vuelvo explicar estamos explicando que es una ley maldita para nosotros, porque sin duda va contra las autonomías, no ha habido una coordinación en este contexto, ni con las gobernaciones, ni con las alcaldías”, argumentó.

Por su parte, la diputada de Creemos, María René Álvarez, informó que ya se cuenta con un recurso de inconstitucionalidad para ser presentada en contra de la Ley del PDES.

Se le consultó, ¿qué artículos de la normativa vulnerarían la Constitución Política del Estado?

“Vulnera las autonomías especificadas, obviamente dentro la ley marco de Autonomías que nos rige en todo el país y rige obviamente a los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales”, respondió.

¿Qué artículo va en contra de la Constitución?, se insistió.

“Sí, es una ley anticonstitucional si hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad por supuesto que vulnera la Constitución Política del Estado”, fue su respuesta.

Escuchamos al diputado de CC, José Manuel Ormachea, en conferencia de prensa pidiendo la abrogación de un paquete de normas, denominadas “leyes malditas”.

También se le consultó si podría especificar las leyes a las que hacía referencia.

“La gente sabe perfectamente como el Plan de Desarrollo Económico Social y otros que afecta las autonomías como lo ha dicho el diputado Alarcón, hay otro paquetazo de leyes que son absolutamente atentatorias contra la autonomía, contra los derechos humanos, contra los derechos políticos y contra los derechos sociales, eso es”, respondió eludiendo la pregunta y abandonando la conferencia de prensa.

Con el propósito de trabajar proyectos conjuntos de desarrollo del sector productivo, el vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, sostuvo una reunión con Jorge Ríos, jefe del Programa Global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y una delegación de empresarios franceses que prevén invertir en el país.

La UNODC y los empresarios franceses Jean Pierre Blanc y Jean Christophe Galland, del consorcio Malongo, expresaron su interés de apoyar a Bolivia en temas de desarrollo productivo, sobre todo en la producción de café en la región de la Asunta, los Yungas.

En la oportunidad, Choquehuanca saludó la labor que viene desarrollando la UNODC y la empresa francesa con los productores de esa región.

La delegación destacó la apertura y el trabajo que desarrolla el Vicepresidente respecto al cuidado del medioambiente y los programas de desarrollo económico alternativo en el país.

Actualmente, Malongo y la UNODC trabajan exitosamente con los productores de café, por lo que se busca ampliar el proyecto y generar nuevas oportunidades en otras zonas productivas.

El diputado Héctor Arce (MAS) recordó este jueves que fue el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que rechazó en tres oportunidades las demandas presentadas por legisladores de la oposición, para que los dos tercios sean incluidos para la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“El Auto Constitucional 249 de fecha 2 de diciembre de 2020, en su parte resolutiva rechaza que las normas, leyes sean aprobadas por dos tercios, asimismo, el Auto Constitucional 250 rechaza esta solicitud, también el Auto Constitucional 240 declara improcedente el pedido de legisladores de oposición”, detalló.

En este contexto, reafirmó que la instancia máxima de control de constitucionalidad del país rechazó la solicitud de los legisladores de oposición, de incluir los dos tercios en la aprobación de leyes.

“Por tanto, para el Movimiento Al Socialismo, el tema de los dos tercios para aprobar una ley no está en debate, no está en discusión y que desde mi percepción como exalcalde, el intentar incorporar en el debate que por dos tercios de apruebe una ley implica inviabilizar el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, manifestó.

Recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) es clara en este aspecto, al establecer que las leyes aprobadas en la ALP, requieren de una simple mayoría.

“El artículo 163 de la Constitución Política del Estado establece que las leyes deben ser aprobadas, como corresponde, por simple mayoría, eso dice la Constitución, en ningún artículo establece que como procedimiento para aprobar una ley por dos tercios” recalcó.

En el caso de los dos tercios, dijo que también está establecido en la Constitución Política del Estado, para casos específicos como en la elección de los vocales del Tribunal Supremo electoral, Contralor General del Estado y Fiscal General, entre otros.

El secretario ejecutivo de la federación Yungas Chapare, David Veizaga, informó este jueves que organizaciones sociales de todo el país confirman y alistan una marcha de Caracollo (Oruro) a La Paz para defender la democracia y demandar justicia a dos años del golpe de Estado.

“Este 23 de noviembre, el trópico de Cochabamba hace nuevamente su marcha histórica desde Caracollo hasta el departamento de La Paz”, dijo en entrevista con Bolivia TV.

El dirigente explicó que la movilización demandará justicia para las víctimas de las masacres del régimen de Jeanine Áñez, respeto a la democracia y dará el respaldo total al Gobierno del presidente Luis Arce. Se prevé la participación de más de 3.000 personas.

“Todas las organizaciones vivas del pueblo boliviano nos hemos convocado; primero, para pedir justicia. Han pasado dos años y, hasta la fecha, no hay justicia, dónde están los que han sido autores intelectuales y materiales como Carlos Mesa, como Tuto Quiroga, como Samuel Doria Medina, como (Arturo) Murillo o como toda la cúpula de golpistas. Ahorita, no están en la cárcel”, sostuvo Veizaga.

La marcha fue organizada luego de que sectores cívicos intentaron desestabilizar el país con acciones contrarias al Gobierno nacional y a la reactivación económica que impulsa el presidente Arce desde noviembre de 2020.