El vicecanciller Freddy Mamani asumió este viernes la presidencia del consejo directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), tras el desarrollo de la XV Asamblea General de ese organismo, que se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 28 y 29 de octubre.

“Ha sido electo el consejo directivo, que lo componen seis estados miembros y seis representantes de pueblos indígenas y en este espacio de sesión hemos elegido al presidente, que recayó en mi persona, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia y la primera vicepresidenta es Mirna Cunningham, de Nicaragua”, indicó.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe es un organismo internacional creado en 1992 por la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, España, con el fin de apoyar los procesos de autodesarrollo y promoción de los derechos de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.

“En esta asamblea hemos visto que el Filac avanzó sustantivamente y uno de los componentes fue precisamente de que es un organismo paritario entre Estados miembros y pueblos indígenas, de ser observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para seguir impulsando los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en todo el estamento internacional”, manifestó.

Agregó que el desafío de la nueva gestión 2021-2023 será fortalecer los programas que fueron impulsados por el consejo del Filac.

“Se ha trabajado en desarrollo con identidad y en muchos Estados se ha trabajado el tema de la política del Vivir Bien; se ha trabajado la profesionalización de estudios superiores en la Universidad Intercultural que existe en el Filac, en convenio con la Universidad Carlos Tercero de España; se ha preparado a más de 1.300 profesionales con posgrado, ese ha sido un avance sustantivo”, manifestó.

Los integrantes de ese organismo internacional por América Latina y el Caribe son: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y los Estados extrarregionales de Bélgica, España y Portugal.

Las delegaciones de los gobiernos de Perú y Bolivia comenzaron la mañana de este viernes las reuniones de trabajo en el marco del VI Gabinete Binacional, evento que concluirá este sábado 30 de octubre con la participación de los presidentes Pedro Castillo y Luis Arce. La labor se distribuye en 18 mesas temáticas con el objetivo de alcanzar 107 compromisos en beneficio de ambos países.

“Hoy, por la mañana, tenemos una reunión con los coordinadores de las 18 mesas de trabajo. Vamos a revisar los informes finales por eje. Son cuatro ejes, en todo caso, que nos hemos trazado para contar con los resultados que esperamos hasta el día de mañana”, indicó la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia, en entrevista con la red Patria Nueva.

Los cuatro ejes del encuentro son medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos; seguridad y defensa; desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional; infraestructura para la integración y el desarrollo.

Informó que la delegación peruana está compuesta por más de cincuenta miembros del Gobierno del presidente Pedro Castillo, quien llegará a Bolivia este sábado por la mañana.

“En la tarde, el informe de los coordinadores va a ser presentado a los vicecancilleres tanto de Bolivia y del Perú para que mañana ya estemos listos y entregar en la reunión ampliada del Gabinete Ministerial Binacional”, aseveró la autoridad gubernamental.

El eje de medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos cuenta con cuatro mesas: Gestión de recursos hídricos en el Sistema Lago Titicaca - Río Desaguadero - Lago Poopó - Salar de Coipasa; conservación y recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad Biológica; recursos forestales, fauna silvestre y áreas naturales protegidas; y, preservación del ambiente y remediación de los daños ambientales producidos por la actividad minera.

El eje de seguridad y defensa tiene cinco mesas: cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos/legitimación de ganancias; cooperación en materia de seguridad; cooperación en materia de defensa; cooperación en materia de gestión de riesgo de desastres mesa; y cooperación en materia judicial.

El eje de Desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional tiene una mesa: Desarrollo económico.

El eje infraestructura para la integración y el desarrollo tiene cinco mesas de trabajo: integración energética, agencia aduanera en ilo, desarrollo fronterizo, integración física y telecomunicaciones.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, la madrugada de este viernes, el proyecto de Ley que viabiliza el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.

La norma establece el enfoque político de la planificación para el desarrollo en los próximos cinco años, define las metas, resultados, acciones, el escenario macroeconómico y el presupuesto plurianual.

“Este Plan de Desarrollo Económico Social beneficiará a los nueve departamentos; estamos hablando de 33.197 millones de dólares de inversión que vamos a hacer los próximos cinco años en el área productiva, infraestructura y social, principalmente educación y salud. La Ley que tratamos emergió de las nueve cumbres departamentales y una cumbre nacional”, indicó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra.

Dijo que la propuesta de ley de ninguna manera atenta contra las autonomías territoriales como pretenden hacer creer políticos de oposición tendenciosamente y cuestionó que no hayan tenido voluntad para revisar el contenido del proyecto.

“Si analizan (la norma) técnica y jurídicamente, la oposición simplemente le miente al país”, enfatizó.

Según el Artículo 3 del proyecto de ley, el contenido del PDES 2021-2025 se desprende del Plan General de Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme establece la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). En cambio, el Artículo 4 establece la obligatoriedad de su aplicación para los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral, empresas públicas, entidades territoriales y otros.

Durante la sesión plenaria, la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, explicó los alcances y objetivos del proyecto de ley. Aseguró que cuenta con la debida solvencia técnica e ideológica que permitirá a Bolivia dar un salto cualitativo en los próximos años.

Argumentó que tanto el plan, como la Agenda Patriótica 2015 – 2025, son instrumentos que se articulan para promover el desarrollo integral y el incremento de la inversión pública como motor de la economía. 

La norma, en su disposición adicional única, establece un plazo máximo de 180 días calendario para que las entidades territoriales autónomas elaboren sus planes territoriales, planes estratégicos institucionales, adecuados al PDES 2020 – 2025. De igual forma, otorga 120 días para que los planes sectoriales, multisectoriales, estratégicos ministeriales, estratégicos institucionales, entre otros, sean elaborados o adecuados al plan.

El PDES se enmarca en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo que fue restituido por el Gobierno constitucional de Luis Arce después del golpe de Estado de 2019.

La presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), diputada Estefanía Morales (MAS), anunció este jueves que presentará una Acción de Cumplimiento en contra del personal administrativo y médico del Hospital de la Mujer Percy Boland de Santa Cruz, que atendieron, en primera instancia, a la niña de 11 años de edad que fue violada y embarazada por su abuelastro en Yapacaní.

“Porque el consejo de médicos del hospital había determinado que la niña tenga al bebé, es una niña de 11 años, cuando en la primera entrevista psicológica de la Defensoría del municipio de Yapacaní ella estuvo de acuerdo en que se le pueda realizar una interrupción, de acuerdo a la Sentencia Constitucional de 2014, cuando son producto de violación sí puede haber aborto, porque son prácticamente violaciones, esto es muy claro”, manifestó.

Dijo que el personal del hospital Percy Boland incumplió con los protocolos de atención para casos de niñas que presentan un embarazo producto de una violación.

“Debió cumplir con los protocolos de atención, cuando son niñas, en caso de violación, la maternidad jamás debió permitir la presencia de diferentes grupos, que están tratando de generar alguna debilidad en la niña. Hay instrumentos, hay protocolos y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establecen cuáles son los parámetros de atención de aquellas niñas que tengan un embarazo producto de violación, incumplieron las normas”, enfatizó. 

Sin entrar en detalle, lamentó que grupos de personas y miembros de la Iglesia Católica hayan sometido a un interrogatorio a la niña para hacerle cambiar su decisión, produciéndole un daño psicológico.

“Queremos hacer notar que hubo una omisión de parte de los médicos, jamás debieron ingresar diferentes sectores, prácticamente le están dañando a la niña psicológicamente, la verdad que duele ver este informe psicológico, ver todas las consultas que le hicieron terceras personas, para cambiarle la decisión que ya había tomado”, indicó.

La Acción de Cumplimiento será presentada el viernes y se esperará la fijación de la audiencia, donde se hará notar que hubo una omisión de parte de los médicos y personal del Percy Boland, quienes jamás debieron permitir el ingreso de personas ajenas a la familia, sostuvo.
Asimismo, anunció que la Comisión legislativa se trasladará a Santa Cruz con el fin de fiscalizar el trabajo del hospital e investigar si no es el primer caso que se registró en ese nosocomio.

Acción de Cumplimiento 

Es una acción constitucional que, conforme el art. 135 I de la Constitución Política del Estado, indica que "... procederá en caso de incumplimiento de disposiciones 30 constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”.