La Cámara de Diputados en sesión ordinaria trata este miércoles el Proyecto de Ley 298, que establece que el Registro de Comercio estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, devolviendo esta atribución al Estado, señaló el presidente de la Comisión de Política Económica y Finanzas Públicas, Omar Yujra.

“Este registro de empresas ya formaba parte del Estado, hasta antes de 2001, lamentablemente por la privatización pasó a manos de los privados, con una concesión que está a punto de fenecer, y lo que estamos haciendo es retomar eso hacia el Estado, como lo hacen en diferentes partes del mundo”, indicó.

En la época de la privatización a finales de los 90 e inicios del siglo XXI, muchas de las empresas y servicios que tiene el Estado fueron privatizados, uno de ellos fue este registro, el año 2001, como parte del paquete de servicios y empresas que pasaron a manos privadas.

“Lamentablemente esto continuó durante varios años y precisamente esa concesión ahora termina, por esa razón, estamos sacando una ley, donde ese registro, ese servicio, pasa a manos del Estado, como era antes y como corresponde”, manifestó.

Durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, en 2000, se estableció la concesión temporal del servicio público de Registro de Comercio, a favor de privados sin fines de lucro, por un lapso de 20 años. De esa forma se creó la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), una instancia privada que hasta la fecha se encarga de registrar a todas las empresas del sector privado de Bolivia.

“Uno de los errores que cometió el gobierno de facto, fue precisamente, a través de un Decreto Supremo, intentar ampliar la concesión por 15 años, esto no era posible porque precisamente el tema de la concesión estaba en una ley, y esa ley es la que ahora estamos cambiándola para que el servicio de registro de las empresas pase al Estado, como era entes y como corresponde en otros países”, mencionó.

Dijo que muchas de las utilidades que generaba Fundempresa, iban a parar a las propias corporaciones de empresarios privados, porque precisamente estas corporaciones eran los dueños de esta entidad.

El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, adelantó este miércoles que el planteamiento que expondrá Bolivia, en la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el alivio de la deuda externa, es parte de las estrategias para combatir los efectos de la pandemia.

“Esto ha sido aceptado por todos los organismos parlamentarios de integración y luego en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por tanto, la posición de Bolivia sobre estos extremos, es de suma importancia y está a la vanguardia de la defensa de los derechos en época de pandemia”, indicó.

Dijo que los organismos internacionales de integración, como el Parlamento Andino, ya generaron avances sobre este tema, además de otros referidos a la liberalización de patentes de las vacunas, recuperación económica, la defensa de los derechos y la profundización de la democracia.

En el caso del alivio de la deuda externa, señaló que la estrategia es múltiple y que contempla la condonación de algunas porciones de la deuda.

“Esto quiere decir, que es una manera de generar un alivio de la deuda externa, para no pagarla, pero en beneficio de la inversión nacional”, mencionó.

Otra de las estrategias, tiene que ver con la reprogramación de la deuda, que no significa dejar de pagarla, sino de posibilitar su reprogramación del pago de capitales e intereses, indicó.

“La otra estrategia es el diferimiento de pagos, como lo aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, durante el Gobierno de facto, y ahora esto beneficia en los créditos bancarios a la población, es lo mismo, pero a nivel internacional”, puntualizó.

Resaltó que la estrategia más importante tiene que ver con la generación de una especie de canje de deuda por desarrollo.

“Es decir, se dejan de pagar algunas porciones de la deuda externa, que tenía otro fin ya cumplido y en vez de invertir en el pago de la deuda externa, se invierte en reactivación económica, en salud, en educación. Todas esas estrategias forman parte de lo que se está trabajando a la cabeza de nuestro Presidente a nivel internacional”, manifestó.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, aseguró este miércoles que Manfred Reyes Villa puede perder su credencial de Alcalde de Cochabamba con una sentencia constitucional.

“En este momento, no tenemos a la mano la sentencia constitucional que prácticamente dejaría sin efecto esta credencial; pero, lo vamos a analizar, por su puesto”, indicó en entrevista con la red Patria Nueva en referencia al caso.

Reyes Villa recibió su credencial el 30 de marzo luego de ganar las elecciones subnacionales de 2021 con 240.769 votos, lo que representa el 55,63%.

“Veremos si es que nos llega la sentencia y, por supuesto, veremos también esa forma. Nosotros como Órgano Electoral entregamos la credencial a las autoridades legalmente electas en urnas”, sostuvo.

El parágrafo II del Artículo 192 de la Ley de Régimen Electoral establece que los tribunales electorales departamentales, una vez oficializados los cómputos respectivos, y resueltos todos los recursos, son los encargados de entregar credenciales a las autoridades electas en los procesos electorales departamentales, regionales y municipales.

El parágrafo IV indica: “En caso de renuncia, inhabilitación o fallecimiento de autoridades acreditadas, el Tribunal Supremo Electoral o los Tribunales Electorales Departamentales, entregarán credenciales a las autoridades sustitutas correspondientes (sic)”.

Manfred Reyes Villa cuenta con un Mandamiento de Condena en su contra por el caso “Sillar Alternativo”, que data de 2009. En 2013, se dictó la sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica.

Ante la medida judicial, presentó justificativos para evitar que esa sentencia sea ejecutoriada. Sin embargo, la presidenta del Tribunal de Sentencia N° 1 de Cochabamba, Vivian Enríquez Monasterio, emitió el Mandamiento de Condena este mes.

Ante esa situación, la defensa de Reyes Villa presentó un Amparo Constitucional y ahora el caso está en la Sala Constitucional número 2 de Chuquisaca que convocó a una audiencia para el 7 de octubre.

La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales establece en su Artículo 12 que los alcaldes pierden su mandato por los siguientes motivos: Sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, renuncia expresa a su mandato en forma escrita y personal, revocatoria de mandato, conforme al Artículo 240 de la Constitución Política del Estado, fallecimiento e incapacidad permanente declarada por autoridad jurisdiccional competente.

El exvocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, Edgar Gonzáles, recordó este miércoles que los recursos legales en el caso de la sentencia ejecutoriada contra Manfred Reyes Villa fueron agotados en 2013.

“Tenemos conocimiento que ha sido objeto de recurso de apelación, incluso un recurso de casación, entonces, el tema legal, según tenemos conocimiento, ha sido cumplido, ha salido un auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia, el cual confirma esa sentencia de mandamiento de condena por cinco años de reclusión para el señor Manfred Reyes Villa, en su calidad de exprefecto del departamento de Cochabamba”, indicó.

Aclaró que se trata de un tema estrictamente legal, por lo que corresponde que el Tribunal Departamental de Justicia dé cumplimiento a la sentencia.

“Lo que corresponde es que se ejecute un mandamiento de condena, imagino que está en esa situación, seguramente la Fiscalía, que está a cargo de los mandamientos de condena, tiene que ejecutar esta sentencia”, subrayó.

Dijo que el Amparo Constitucional, presentado por Reyes Villa, es un derecho que le corresponde a cualquier ciudadano boliviano que considera que se han vulnerado sus derechos, sin embargo, no es óbice para que el Concejo Municipal elija a una nueva autoridad interina.

“Lo que debe hacer el Concejo Municipal, es hacer una sesión, tratar el tema y nombrar un alcalde suplente, eso dice la ley, no es un invento de un ciudadano, hay que cumplir la ley, eso dice la ley, porque si no lo hacen ellos mismos, los actuales concejales estuvieran incumpliendo sus deberes, eso sería un delito, se llama incumplimiento de deberes y está en el Código Penal”, manifestó.