El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó este viernes que el paro convocado por cívicos cruceños y políticos de oposición, tiene el objetivo de negociar la impunidad, porque detrás de esta medida están los responsables del golpe de Estado de 2019.

“Nosotros hemos indicado, estamos preocupados para reactivar la economía de nuestro país, mientras los cívicos, los golpistas están más preocupados en negociar la impunidad; no vamos a negociar la impunidad definitivamente, sino más bien vamos a exigir al Órgano Judicial para que trabaje como corresponde, para que tengamos a los responsables de las masacres y del golpe de Estado, entonces eso está claro para nosotros”, indicó.

En este sentido, solicitó a la población evaluar la actitud asumida por algunos políticos de oposición, que lo único que buscan es perjudicar a la mayoría del pueblo boliviano.

“En este momento, cuando el Gobierno está siendo responsable con nuestra patria y estamos trabajando para reactivar la economía de nuestro país, los cívicos están convocando a un paro.  Ahí se puede ver cómo es que estos señores están más dedicados en impedir la reactivación económica, tienen que ser claros de qué lado están, del lado del pueblo o del lado de perjudicar al pueblo boliviano”, manifestó.

Reflexionó a los sectores que fueron engañados y alarmados por algunas declaraciones ante los medios de prensa de políticos de oposición, respecto a los alcances del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

“Este proyecto de ley que estamos trabajando, no está destinado a nuestros hermanos y hermanas gremialistas, ni a los transportistas ni a los microempresarios, artesanos ni a los mismos empresarios patriotas, quienes están trabajando de manera muy responsable, de manera muy transparente, en ese sentido, no hay necesidad de hacer ningún paro en nuestro país”, subrayó.

El diputado Héctor Arce (MAS) aclaró que este viernes que el fallo de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de Chuquisaca mantiene la condena de cinco años de prisión para Manfred Reyes Villa.

“Ayer, la justicia se ha pronunciado, desde nuestra percepción ha actuado en derecho, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de Chuquisaca mantiene la condena de cinco años de prisión para el señor Manfred Reyes Villa y le niega la tutela que solicitaba Manfred Reyes Villa, que solicitaba, en el fondo, se revise el Auto Supremo 535 que negaba el recurso de casación, con lo que pedía que se anule la sentencia de cinco años que le dieron el 2013”, precisó.

Recomendó a Reyes Villa no mentirle a la ciudadanía de Cochabamba, debido a que no consiguió su principal objetivo, que era dejar sin efecto su condena a cinco años de cárcel.

“El señor Manfred Reyes Villa, no entiendo, porque le sigue mintiendo a Cochabamba, este Auto Supremo ha sido lapidario para él, lo que ha pedido, no se le ha concedido, se le ha ratificado, si se le ha dado las medidas cautelares en el que puede seguir como alcalde, mientras se revise este Auto Supremo que ha emitido ayer la Sala Constitucional Segunda”, ratificó.

Explicó que la revisión del Auto Supremo por el Tribunal Constitucional Plurinacional, podría durar entre seis y nueve meses, periodo que puede acortarse si una de las pares solicitaría que se priorice este proceso.

“A requerimiento de alguna parte se puede priorizar la revisión de este Auto Supremo del día de ayer, para que salga en el menor tiempo posible, para darle certidumbre a Cochabamba”, dijo.

Recordó que no es el único proceso que Reyes Villa enfrenta ante la justicia, ya que, según información proporcionada por la Gobernación de Cochabamba, son 14 casos vinculados a su administración en la entonces prefectura cochabambina.

“En total, de manera efectiva hay 14 casos, estamos hablando de un daño económico de más de 128 millones de bolivianos, de los cuales hay cinco que ya tienen sentencia, son 14 procesos reales y efectivos que se ha realizado contra el señor Manfred Reyes Villa y un daño económico de más de 128 millones de bolivianos”, ratificó.

El expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, condenó este jueves que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el cívico de ese departamento, Rómulo Calvo, mantengan en un encierro “inhumano” a los indígenas de tierras bajas que la semana pasada, tras una marcha, arribaron a la capital cruceña.

“Condenamos el encierro inhumano al que someten Camacho y Calvo a nuestros hermanos indígenas para satisfacer sus intereses. Estos testimonios comprueban que es una marcha obligada y sometida a la oligarquía cruceña. Pido a la @DPBoliviaOf (Defensoría del Pueblo) y a organizaciones de DD.HH. liberarlos”, escribió en sus redes sociales.

La declaración del presidente del MAS se da tras la denuncia de miembros del grupo de marchistas que permanecen encerrados en el coliseo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quienes denunciaron a medios televisivos ese extremo.

“Después de obligarlos a marchar con engaños, los secuestran para exhibirlos en sus actos políticos. Los llaman ‘nuestros indígenas’, como si fueran su servidumbre. Los racistas del Comité Cívico Pro Santa Cruz usan a nuestros hermanos para sus afanes golpistas”.

Para Morales, los testimonios de los indígenas son una prueba de que la marcha fue promovida por Camacho y Calvo que instrumentalizan a algunos miembros de los pueblos indígenas para defender sus intereses.

Cabe recordar que la movilización “por la defensa de la tierra y el territorio”, que está liderada por Marcial Fabricano, exviceministro del ultraneoliberal expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy prófugo de la justicia por la muerte de decenas de bolivianos, tardó semanas en entregar un pliego petitorio al gobierno de presidente Luis Arce.

En ese documento no se condenan los avasallamientos de, por ejemplo, los amigos y socios de Camacho, como es el caso del exministro de Jeanine Añez, Branko Marinkovic, acusado de usurpar miles de hectáreas en beneficio propio en el departamento de Santa Cruz, señala una nota de prensa.

El diputado Juanito Angulo (MAS), anunció este jueves que organizaciones sociales del departamento de La Paz realizarán una marcha pacífica el 12 de octubre en defensa de la democracia y la wiphala, movilización que partirá de la ciudad de El Alto rumbo a la hoyada paceña.

Recordó que todas las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad anunciaron que participarán de la movilización en defensa de los símbolos patrios, luego de que el pasado 24 de septiembre, durante los actos cívicos por la efeméride cruceña, la wiphala fuera agraviada.

Adelantó que la medida respaldará la democracia, ante la amenaza de un nuevo golpe de Estado, por parte de sectores opositores al Gobierno nacional.

“Una cosa es parar y otra cosa es manifestarse pacíficamente. No vamos a parar nada, pero sí, el pueblo tiene derecho a manifestarse frente a la (intención) política de un segundo golpe de Estado pensado por la oposición”, manifestó.

Por su parte, Álvaro Chuquimia, ejecutivo de las juventudes de las 20 provincias del departamento de La Paz, anunció la presencia de todas sus representaciones para el 12 de octubre.

“Nosotros también, como juventud del departamento de La Paz, nos estamos sumando a esta marcha en defensa de la wiphala, e invito a la población para que se unan, es el momento de defender al Gobierno nacional y demostrar la unidad, la fuerza en los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia”, indicó.