El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, Joaquín Mamani, informó este miércoles que ese sector dio su “respaldo total” al gobierno del presidente Luis Arce y anunció que se declararon en emergencia para enfrentar cualquier intención desestabilizadora de la derecha política.

“Los trabajadores mineros de Colquiri hoy (miércoles) hemos dado la fortaleza y el respaldo total a nuestro gobierno democrático, un gobierno que está trabajando por el interés de todos los bolivianos y bolivianas (...). Hoy, hermano presidente, los trabajadores mineros estamos de pie, en lucha, declarados en estado de emergencia para cualquier otra situación que pretenda desarticular el renacimiento de nuestra querida Bolivia”, manifestó, luego de una reunión con el jefe de Estado en la Casa Grande del Pueblo.

El dirigente dijo que el sector estará al frente de las intenciones de los políticos de la derecha, porque una vez más engañan al pueblo con argumentos falsos para frenar la reconstrucción económica del país. 

Mencionó que los trabajadores mineros de Colquiri resguardarán el proceso de cambio, porque apostaron desde 2019 por contar con un país democrático y que Bolivia viva en paz y de manera digna.

“Hemos apostado para que Bolivia nuevamente nos fortalezcamos en el aspecto económico y, hoy por hoy, consolidamos de que los trabajadores mineros vamos así a ser parte de una reconstrucción económica en beneficio de todos los bolivianos y bolivianas”, agregó.

A su turno, el presidente Arce agradeció el respaldo de los trabajadores mineros de Colquiri porque dijo que es un distrito de explotación de minerales “muy importante” para la economía nacional.

“Hemos quedado gratamente sorprendidos por ese apoyo unánime de los trabajadores mineros de Colquiri a nuestro Gobierno nacional por los resultados que venimos mostrando en materia de economía, de salud, de educación, que fue el mandato que nuestros mismos hermanos mineros nos dieron en octubre del año pasado”, sostuvo.

El mandatario señaló que en la reunión con los trabajadores del subsuelo se habló también de proyectos para potenciar su actividad, en el entendido de que los precios internacionales de los minerales actualmente son “muy favorables”.

Fisuras en la agrupación política de Carlos Mesa. Uno de sus diputados, Miguel Roca, denunció que hay una división entre los legisladores “de pasillo” con “cúpulas que están muy cómodas” y que manejan “casi prebendal y cupularmente” el acceso a oficinas, vehículos o ítems, es decir, espacios de poder.

La denuncia la efectuó Roca, legislador de Comunidad Ciudadana (CC), ante la proximidad de la renovación de las directivas camarales, en noviembre.

“Hay cúpulas que están muy cómodas en su lugar de cúpulas y, por ahora, irónico, quieren la evaluación después de la renovación de las directivas de las cámaras. No voy a dar nombres y no es por temor”, afirmó a La Razón digital el diputado que se autodefinió como “orgullosamente diputado de pasillo”.

“Las cúpulas tienen que ser inteligentes, desde la cúpula generar la unidad del partido”, planteó el legislador.

“Son menos los espacios donde hay comisiones, comités y directivas camarales, que tienen acceso a oficina, vehículos o ítems, entonces, también ese tema es casi prebendal y se lo maneja cupularmente”, aseguró, según el reporte de La Razón.

Se denomina “diputado de pasillo”, según el propio Roca, a los legisladores que no ocupan cargos en la Directiva, comisiones o comités.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, informó este miércoles que esa instancia legislativa trabaja en los ajustes al proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, en cumplimiento a las recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Lo que corresponde a partir del mes de agosto, oportunidad en la que se conoció el informe del GIEI, es ajustar los contenidos de esta iniciativa legislativa a efectos de que se pueda cumplir los criterios que tiene el informe, porque el documento también es claro, el mecanismo bajo el cual se debe ir resolviendo todas estas observaciones que realizó debe ser a través de una ley”, indicó.

Recordó que el proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos, desde febrero pasado, solo hacía referencia a las víctimas de la masacre de Senkata y no a las de Sacaba, por lo que, tras conocido el informe del GIEI, se determinó trabajar en los ajustes.

“Existe un proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas, pero el proyecto que está en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos a la fecha simplemente involucra a las familias de las víctimas de la masacre de Senkata, no incluye a las familias de las víctimas de Huayllani, Sacaba y otros sectores en los cuales también perdieron la vida bolivianos en defensa de la democracia y en contra del golpe de Estado”, mencionó.

Dijo también que los ajustes del contenido del proyecto son trabajados en coordinación con el Ministerio de Justicia, porque de lo que se trata es de atender a todas las víctimas del régimen de facto de Jeanine Áñez.

“Para que se atienda a todas las víctimas, familias de los que perdieron la vida, de los que fueron objeto de persecuciones, es un trabajo integral que obviamente pasa también por generar un diagnóstico preciso sobre el ámbito de aplicación de la norma, es decir, a cuántas personas vamos a alcanzar con la aprobación, porque no debe olvidarse que esta norma involucra inversión de recursos por parte del Estado y en consecuencia no podemos hacer especulaciones sobre el alcance normativo que va a tener”, explicó.