El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, dijo este martes que la solicitud de extradición del exministro de Gobierno del régimen de facto, Arturo Murillo Prijic, desde Estados Unidos, presentado por el Ministerio Público por el caso denominado “gases lacrimógenos”, cumple con todos los requisitos legales requeridos.

“El procedimiento ya se inició, se pasó todos los antecedentes que contiene 2.000 fojas traducidas en inglés. Se cumple con todos los requisitos tal cual se establece para la extradición”, aseveró, en una entrevista con el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó esta jornada que se oficializó la solicitud de extradición de Murillo Prijic, detenido en Estados Unidos, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la ciudad de La Paz, por el caso denominado “gases lacrimógenos”.

Al respecto, Angulo dijo que el documento debe ser remitido ahora de manera directa al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se viabilice el procedimiento respectivo.

Agregó que se espera que las autoridades norteamericanas valoren todas las acciones delictivas realizadas por Murillo en Bolivia en el caso gases lacrimógenos y su relación con otros hechos irregulares registrados durante el golpe de Estado de 2019 y el régimen de Jeanine Áñez. 

“Tiene que pesar la ponderación de los hechos. Acá se han cometido (los delitos). No solamente estamos hablando de los gases lacrimógenos; ahí por ejemplo citar, por ejemplo, la compra de los respiradores, podemos citar lo que es el golpe de Estado, las masacres en Sacaba y Senkata, otros actos de corrupción, las persecuciones que hizo el señor Arturo Murillo, las detenciones arbitrarias que hizo. Entonces, son varios hechos”, sostuvo.

El diputado mencionó que la aceptación del pedido de extradición dependerá de la voluntad política de las autoridades norteamericanas y un posible favoritismo con Murillo, pero advirtió que el Estado Plurinacional de Bolivia insistirá en la presentación de los hechos de corrupción y de violación de los derechos humanos registrados en el golpe de Estado de 2019 en diferentes escenarios a nivel internacional.

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio de El Alto, Wilma Alanoca, criticó este martes al líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por no defender los derechos políticos de su exjefa de bancada en la Cámara de Senadores, Andrea Barrientos, y permitir su renuncia, luego de que dijo que su organización política está más cerca de tener coincidencias con el partido en función de gobierno que con Creemos.

“Yo creo que hubiera sido loable, hubiera realmente sido de una gente decente que pueda decir qué derechos tiene una mujer en el ámbito político y que se le respete, y hubiera sido muy loable todo aquello, pero ocurre todo lo contrario”, aseveró, en una entrevista con el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad edilicia lamentó que Mesa haya guardado silencio en el caso, pese a que incluso Barrientos lo defendió “fuertemente, férreamente” desde su bancada cuando se aprobó el juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.

Dijo que es reprochable que el líder de CC no haya dado una respuesta equilibrada, equitativa, a la defensa de su exjefa de bancada en la Cámara Alta y que más bien sólo recurrió a “esconder la cara” y guardar silencio.

Recordó que Mesa está acostumbrado a sólo usar mensajes de Twitter o recurrir simplemente a silenciar su opinión en estos casos, como lo hizo con las víctimas de 2003 y la investigación del golpe de Estado de 2019.

“A mí no me sorprende, porque Carlos Mesa para mí es una persona cobarde desde todo punto de vista, en cualquier ámbito y ahora está demostrando que no va a dar, no va a poner las manos al fuego por nadie de su agrupación ciudadana”, acotó.

La concejal manifestó que la falta de defensa del líder de CC para el caso de Barrientos provocó que ella sea denigrada y desprestigiada para verse presionada y obligada a renunciar a la jefatura de su bancada en la Cámara de Senadores, lo que vulnera lo establecido en el artículo 17 de la Ley 243, contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

La presidenta de la Comisión de Economía Plural e Industria de la Cámara de Diputados, Lidia Tupa, presentó un proyecto de Ley que dispone la transferencia automática del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y a los gobiernos municipales de Caraparí, Villamontes y Yacuiba.

La provincia Gran Chaco percibe el 45% del total de las regalías gasíferas del departamento de Tarija, en ese contexto, el proyecto propone la transferencia directa del 10% de esos recursos a los niveles municipales de la región chaqueña.

“La propuesta responde a una vieja aspiración de los chaqueños para que sus recursos no sean retenidos en el nivel departamental, como acontece en la actualidad”, sostuvo Tupa.

La iniciativa legal se basa en la Ley N° 3384 del 3 de mayo de 2006, que establece la creación del “Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional”, a favor del sector productivo, agropecuario, artesanal y de la pequeña y mediana agroindustria e industria regional. 

De la misma forma se fundamenta en los artículos 281 y 292 de la Constitución Política del Estado relativos al ejercicio de la autonomía regional.

El diputado Juan José Huanca informó este martes que solicitó una Petición de Informe Escrito (PIE) a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que dé a conocer el avance del proceso instaurado en contra del exministro de Hidrocarburos del gobierno de facto, Víctor Hugo Zamora.

A raíz de la paralización de las actividades en la planta de Amoniaco y Urea ubicada en la localidad de Bulo Bulo (Cochabamba), en septiembre de 2020, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó una querella en contra de la exautoridad por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“Acabamos de firmar una Petición de Informe Escrito para conocer lo que está haciendo el Ministerio Público (con relación a la querella). El PIE va dirigido directamente a la Fiscalía General del Estado (…). Estamos trabajando en el tema de fiscalización, (porqué) tenemos que transparentar los recursos y estos 450 millones de dólares”, mencionó.

En diciembre del mismo año, tras una solicitud presentada por Huanca, la instancia estatal informó que, esa medida asumida por el régimen de facto generó un daño económico al país de $us 450 millones.

Finalmente, el legislador destacó las políticas de reactivación económica implementadas por el actual Gobierno, que permitieron reestablecer las actividades en la planta de Bulo Bulo.