Un grupo de vecinos comenzó el martes a desbloquear las calles de la ciudad de Tarija que fueron tomadas por personas que respaldan el paro indefinido de los comités cívicos y que pretenden mantenerlas sin tráfico vehicular con acciones violentas.

“Se ha procedido a despejar las calles y lamentablemente hay, desde el comité cívico, matones pagados que están lanzando piedras”, dijo uno de los representantes de quienes tratan de levantar los bloqueos en las vías públicas, en una entrevista con Bolivia Tv.

El dirigente explicó que la resistencia violenta de los bloqueadores se registró entre la avenida Víctor Paz y la calle Sucre.

Dijo que los vecinos llegaron al lugar y, por pedido de efectivos policiales, se replegaron a una acera de manera respetuosa para protegerse de las agresiones.

“Ellos (los bloqueadores) están trancando la calle. Lamentablemente, cuando tiran piedras en algún momento llegan (a alguien)”, aseveró.

El representante de los vecinos dijo que los movilizados provocan con gritos e insultos y aseguró que las piedras que lanzan impactaron ya en el cuerpo de dos personas, por lo que pidió que los efectivos policiales intervengan y despejen la vía pública.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, pidió este martes al Gobierno de Canadá que tome con responsabilidad el pedido de Bolivia respecto a la autorización de una licencia obligatoria para que la empresa farmacéutica Biolyse Pharma fabrique una vacuna contra el COVID-19 y provea de 15 millones de dosis al país.

“Pedir a las autoridades (de Cánada) tomar con responsabilidad esta solicitud que abraza la posibilidad de alcanzar esta anhelada meta de llegar a una inmunización mayoritaria”, dijo en el marco de una conferencia de prensa internacional denominada “Justicia por las vacunas”.

El 11 de mayo de este año se suscribió un contrato entre Biolyse Pharma y la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS), para la producción de 15 millones de dosis de las vacunas Jhonson & Jhonson, siempre y cuando se consiga la licencia obligatoria.

Sobre el avance de la aplicación del acuerdo, Blanco explicó que Bolivia inició el proceso para conseguir la licencia obligatoria con la notificación de su uso como país importador de los inoculantes y solicitó que Canadá, conforme a su propia legislación, informe sobre su intención de ser una nación exportadora, porque la compañía que es parte del acuerdo, tiene su fábrica allá.

El procedimiento, dijo, requiere la voluntad política del gobierno canadiense para efectivizar el pedido.

“Sin embargo, al día de hoy, ya estamos en el mes de noviembre, han pasado varios meses, vemos que no ha sido posible obtener, por parte del Gobierno de Canadá, esta voluntad política que se requiere para tener estas licencias obligatorias”, lamentó.

Ante ello, Blanco agregó que Bolivia continuó con su requerimiento e hizo una solicitud oficial con el uso de los canales diplomáticos respectivos para que el Gobierno de Canadá dé una respuesta. 

“La única respuesta es que el tema está en análisis y que cuando se tenga alguna respuesta, algún avance, se nos comunicaría. De momento, y por estos ya varios meses, no hemos recibido ninguna respuesta adicional”, añadió.

El titular de Comercio Exterior e Integración recordó que la obtención de la licencia obligatoria para la producción de vacunas contra el COVID-19 es importante no sólo para Bolivia, puesto que permitirá también que otros países en desarrollo, que no tienen todavía acceso a los inoculantes, puedan “encontrar un camino” para adquirirlos.

“A medida que va pasando el tiempo, vamos lamentando mayor cantidad de pérdidas de vidas, más con la cuarta ola en todos los países del mundo y en especial en los países en desarrollo y los países menos adelantados”, concluyó.

La Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz presentó una acción popular en defensa de los derechos al trabajo, la libre transitabilidad y la salud ante el paro indefinido convocado por el Comité Pro Santa Cruz y otros sectores.

El accionante es el secretario ejecutivo de esa entidad, Rolando Borda, quien presentó la acción en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el lunes, jornada en la que algunos grupos de ciudadanos instalaron puntos de bloqueo en la capital oriental en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Como institución matriz de los trabajadores cruceños, y en mi condición de ejecutivo departamental, hemos acudido a este instrumento, a esta acción popular que ya fue admitida y que, obviamente, estamos viendo la forma de notificar, porque el denunciado en este caso es el señor (Rómulo) Calvo, en su condición de Presidente del Comité Pro Santa Cruz”, dijo en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Cuestionó que la convocatoria al paro cívico denominado “multisectorial” no cuente con la legitimidad debida, porque se arremete y agrede a quienes no se suman a la medida, sin tomar en cuenta que ciudadanos deben acudir a sus fuentes de trabajo o movilizarse por atención en salud en época de pandemia.

Aseguró que el paro no es una medida en sintonía con las necesidades del pueblo boliviano, que fue afectado en su economía tras el golpe de Estado y la pandemia del COVID-19.

“El pueblo necesita trabajar, el pueblo necesita movilizarse. Nuestros compañeros comerciantes necesitan desplazarse, especialmente de las áreas más lejanas de Santa Cruz”, dijo.

Lamentó que los dirigentes cívicos desinformen a la población y se opongan a una ley que aplica medidas contra la legitimación de ganancias ilícitas y el terrorismo.

El diputado cruceño Ányelo Céspedes (MAS) instó este martes al gobernador Luis Fernando Camacho a trabajar por su departamento y dejar de incitar a la confrontación entre bolivianos, apoyando los bloqueos en algunas rotondas de la ciudad de Santa Cruz.

“Lamentamos mucho que el gobernador de Santa Cruz, el señor (Fernando) Camacho, en vez de entregarnos obras, lo estamos viendo en las rotondas fomentando la discriminación, fomentando nuevamente las pugnas y las peleas entre cruceñas y cruceños”, manifestó.

Dijo que producto de esa incitación al racismo y discriminación, se registraron hechos violentos el lunes, primer día del paro cívico, dejando un saldo de más de 50 personas heridas.

“Lamento mucho, yo creo que el señor (Fernando) Camacho en vez de estar en una rotonda sentado, debería estar dando obras a Santa Cruz, porque para eso lo eligieron. Hoy día hemos recibido denuncias de más de 50 cruceños heridos”, indicó.

Ratificó el carácter político del paro convocado por cívicos, quienes hasta la fecha no demostraron en qué forma afecta la Ley 1386 al sector gremial o transportista.

“Lo que pasa es que es una movilización más política, hasta hoy día no nos están demostrando en qué forma les afecta la Ley 1386”, indicó.

Adelantó que se tiene prevista la conformación de una comisión de legisladores, quienes se trasladarán a la ciudad de Santa Cruz con el fin de reunirse con algunos sectores gremiales y del transporte para explicar los alcances de la norma observada.

“Yo creo que vamos a ser cuatro diputados, de acuerdo al área correspondiente, porque lo que necesitamos es ir a darle certidumbre a nuestros gremialistas, lo que necesitamos es ir y darle certidumbre a nuestros transportistas y aún más a nuestro pueblo cruceño”, señaló.