La Paz, 15 de septiembre de 2022 (ABI). – Afectado por los recientes hechos de presunta corrupción en su administración, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, considera que el cabildo del 30 de septiembre es su “última oportunidad” en la “lucha” contra el Gobierno y por ello sugirió apelar a la “resistencia civil” que, para la analista Susana Bejarano, solo busca generar inestabilidad y reeditar los hechos de conflictividad de la ruptura constitucional de 2019.
En la Asamblea del Comité Cívico Pro Santa Cruz, del miércoles, que confirmó la convocatoria a un cabildo para el 30 de septiembre en procura de que el Censo de Población y Vivienda se efectúe en 2023, Camacho señaló que la desobediencia civil fue ya uno de los mandatos que se sugirió en el último cabildo de 2004.
“Ahí no tenemos que ir con cálculos políticos y con miedo, no va a ser usted responsable, ni yo, ni el que lo plantee (la desobediencia civil), esa es la voluntad del pueblo si es que la quiere aprobar o no”, dijo Camacho.
Admitió que hay presiones de “todos lados” que impiden ir a un paro indefinido o que sugieren que no se asuman medidas “radicales”; sin embargo, advirtió que “esas tibiezas” llevarán “al fracaso”.
“Ésta es la última oportunidad que tenemos, no tenemos más, no han escuchado con un paro (25 de julio), con dos días de paro (8 y 9 de agosto), no han escuchado”, dijo a momento de pedir al Comité Cívico activar a “todas las instituciones de juventudes y de mujeres” para esta “lucha”.
En una lectura de estas posturas, la politóloga Susana Bejarano señaló que el gobernador lo que busca es “generar un proceso de inestabilidad política” y que al igual que en 2019 tenga un “efecto en afectar a la estabilidad democrática”.
“Esos llamados de desobediencia civil se han dado en esos cabildos de 2019”, recordó Bejarano.
Ese año, Camacho era el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y desde ese espacio impulsó una serie de movilizaciones por el supuesto fraude electoral, que fue desvirtuado, y concluyó con la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales renuncie a la presidencia del Estado.
De hecho, el propio Camacho reveló que su padre “cerro” con las Fuerzas Armadas para que éstas no salgan a las calles a reprimir a los sectores movilizados.
“Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con militares para que no salgan, fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con todos ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa y por eso está de ministro para cumplir todos los compromisos”, confesó Camacho, en diciembre de 2019.
Basada en esos hechos y en el llamado a la desobediencia civil hecha por el gobernador, Bejarano afirmó que pareciera que “Camacho quisiera reeditar ese escenario de conflictividad social que se ha producido el año 2019”.
Luego de la dimisión de Morales, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, se declaró primero presidenta del Senado y, luego, jefa de Estado ante una Asamblea Legislativa que no cumplió si quiera con la presencia mayoritaria de los diputados y senadores.
Camacho fue parte de esa administración con la designación de varias autoridades entre ellas Fernando López, en el Ministerio de Defensa, y Jerjes Justiniano, en la cartera de Presidencia.
Bejarano cuestionó que además de asumir posturas radicales, Camacho se “agarre de la identidad cruceña” y de un “discurso de odio” para enfrentar a los bolivianos.
Criticó que también se utilice el tema del Censo de Población y Vivienda para un fin político y le sugirió al gobernador que en lugar de “gritar” se sume a la labor técnica para que se “haga una encuesta nacional confiable” cuyos resultados sean de utilidad para todos.
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