El abogado estadounidense de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Thomas Becker, ratificó este miércoles la necesidad de la desarticulación de grupos irregulares y paraestatales que actuaron durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.

“La comunidad internacional, la Defensoría del Pueblo, todos han dicho que son grupos ilegales, irregulares, que han cometido abusos; la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, la Red de Derechos Humanos, el grupo de expertos de Harvard, todos han dicho esto, pero también tenemos ahora al Gobierno gringo, diciendo que son ilegales, entonces se tienen que desarticular”, indicó.

Resaltó que la propia Embajada de Estados Unidos en Bolivia denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazaron a activistas de derechos humanos y demandó al Gobierno nacional su “desmantelamiento”, como lo recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos de violencia y muerte de 2019.

“Las personas que han recibido amenazas y ataques de estos grupos, como los motoqueros, mencionan a una persona, Kathryn Ledebur, en su carta; la carta de los que están en Cochabamba, que trabaja en derechos humanos y estos grupos amenazan casi todos los días, recibe mensajes horribles, fotos de ella en las redes sociales de su familia y otros”, señaló.

Dijo que las víctimas de estos grupos irregulares merecen algún tipo de justicia y que mientras no sean desarticulados continuarán las amenazas y agresiones, no solo contra defensores de los derechos humanos, sino con la gente humilde, como ocurrió el 2020.

“Son grupos que actuaron especialmente durante el año 2020, están involucrados con el anterior Gobierno, con la Policía, con los militares, que han atacado a la gente, no solamente a los gringos, eso es importante enfatizar. La nota habla de los gringos, porque la embajada tiene que proteger sus ciudadanos, nosotros tenemos un perfil de un poco más de protección”, mencionó.

Denunció que como activista de los derechos humanos, también recibió amenazas de estos grupos que incluso le advirtieron con atentar contra su vida sino sale del país.

“En las calles me han atacado, me han dicho: ‘esta persona es de derechos humanos, es terrorista, es comunista, tenemos que atacarlo’. La semana pasada, unas tres o cuatro personas me rodearon diciendo ‘tienes que salir de acá del país o vamos a matarte, vamos a detenerte porque eres de derechos humanos, eres comunista, eres terrorista’”, comentó.

El representante de la organización Mugarik Gabe del País Vasco, Jesús González Pazos, dijo este martes que las élites políticas y económicas tradicionales quieren cortar el proceso de crecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, para continuar con el poder que tienen y que creen que es suyo de manera exclusiva.

“Todos aquellos y aquellas que han tenido el poder en sus manos por décadas, o mejor dicho por siglos, quieren seguir teniendo ese poder, además han llegado a un convencimiento de que el poder es exclusivamente suyo. Entonces van a hacer lo imposible porque el Estado Plurinacional no crezca, nacido ya está, pero porque el Estado Plurinacional no siga constituyéndose como tal. Eso está ocurriendo en el Estado Plurinacional de Bolivia y esas mismas élites políticas y económicas tradicionales van a tratar de cortar este proceso no solamente en el Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo, en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

El experto dijo que los grupos de poder actúan de manera similar en otros países como Ecuador, puesto que tratan de frenar la simple discusión sobre la conveniencia de articular Estados plurinacionales.

Asimismo, mencionó que las élites políticas y económicas están con acciones parecidas en la labor de la Convención Constituyente que está en curso en Chile. 

“Esas mismas élites están ya bloqueando cualquier posibilidad de transformación en Perú, aquí al lado”, agregó.

A su turno, el representante del Consejo Regional Indígena del Cauca de Colombia, Hermes Pete Vivas, manifestó que en ese país se enfrentan también problemas, porque el presidente de esa nación, Iván Duque, nunca quiso dar la cara cuando se planteó propuestas para hablar sobre el tema.

“Por el contrario, ha matado a nuestra gente, a los jóvenes, con el tema de la persecución judicial que nos ha hecho a nosotros”, sostuvo.

El dirigente dijo, sin embargo, que los pueblos de Colombia tienen la esperanza de que la situación cambie, porque el pueblo de esa nación despertó y tiene la confianza de que haya nuevos candidatos en las elecciones presidenciales en esa nación, pautadas para el próximo año, para hablar de los temas de interés para Latinoamérica.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, pidió este martes que el presidente del Estado, Luis Arce, cuente con un equipo de seguridad que trabaje con responsabilidad y precaución, porque la derecha política no parará en su intento de atentar contra su vida.

“El equipo de seguridad de nuestro hermano presidente (Luis Arce) tiene que trabajar con mucha responsabilidad, con mucha precaución y, por sobre todo, (ser) muy profesional (…). Hay que tener cuidado, porque esta gente que está acostumbrada a matar, a asesinar, no va a parar”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. 

El legislador mencionó que se debe tener especial cuidado con el jefe de Estado cuando participa en actos y eventos públicos.

Planteó que la población participe en las tareas de seguridad, para identificar a cualquier persona sospechosa.

Según Arce, los intentos de atentado contra el mandatario continuarán, porque en el país están en juego intereses de empresas grandes y de varios países que quieren apropiarse del litio.

“Hay documentos, hay denuncias de que Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea han estado metidos ahí, porque tienen mucho interés en el litio”, aseveró.

El diputado manifestó que los factores geopolíticos vinculados en el caso hacen presumir que Bolivia, en el futuro, va a ser el centro de la producción de litio del mundo y ese tipo de intereses despiertan la ambición de países que utilizan a “frustrados y fracasados políticos” para generar violencia en el país.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, informó este martes que el próximo viernes 22 de octubre expertos internacionales en temas electorales se reunirán en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un evento que demostrará que el informe presentado por ese organismo, respecto al proceso electoral de 2019 en Bolivia, careció de criterio estadístico.

“Este próximo viernes 22 se desarrollará en la misma OEA; se reunirán, expertos, especialistas, respecto a temas electorales para demostrar que el trabajo que hizo estuvo mal, se le demostrará que el trabajo que desarrolló no tenía ningún sustento y no tenía ningún criterio estadístico y que no fue una auditoría lo que hizo, cuando se le pidió una auditoría como Estado”, señaló en contacto con radio Cepra.

El evento académico se desarrollará en el salón Las Américas, principal espacio con el que cuenta la OEA, donde expertos del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) y otros de universidades estadounidenses que investigaron el caso boliviano, demostrarán el trabajo fraudulento que avaló su secretario general, Luis Almagro.

“El evento ha sido convocado por las misiones de Argentina y México, donde participarán expertos del CEPR y expertos de las universidades que investigaron el tema de conteo de votos en Bolivia, el tema del informe de la OEA. Este grupo de expertos analizará y demostrará justamente que el trabajo que hizo la OEA fue fraudulento, un trabajo que solamente tenía intencionalidades políticas”, indicó.

El 7 de junio de 2020 el diario New York Times publicó un artículo sobre un estudio que confirmó que la OEA hizo afirmaciones falsas sobre el conteo de votos en las elecciones de 2019 en Bolivia. Dichas afirmaciones, basadas en un análisis estadístico “defectuoso”, según el Times, alimentaron una narrativa de fraude electoral que contribuyó a la salida forzada del presidente Evo Morales. 

El CEPR examinó esas y todas las presuntas irregularidades en un extenso informe de 82 páginas y múltiples anexos. El informe se publicó en el New York Times, desvirtuando así las irregularidades presentadas por la OEA, como evidencia de una supuesta alteración dolosa del resultado de las elecciones. 

“Lamentablemente el secretario general, Luis Almagro, tuvo un rol penoso, vergonzoso, elaboró un informe absolutamente político y, por lo tanto, cada día pierde credibilidad y el respaldo de los Estados miembros y creo que tienen que decidir y definir los destinos de la OEA; y en ese marco, este evento es muy importante, que va a permitir esclarecer todas las mentiras que Almagro utilizó para apoyar un golpe de Estado”, concluyó Pary.