El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS), denunció este miércoles que Jeanine Áñez pretende dilatar el proceso investigativo, tras no asistir a una audiencia convocada por el juez que lleva adelante la causa.

“En el momento en el cual rehúsa participar de un acto jurisdiccional, ¿quién está ocasionando la dilación?, ¿quién está ocasionando que se pueda obstaculizar el proceso investigativo?, ¿la autoridad jurisdiccional?, ¿el Ministerio Público?, de ninguna manera, es la señora (Jeanine) Áñez”, apuntó.

El martes, Áñez, detenida en el penal de Miraflores, no asistió a una audiencia de la que previamente fue notificada, por lo que el Consejo Multidisciplinario y el director del Centro Penitenciario de Miraflores, determinaron sancionarla con tres días sin visita, determinación que no incluye al personal médico y a sus abogados.

“En este momento la oposición no puede apelar a que se estuviera desarrollando una persecución política, no existe ninguna instrucción ni manipulación para que la señora (Jeanine) Áñez pueda ser objeto de esta sanción administrativa”, aclaró.

Denunció que no es la primera vez que Jeanine Áñez y su defensa entorpecen las investigaciones, ya que el 26 de agosto sus médicos particulares no asistieron a la junta médica para evaluar su situación psicológica.

“Penosamente hemos sido nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, testigos de la falta de voluntad que tienen, por ejemplo, los médicos que le asisten, para asistir a la junta médica el 26 de agosto, donde existían médicos especialistas para determinar la condición psicológica y la medicación para la señora (Jeanine) Áñez”, subrayó.

Más de 70 organizaciones, colectivos y bloques urbanos de La Paz y El Alto determinaron crear una coordinadora en defensa del proceso de cambio y del Gobierno del presidente Luis Arce, ante intentos de desestabilización impulsados por grupos políticos de oposición.

Canela Crespo, representante de la coordinadora, llamó este miércoles a otras organizaciones a sumarse a esta iniciativa de unidad, para evitar nuevas arremetidas de grupos políticos de derecha, que al igual que en 2019, pretenderían generar un escenario de desestabilización en Bolivia.

“Así se ha creado el golpe de Estado de 2019, con la movilización de algunos sectores y la conformación de grupos paramilitares, nosotros no vamos a reaccionar desde la violencia, pero si vamos a defender a nuestro Gobierno”, indicó.

Asimismo, demandó de las autoridades competentes, justicia para los asesinados, detenidos y perseguidos durante el gobierno de facto.

“No se puede llamar persecución política al pedido de justicia por las masacres de Sacaba y Senkata, el Pedregal y otros territorios del país. Entendemos que se debe respetar los principios constitucionales del debido proceso, sin embargo, sí se debe hacer justicia por todos los caídos y detenidos ilegalmente”, manifestó. 

Llamó a la unidad de todas las organizaciones que comparten el ideal de justicia social, ante los intentos golpistas promovidos por algunos medios de comunicación, alcaldías, gobernaciones, cúpula de la Iglesia Católica y políticos de oposición. 

“Esta vez, ninguna arremetida golpista nos va a encontrar desorganizados o desmovilizados. Les decimos con claridad a todos aquellos que pretenden promover un golpe de Estado, no pasarán”, aseveró.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo este miércoles que el Gobierno nacional reafirma el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos en el Día Internacional de la Democracia.

“El Estado boliviano, a través del Gobierno Nacional, reafirma el respeto al Estado de Derecho y la promoción de los Derechos Humanos como pilares fundamentales de la democracia (sic)”, sostuvo mediante una publicación en su cuenta en la red social Facebook.

La autoridad mencionó el tema en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia que se recuerda este 15 de septiembre, fecha instituida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre la implementación del sistema democrático a nivel global.

“El año 2019 nuestro país sufrió una ruptura Constitucional que desmoronó 37 años de democracia, el Golpe de Estado instituyó una serie de acciones reñidas con la institucionalidad y los mecanismos democráticos (sic)”, sostuvo el Ministro de Gobierno.

Tras la ruptura institucional de 2019, Bolivia recuperó su democracia en las urnas en octubre de 2020, cuando por mayoría de votos respaldó al Movimiento Al Socialismo (MAS) que tuvo como candidato al ahora presidente Luis Arce.

“El año 2020, gracias a la voluntad del pueblo boliviano, recuperamos la democracia con el 55% de los votos por el presidente Luis Arce. Ahora es nuestro deber defender la democracia de amenazas como la desigualdad social, el racismo y grupos que no comulgan con los valores democráticos”, añadió Eduardo del Castillo.

El diputado Juanito Angulo (MAS) recordó este miércoles que Jeanine Áñez es también responsable del caso de corrupción por la adquisición de gases lacrimógenos durante su gestión de facto, ya que avaló, con la aprobación de tres decretos supremos, esta compra irregular.

“Esta compra irregular se justificó con decretos supremos, el 4090, 4116 y 4168, lo tres decretos firmados por Jeanine Áñez, sus ministros y ministras. Es decir, la responsabilidad no solo es del señor Arturo Murillo, sino de todos los que han firmado, los que han participado en este proceso de contratación, principalmente los que han autorizado y justificado esos decretos supremos”, indicó.

La declaración surge luego de que el martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) oficializara la solicitud de extradición del exministro de Gobierno del régimen de facto, Arturo Murillo, procesado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, relacionados al caso denominado “gases lacrimógenos”.

“Entonces, no solo va a ser investigado el señor (Arturo) Murillo, sino debe empezar desde la señora (Jeanine) Áñez, ella tiene que sustentar, justificar, aclarar por qué razones y circunstancias se compró ese material y otros elementos con sobreprecio, y permitió usar intermediarios”, mencionó.

Recordó que Áñez tiene una doble responsabilidad en este caso, ya que ratificó a Arturo Murillo y a su exministro de Defensa, Fernando López, luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los censuró, tras haber identificado irregularidades en el proceso de compra de gases lacrimógenos y responsabilidad de estas dos exautoridades.

“La Asamblea Legislativa el año pasado los cuestionó, los censuró por estos hechos de compras irregulares y recomendaron a la presidenta de facto destituir a Arturo Murillo y a Fernando López, no lo hizo, no cumplió con esta sugerencia de parte de la Asamblea que cumplía con su labor constitucional de fiscalización”, subrayó.

En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional censuró al exministro de facto, Arturo Murillo, por considerar injustificada su ausencia a la interpelación en la que debía responder por el denominado caso “cases lacrimógenos”, a raíz de la adquisición con presunto sobreprecio de armamento no letal para la Policía Boliviana.

La censura tenía como efecto la destitución del Murillo, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, días después, Áñez restituyó en su puesto a su Ministro de Gobierno.

En marzo había ocurrido una situación similar con el exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien, tras la censura legislativa, fue destituido para horas después ser posesionado nuevamente por Jeanine Áñez.