El canciller Rogelio Mayta informó este martes que Bolivia mantiene el planteamiento de la liberación de las patentes para la producción de vacunas contra el COVID-19, en el marco del 76 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (NNUU), que comenzó este jornada y se extenderá hasta el 27 de septiembre en la ciudad Nueva York, Estados Unidos.

“Nosotros planteamos la idea, hemos estado insistiendo, hemos estado en todo foro internacional en que hemos podido, precisamente, para poder sostener esa posición”, mencionó en una entrevista con Bolivia Tv.

La autoridad diplomática recordó que la iniciativa tiene como objetivo que los laboratorios de todo el mundo tengan la posibilidad de producir los inoculantes, para que no haya poblaciones rezagadas en el proceso de inmunización contra el COVID-19.

El problema principal para la aplicación del planteamiento radica en que atenta contra la “sacrosanta propiedad intelectual de las grandes corporaciones farmacéuticas, fundamentalmente”, complementó.

Sin embargo, dijo que el tiempo comienza a dar la razón a la iniciativa boliviana, porque varios países de todas las latitudes del planeta tienen todavía severos déficits de disponibilidad de vacunas por su dificultad de conseguirlas o por su costo.

“Sigue siendo esa una asignatura pendiente y mientras no vacunemos al 70 por ciento de la población de la humanidad siempre puede haber una variable, una mutación, algo que nos desbalancee, digamos, la posibilidad de deshacernos de la pandemia, de vencer a la pandemia”, agregó.

El Canciller explicó que la Asamblea de las NNUU está en pleno debate sobre el tema de la pandemia contra el COVID-19 y surgió una vez más la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de donar 500 millones de dosis de vacunas, pero recordó que medidas de esa naturaleza son insuficientes porque el mundo precisa al menos 8.000 millones de unidades para inmunizar a la humanidad.

El diputado Gualberto Arispe (MAS) señaló este martes que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, se adecúa a convenios internacionales 

“Es una ley que se adecúa a convenios internacionales de los que nuestro país es parte; es una adecuación, no se ha inventado algún artículo, por ejemplo, que sea nuevo”, indicó.

Bolivia es parte de las convenciones internacionales que rigen el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a nivel internacional, como la Carta de Naciones Unidas de junio de 1945; la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre otras.

“Estos instrumentos normativos internacionales, establecen lineamientos para fortalecer las legislaciones nacionales contra el lavado de dinero y para generar medios jurídicos eficaces, en materia penal y administrativa, para combatir estos ilícitos”, refirió.

En ese contexto, recomendó a la oposición política que, si hay necesidad de llevar el documento a control de constitucionalidad, pueden hacerlo y esperar su pronunciamiento, pero no manejar el tema políticamente.

“Hay instrumentos legales para observar la ley, si han llevado al Tribunal Constitucional para demostrar que es ilegal o inconstitucional, seguramente en la Cámara de Senadores se observará aquello”, manifestó.

El senador Félix Ajpi (MAS) señaló este martes que el caso de Manfred Reyes Villa tiene larga data de irregularidades, desde su habilitación como candidato, porque pese a que tenía pleno conocimiento de que estaba impedido de postularse legalmente a la alcaldía de Cochabamba, igual decidió candidatear.

“Estamos queriendo agarrar la fruta que va a caer, pero tiene sus bemoles antiguos, cuando Manfred Reyes Villa y nosotros estábamos en el anonimato, en la gestión de la señora (Jeanine) Áñez. Habíamos advertido que tenía procesos pendientes y concluidos, y en ese momento, el Ministerio Público, que tenía que hacer cumplir la ley, no dijo absolutamente nada y se habilitó como candidato a alcalde de Cochabamba de forma irregular”, manifestó.

Dijo que, para presentarse como candidato a un cargo electo, se debe cumplir con varios requisitos, como presentar documentos solicitados al Órgano Judicial, que certifiquen que no se cuenta con procesos pendientes y menos aún una sentencia ejecutoriada.

“Él (Manfred Reyes Villa), sabía que tenía algunas cosas pendientes y debería ser responsable con la población que lo ha elegido. Ahora, si se ha manejado en lo estrictamente político, también que se atenga a las consecuencias”, indicó.

Responsabilizó a autoridades del Órgano Judicial por no haber puesto en conocimiento y aplicado la sentencia ejecutoriada contra Reyes Villa antes de las elecciones subnacionales.

“Hacemos declaraciones juradas para presentarnos como candidatos no sé cómo logró algunas declaraciones juradas de que no tenía ningún caso jurídico pendiente para habilitarse como candidato ¿de dónde las consiguió?, cuestionó.

El diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Saúl Lara, cuestionó este martes a políticos que pretenden aprovecharse de la marcha indígena, que durante su recorrido, de Beni a Santa Cruz, recibió el respaldo del gobernador cruceño Fernando Camacho y legisladores de la oposición.

“Cualquier esfuerzo, de mucha gente que quiere meter las manos y aprovecharse, por supuesto es censurable, por supuesto es condenable, y los parlamentarios que van a meterse allá y los políticos le hacen un flaco favor a una reivindicación indígena”, manifestó. 

Desde su inicio, la marcha, que partió el pasado 25 de agosto, de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, recibió abiertamente el respaldo del gobernador Fernando Camacho y de políticos de oposición, incluso algunos legisladores de su agrupación, Creemos, hicieron de voceros de la movilización.

Sin embargo, pese a la convocatoria del Gobierno para conocer el pliego petitorio, los indígenas se niegan a plantear hasta que no lleguen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El Gobierno nacional acompaña la movilización con la entrega de medicamentos e insumos básicos, alimentos y otros. Además, garantiza la seguridad con un despliegue policial que cuida de los integrantes.