El canciller Rogelio Mayta dijo este viernes que la negativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para otorgar las medidas cautelares solicitadas por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y su hija Carolina Ribera, demuestra que Bolivia cumple con los estándares internacionales sobre detención preventiva.

“Lo que se desprende es que el Estado boliviano ha cumplido y está cumpliendo con los estándares internacionales en relación a la detención preventiva”, resaltó en una conferencia de prensa.

La autoridad estatal dijo, además, que la resolución dejó claro también que la vida de la exmandataria de facto nunca estuvo en riesgo, por lo menos no por alguna conducta relacionada con su encarcelamiento ejecutado por las instancias estatales.

Mencionó que el documento de la CIDH permitió determinar, por otro lado, que el Estado boliviano, por medio de sus instituciones de justicia y seguridad, siempre ha garantizado la atención en salud de Áñez.

“Al extremo que podemos afirmar que toda la situación, que ha sido conocida por los medios de comunicación y por nuestra población a través de ellos, ha sido prácticamente una escenificación, una puesta en escena para tratar de cuestionar al Estado boliviano”, añadió.

Asimismo, Mayta mencionó que el Gobierno nacional estará preparado por si Áñez vuelve a solicitar medidas cautelares a la CIDH.

“En cualquier caso, el Estado boliviano, siempre cumpliendo sus obligaciones internacionales, desarrollando su actividad en el marco de los estándares internacionales, si se presenta otra solicitud, va a responderla de igual forma”, recalcó.

El Canciller explicó, sin embargo, que la CIDH otorga medidas cautelares sólo cuando se registra una situación grave que atente contra los derechos humanos y existe la urgencia de preservarlos, así como el riesgo de un daño irreparable.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó las medidas cautelares solicitadas por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y su hija Carolina Ribera. Debido a la situación, decidió cerrar el caso.

La determinación fue comunicada al Gobierno nacional mediante carta del 7 de octubre firmada por Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, y enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.

“La Comisión ha tenido los elementos objetivos para tomar una decisión y, fruto de la evaluación que ha realizado, ha denegado la procedencia de poder otorgar medidas cautelares a estas dos personas: Jeanine Áñez y Carolina Ribera”, confirmó el ministro Mayta en conferencia de prensa.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo de 2021 en La Paz por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.

En agosto, la defensa de Áñez acudió a la CIDH para solicitar medidas cautelares en busca de una detención domiciliaria. Argumentó que la salud de la privada de libertad corría riesgo en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.

“Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en referencia a la solicitud de medidas cautelares arriba citada (sic)”, se lee en la misiva de la institución internacional.

“Al respecto cumplo con informarle que, teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado (sic)”, añade.

La CIDH, órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió a Bolivia el 31 de agosto informar sobre la salud de Áñez y del acceso a atención médica, porque supuestamente se ponía en riesgo su derecho a la vida.

En respuesta, la Procuraduría General del Estado (PGE) envió un informe de 55 hojas, en las que se establece que los derechos y garantías de Áñez no fueron vulnerados y que cuenta con todas las garantías. Además, se aseveró que un equipo de médicos evidenció que no se habían establecido los parámetros de gravedad en la salud de la exmandataria de facto y que recibe más beneficios que el reto de privadas de libertad.

“Al respecto, considerando lo anterior y la información aportada por ambas partes, la Comisión considera importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia. Lo anterior, proveyendo de atención y/o tratamiento médico físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando, en la medida de lo posible, el consenso con los médicos de confianza de la propuesta beneficiaria y su consentimiento informado. Asimismo, la Comisión considera fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos de la señora Añez, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares (sic)”, se lee en otra parte de la carta enviada por la CIDH a Bolivia.

El pleno de la Cámara de Senadores, en su 210° Sesión Ordinaria, sancionó este viernes la Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene por objeto normar la producción de estadísticas oficiales del país, a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En su artículo 3, la normativa señala como ámbito de aplicación a todo el territorio de Bolivia, incluyendo a entidades productoras de estadísticas oficiales; informantes y usuarios de las estadísticas.
La Ley, en su artículo 5 establece el Secreto Estadístico, en el que detalla que la información proporcionada por los informantes, no podrá ser revelada en forma individual y solo podrá ser publicada de forma anonimizada. 
Asimismo, puntualiza que la información no podrá ser utilizada con propósitos tributarios, judiciales administrativos o policiales, aunque medie orden administrativa o judicial.
La normativa decreta atribuciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), funciones del director ejecutivo y principios de la información estadística. Cuenta con 33 artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y una disposición final única. 
La norma sancionada será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante analizará un proyecto de Resolución Camaral para conformar una comitiva que representará a la Cámara de Diputados ante el Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, informó este viernes el presidente de esta instancia legislativa, Higinio Farfán (MAS).

La iniciativa plantea la necesidad de que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de cinco legisladores, se integre a la instancia internacional, que se constituye en un espacio de debate en torno a la implementación de políticas públicas, que garanticen la soberanía alimentaria de los bolivianos.

El quinto punto de la Resolución establece que los diputados designados tendrán la facultad de gestionar la firma de convenios de apoyo a proyectos, además de asistencia financiera y técnica, con instituciones nacionales y/o internacionales.

El Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que fue creado el 2009, se encuentra presente en 21 países de la región. Está organizado a través de una red de legisladores que trabajan de manera articulada para responder ante los compromisos asumidos en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025.