El concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Joel Flores, informó este lunes que pedirá al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba que presente informes sobre la denuncia referida a un comunicado que se emitió para obligar a sus funcionarios a acudir a actos públicos, en horarios de trabajo, con el fin de ovacionar al alcalde Manfred Reyes Villa.

“Vamos a solicitar algunos informes para que nos digan qué están haciendo funcionarios públicos en horarios de trabajo aplaudiendo en diferentes calles al Alcalde”, indicó en una entrevista a la ABI.

La denuncia del caso fue realizada durante esta jornada por la diputada por el MAS, Olivia Guachalla, quien manifestó que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió un comunicado para obligar a sus funcionarios a acudir a actos en horarios de trabajo para ovacionar al alcalde Manfred Reyes Villa, por lo que anunció una investigación al respecto.

La autoridad explicó que las respuestas que sean ofrecidas servirán para considerar si es necesario que se solicite un informe oral sobre el tema.

De todos modos, calificó el hecho como “vergonzoso” que quiere mostrar “un maquillaje” del apoyo que no tiene Reyes Villa.

“Es una actitud política de parte del Alcalde (de Cochabamba) el obligar a que funcionarios públicos de la misma institución para que vayan a sus actos políticos, más allá de ser considerados cívicos”, añadió.  

El concejal aseguró que no es la primera vez que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba realiza una acción similar, puesto que el 15 de agosto de este año emitió una instrucción parecida para que el personal de toda la comuna local esté obligado a asistir a diferentes calles para respaldar a Reyes Villa.

La Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio, determinó por unanimidad enviar una Petición de Informe Escrito (PIE) al director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, para que esclarezca una denuncia que llegó a la instancia legislativa sobre el caso de un presunto feminicida que fue encontrado paseando por las calles sin manillas. 

La primera semana de junio, la zona Senkata de El Alto se estremeció al conocer el feminicidio de Jannete F. por parte de su expareja Eliot M. G. Tras cometer el hecho, el acusado huyó a Cochabamba, donde fue aprehendido por la policía el 9 de julio pasado.

No obstante, el hijo de la mujer victimada, Moisés Magne, encontró a Eliot y su custodio, sargento Edson Cori, comprando pizzas en ciudad Satélite de El Alto, luego de que su audiencia programada para el 2 de septiembre fuera suspendida en la Fiscalía Especializada en delitos contra la vida. 

Fue ese hecho que llevó a Moisés a solicitar a la presidencia de la Comisión Mixta realizar el seguimiento necesario al caso, con el fin de evitar una potencial huida del responsable y que el caso quede como otros en la impunidad. 

Actualmente el acusado guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

La Comisión Mixta, a través de encuentros territoriales en Beni, Pando, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija, recibió 12 denuncias de familiares que buscan justicia y que sus casos no queden en la impunidad. Entre estos, cinco corresponden al tipo penal de feminicidio, uno a homicidio, uno a violencia familiar y cinco a delitos de agresión sexual.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, lamentó este lunes que algunas autoridades departamentales, como es el caso del Gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, estén poniendo en riesgo la vida de los bolivianos al no brindar las condiciones para efectivizar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en ese departamento.

“Lamentamos mucho que esta falta de coordinación afecte y ponga en riesgo la vida de los bolivianos, en específico de un departamento. En algún momento ustedes recuerdan, no fue sencillo conseguir la cantidad necesaria de vacunas, pero nuestro Gobierno lo consiguió”, señaló.

Recordó que autoridades subnacionales de oposición hicieron una campaña en contra del Gobierno nacional cuando faltaban las vacunas, sin embargo, ahora que el inmunizante está garantizado, las rechazan.     

“Hemos tenido algunos impases, de acuerdo, porque había una crisis mundial de vacunas, pero nuestro Gobierno ha garantizado todas las vacunas y les pedimos a todos los gobiernos departamentales y municipales que hagan un esfuerzo para que masifiquemos la vacunación”, recomendó.

Precisó que el Gobierno cumplió con su obligación de traer las vacunas a Bolivia y brindar las condiciones a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) para que cumplan con el proceso de inmunización.

“Lo único que hacemos nosotros es poner las vacunas, traer las vacunas a Bolivia y que los Sedes tengan condiciones para almacenarlas y luego distribuirlas, entonces el Gobierno está cumpliendo, ahora pedimos la coordinación para que salgamos de esta situación del COVID-19”, manifestó.

Familiares de los fallecidos, heridos, detenidos y torturados en el régimen de Jeanine Áñez acordaron un pacto de unidad para impulsar los procesos penales ordinarios en contra de los exministros que firmaron el Decreto Supremo 4078 y los efectivos policiales y militares que ejecutaron el plan operativo Sebastián Pagador.

“Se ha logrado hacer un pacto de unidad, en el cual los tres grupos van a trabajar en impulsar los procesos penales ordinarios contra los ministros que han firmado el Decreto Supremo 4078. Impulsar los procesos penales ordinarios contra los comandantes de la Policía o del Ejército ya sea nacional, departamental o regional que han elaborado y han ejecutado el plan operativo ‘Sebastián Pagador’”, informó este lunes David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos El Alto.

Asimismo, indicó que se determinó identificar e iniciar los procesos penales correspondientes en contra de las personas que torturaron a todos los detenidos en el régimen de Áñez.

“Como punto final, determinaron que en conjunto se va a presionar para que se cumpla la reparación integral, y esta reparación integral pasa por la elaboración de un censo y también un protocolo de trabajo, eso está pendiente, pero es lo que se va a trabajar desde este mes para adelante es en los compromisos que han asumido los tres grupos”, complementó.

Dijo que al margen de la responsabilidad de Jeanine Áñez, que fue quien firmó y aprobó el denominado “decreto de la muerte” 4078, hay otros actores responsables de su ejecución.

“Hay otro grupo de autorías que han sido cómplices, encubridores, entonces ahí es donde tiene que llegarse a identificarlos. El acuerdo de nos ayuda a empezar a presionar en esta línea al Gobierno y a los operadores de justicia, de que hagan lo que tienen que hacer”, manifestó.

Informó que las víctimas de la masacre de Sacaba confirmaron el desarrollo de una marcha desde la localidad de Caracollo (Oruro) a la ciudad de La Paz, con fecha a definir.

“No se ha definido para cuándo va a comenzar esta marcha y cuántas personas van a iniciarla, eso está pendiente y está en consulta. Hay que pensar en la salud de los hermanos, muchos son heridos de bala en la pierna y difícilmente van a poder aguantar una caminata de 3, 4 o 5 días”, indicó.