El directorio y las bases de la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata, junto a la representación oficial de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto aprobaron, este fin de semana, trasladarse a la ciudad de Caracollo, Oruro, para unirse a la marcha programada por sus pares de Sacaba.

“Con nuestras hermanas y hermanos de la Masacre de Sacaba, Huayllani, marcharemos hacia la sede de Gobierno”, establece la determinación.

Según el cronograma aprobado, las víctimas de Senkata se trasladarán este lunes a la localidad de Caracollo, para encontrarse con la representación de Sacaba y desarrollar una reunión de coordinación.

La marcha se iniciaría el martes 19 de octubre desde las 07.00, con dirección a la sede de Gobierno. El objetivo es pedir justicia y exigir procesos penales no realizados, cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por el incumplimiento a los pliegos petitorios.

La pasada semana, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani, Roberto Jucumari, anunciaba la determinación de iniciar la marcha el 18 de octubre, con el objetivo de pedir justicia.

"Hemos tenido una reunión y hemos decidido la fecha, el 18 de octubre parte la marcha de aquí, de Huayllani, hacia La Paz pidiendo justicia. La justicia en Bolivia anda muy lenta, nosotros vamos a exigir de una vez que se haga justicia para todos", sostuvo entonces el representante.

Roma, Turín y unas 60 ciudades de Italia votaban este domingo a sus alcaldes en un reñido balotaje, tras triunfos de coaliciones de centroizquierda en la mayoría de las grandes urbes en primera vuelta que reforzaron al Partido Democrático (PD), que lidera el Gobierno nacional.

Los comicios duran dos días, con lo que finalizarán el lunes, y Roma se presenta como el premio mayor, una ciudad con muchos problemas con el transporte público y la gestión de la recogida de basuras.

Los romanos comenzaron a votar al día siguiente de una manifestación masiva en la capital para reclamar la prohibición de la extrema derecha, tras unas violentas protestas contra el pasaporte sanitario la semana anterior.

Hacia el mediodía, la participación general en los comicios rondaba el 9,73%, menos que el 12,/% a la misma hora en la primera vuelta del 3 y 4 de octubre, según las autoridades, informó la agencia de noticias italiana Ansa.

En Roma, los sondeos dan como favorito al candidato de centroizquierda, el exministro de Economía y Finanzas Roberto Gualtieri, del (PD), frente al candidato de la derecha y la extrema derecha Enrico Michetti, abogado y presentador de radio. Ambos tienen 55 años.

En la primera vuelta, Michetti obtuvo el 30% de los sufragios y Gualtieri el 27%.

Se prevé que Gualtieri debería hacerse ahora con buena parte de los votos del candidato independiente centrista Carlo Calenda y de la alcaldesa saliente Virginia Raggi, del partido Movimiento 5 Estrellas, eliminados en la primera ronda.

Michetti fue acusado de antisemitismo a raíz de un artículo del año pasado en el que afirmaba que existía un "lobby" judío "capaz de decidir el destino del planeta".

Y durante la pandemia, sugirió utilizar el saludo romano con un brazo en alto --como en el fascismo-- ya que, según él, era más higiénico.

Michetti cuenta con el apoyo de una alianza de los partidos Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni y de extrema derecha, La Liga, de Matteo Salvini y de derecha, y Fuerza Italia, de Silvio Berlusconi y de centroderecha.

Salvini tachó la manifestación contra la extrema derecha del sábado como una estrategia electoral de la izquierda.

La campaña electoral en Roma estuvo dominada por las quejas sobre la degradación de esta metrópolis de 2,8 millones de habitantes.

La situación se ha agravado tanto que los jabalíes, atraídos por la basura que se amontona en plena calle, circulan libremente en algunas zonas residenciales.

Hace 15 días, las victorias de alianzas de centroizquierda en las principales ciudades revitalizaron al PD, eje central del sector, que buscará redefinir los equilibrios internos y que ya mira a las generales de 2023, cuando se renovará por completo el Parlamento.

Con casi todas las fuerzas con representación parlamentaria integrando el Ejecutivo de unidad nacional del premier Mario Draghi, las elecciones en más de 1.100 comunas generaron todo tipo de alianzas y cruces entre socios en el Gobierno y opositores.

En líneas generales, las fuerzas de centroizquierda que integran el Gobierno, como el PD y el Cinco Estrellas, compitieron entre sí en la mayoría de los distritos.

En cambio, los partidos de derecha alcanzaron listas de unidad en casi todas las comunas pese a que dos integran el Ejecutivo, La Liga y Fuerza Italia, y Hermanos de Italia se mantiene en la oposición.

Las cómodas victorias de coaliciones de centroizquierda en primera vuelta en Milán, Nápoles y Bolonia, más la posibilidad de agregar Roma y Turín en los balotajes, transformaron al PD en el primer partido en la mayoría de las ciudades.

Sus referentes ya se ilusionan con quedar con el liderazgo del sector de cara a las generales de 2023.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional recordó este domingo a los dirigentes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que aglutina a propietarios y directores de nueve de los 60 medios impresos que funcionan en Bolivia, que la libertad de expresión es un derecho humano y constitucional que se ejerce sin restricciones ni rango de exclusividad institucional.

La ANP censuró hoy con adjetivos calificativos y descontextualizados, inadecuados para el lenguaje periodístico, una opinión que el titular de esa cartera de Estado, Iván Lima Magne, difundió en su cuenta personal de Twitter, según señala un boletín de prensa de esa cartera de Estado.

Esa organización acusó al Ministro Lima de ejecutar “un nuevo ataque contra seis medios de comunicación de Bolivia”, cuando en realidad la autoridad refirió un mensaje del Papa Francisco para aludir a ciertos medios en tono reflexivo.

Según la nota de prensa relacionada al comunicado de la ANP, “el ministro de Justicia, Iván Lima, empleó un fragmento del mensaje emitido por el papa Francisco para un nuevo ataque contra seis medios de comunicación de Bolivia”.

El mensaje del Papa Francisco, difundido por su cuenta de Twitter, decía textualmente: “A los medios de comunicación, pido que terminen con la lógica de la postverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio; y que busquen contribuir a la fraternidad humana”.

El Ministro Lima dijo a través de Twitter: “@pagina_sietem @LosTiemposBol, @sur_correo, @grupoeldeber, ahí les habla @Pontifex_es. En el caso de @noticiasfides y @ErbolDigital es un llamado que debiera ser tomado con mayor reflexión y compromiso. Siempre se puede cambiar para mejorar”.

La ANP distorsionó ese mensaje y lo expuso como “agresión verbal”.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional pide a la ANP no olvidarse que el parágrafo II del artículo 106 de la Constitución Política del Estado establece que se reconoce el derecho “a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa”.

El derecho a la libertad de expresión está garantizado para “las bolivianas y los bolivianos” sin excepción y no es atribución exclusiva de los empresarios de la comunicación.

Esta Cartera de Estado también solicita a la ANP dejar de lado el sesgo que aplican al denunciar agresiones. Cuando se trata de periodistas de medios privados levantan la voz de manera inmediata, pero cuando trabajadores de la prensa de medios estatales sufren ataques violentos de grupos de choque afines a organizaciones que se caracterizan por su racismo radicalizado, la ANP calla, añade del boletín de prensa de Justicia.

El abogado constitucionalista Israel Quino dijo este viernes que la sentencia 52/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional que ratificó que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019 sentó las reglas interpretativas para los casos de la sucesión presidencial en el país.

“Esta reciente sentencia constitucional, pues genera las reglas interpretativas, efectivas, en razón de la sucesión presidencial en nuestro país”, dijo, en una entrevista en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

El jurista detalló que el instrumento legal llega incluso a complementar la denominada declaración constitucional 01/2020.

En ese contexto, Quino recordó que la sentencia dejó “totalmente desvirtuada” la tesis sobre la constitucionalidad y la legalidad de la autoproclamación de Jeanine Áñez.

“Lo que hace el TCP con esta sentencia es definir que solamente la sucesión presidencial ipso facto recae del presidente hacia el vicepresidente, al presidente de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados. No así a las siguientes líneas sucesorias de las directivas camarales”, recalcó.

El abogado constitucionalista manifestó, sin embargo, que el TCP no abordó la vigencia de las normas del gobierno de facto para no generar inseguridad jurídica en el país.

“Se deberá evaluar qué normas todavía pueden sobre existir, aplicarlas o no y a partir de ahí dejarlas sin efecto en el caso que así correspondiese”, agregó.

Finalmente, Quino dijo que la intención de la derecha política de mantener la defensa de la legalidad de la autoproclamación de Áñez “queda por supuesto desvirtuada”.