La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, remitió este viernes a la presidencia de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de “Creación del Registro Nacional de condenados y/o detenidos preventivos por los delitos de violación, estupro y abuso sexual”, como medida de seguridad. 

El presidente esa instancia legislativa, Andrés Flores (MAS), explicó que la norma se aplicará en todo el territorio nacional y protegerá a las víctimas de las personas que cometieron delitos, enmarcados en la normativa.

“Con el proyecto se prevé tener un sistema de información de carácter público y gratuito como una medida de seguridad, frente a los presuntos culpables que se encuentren con detención preventiva, condenados por delitos de violación, estupro y abuso sexual en Bolivia y en otros estados que suscriban el tratado”, señala un boletín institucional. 

El proyecto también plantea la creación de un mecanismo de protección para mujeres y menores de edad contra delitos de explotación y abuso sexual en espacios laborales y actividades que impliquen contacto con menores de edad y adolescentes.

La normativa cuenta con 16 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y abrogatoria, y dos disposiciones finales.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló este viernes que la sentencia 52/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratifica que en Bolivia hubo golpe de Estado en 2019, tras la autoproclamación de Jeanine Áñez a la presidencia.

“Ha hablado el TCP mediante la sentencia 52/2021 que ha ratificado que en el país hubo un golpe de Estado. Esta explicación es contundente, la sucesión ipso facto solo procede entre el presidente y vicepresidente”, dijo en una conferencia de prensa.

La autoridad estatal señaló que la resolución da respuesta constitucional a un comunicado que establecía que en el país existía una sucesión ipso facto que avalaba la sucesión de Áñez.

Dijo que la determinación judicial analiza la situación de las renuncias de senadoras y diputadas registradas en 2019 y precisa que quienes ejercieron los cargos de la primera y segunda vicepresidencia de las cámaras Alta y Baja no podían asumir la presidencia del país.

“Quizá lo más importante, y la ratio decidendi de este fallo señala, que quien ejerce la primera y la segunda vicepresidencia de Diputados y Senadores, de acuerdo a la reglamentación que existe en esas cámaras no ejerce un cargo democrático. Quien ejerce la segunda vicepresidencia en Diputados y Senadores representa a la minoría y el ejercicio democrático en el país exige que haya una elección entre las personas que ejercen el cargo de presidente de Senadores o presidente de Diputados”, aseveró.

Mencionó que la resolución del TCP es definitiva y no admite apelación alguna, por lo que ninguna instancia puede revisarla, situación que determina que la autoproclamación de Áñez fue una vulneración flagrante al artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“El llamado del Gobierno nacional es a cerrar esta página de la discusión y el debate jurídico”, aseveró. 

En ese contexto, Lima anunció que la determinación judicial será incorporada en un proceso penal iniciado contra Áñez por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. 

“Y definitivamente la sentencia, como lo habíamos señalado, debía salir en un término inmediato porque ya se ha agotado la presentación de la prueba y con esta sentencia esperemos que la justicia actúe pronto y tengamos en lo posible en este año, lo más pronto posible, una sentencia en el marco del debido proceso”, agregó.

El titular de Justicia dijo que las opiniones que surjan a partir de ahora por el caso deberán ser realizadas de manera responsable y serán respondidas, refutadas y debatidas en todos los ámbitos porque “ya no es admisible que se le siga mintiendo al pueblo boliviano”.

“No ha existido fraude, ha existido golpe y ya las instancias judiciales del país han hablado”, concluyó.

Luego de que el Gobierno anunciara el retiro del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, condenó este viernes la “irresponsabilidad” de algunos políticos de oposición que desinformaron sobre los alcances de la normativa y generaron miedo en algunos sectores sociales.

“Se ha tenido una gran desinformación sobre los alcances del proyecto de ley y se ha generado miedo en las hermanas y hermanos gremialistas, microempresarios, transportistas (…). Esta irresponsabilidad de desinformar esperamos que no tenga grandes consecuencias”, indicó.

Aseguró que el Gobierno nacional asumirá acciones para que el país no ingrese a las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), situación que podría dificultar las transacciones financieras en el ámbito internacional.

“Nosotros como Gobierno vamos a seguir trabajando para que el país no se incluya en la lista gris. ¿Qué significa estar en esa lista gris?, podemos tener dificultades en temas de transacciones bancarias a nivel internacional, esa sería una lamentable consecuencia financiera para nuestro país, para los empresarios”, subrayó.

Lamentó que algunos políticos de oposición, tras retirado el proyecto de ley en cuestión, pretendan seguir generando conflictos en el país, con el pedido de abrogación de otras normas. Hecho que confirmaría que detrás de esas acciones está la búsqueda de impunidad para los responsables de las masacres de bolivianos durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.

“Ahora comprendemos, que detrás de toda esta desinformación estaba la derecha, estos señores que representan o que eran del grupo de los golpistas, ahora está claro, piden que no exista persecución, este gobierno no está haciendo ninguna persecución, lo único que nosotros estamos exigiendo al Órgano Judicial, que cumpla como corresponde”, subrayó.

La Procuraduría General del Estado concluyó este viernes con la revisión de actas electorales de los comicios presidenciales de 2019, cuando sectores de oposición denunciaron sin pruebas un presunto fraude que provocó convulsión social y el golpe de Estado. El procurador Wilfredo Chávez sentenció que tras el análisis queda demostrado que no hubo fraude.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, aseveró el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, en el acto de cierre del proceso de revisión de actas.

Desde el lunes, el proceso consistió en la revisión y análisis de 34.555 actas de los nueve departamentos, es decir, el 100% de documentos que cuentan con los datos electorales oficiales del 2019.

En las tareas técnicas de revisión y análisis, se usó una aplicación de red cerrada conectada al sistema de gestión de bases de datos de actas. Respecto a los insumos, equipos y logística, se contó con personal académico y especializado en Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

El Procurador General del Estado cuestionó que quienes impulsaron la versión de fraude desde 2019 no hayan participado del proceso de revisión pese a las constantes invitaciones públicas hechas desde El Alto.

“Este era el momento de venir con la verdad y sentar a sus delegados, que traigan las copias de sus actas y, de esa manera, todos veamos lo que ha pasado. No estamos haciendo un reconteo, no, estamos haciendo solamente un análisis de actas electorales. Eso hemos hecho”, indicó el procurador Chávez. 

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 239/2019 del 27 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones presidenciales para el domingo 20 de octubre de 2019.

Tras el cierre de la votación de la jornada electoral, el TSE instaló las sesiones de sala plena permanente para iniciar el conteo de votos y poner en marcha el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), a modo de conteo rápido.

Con el 83,76% de los votos emitidos, el resultado parcial mostraba que Evo Morales, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), lideraba la votación; pero, por ese momento, no alcanzaba la diferencia de votos de 10% necesaria para ser declarado ganador en primera vuelta ante un segundo lugar ocupado por el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

“Alrededor de las 8:00 p. m., el conteo rápido se suspendió hasta la mañana siguiente, cuando se anunciaron los nuevos resultados que indicaban un aumento en la diferencia de votos entre los dos candidatos, para una victoria de Evo Morales en la primera vuelta (sic)”, se lee en el informe presentado el 17 de agosto pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Sin contar con el resultado oficial al 100%, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia declaró el 21 de octubre de 2019, al día siguiente de las elecciones, su preocupación sobre los datos preliminares pese a que no eran vinculantes y anunció un informe previendo una segunda vuelta.

El informe del GIEI añade que el resultado electoral, en el contexto de los cambios en el TSE y la caída del sistema TREP de conteo de votos, alimentó los cuestionamientos sobre el proceso electoral y derivó en una serie de enfrentamientos entre las posturas en pugna: un sector que alegaba la materialización de un fraude electoral y otro que apoyaba la victoria de Evo Morales.

A esa situación, se sumó, en 2019, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, que basado en un informe preliminar, denunció en noviembre sin pruebas un presunto fraude que hasta la fecha no pudo demostrar.

Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado ante la escalada de violencia.