Santa Cruz, 03 de noviembre de 2022 (ABI). – El vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Damián Dorado, denunció este jueves que como efecto del paro indefinido se vive una dictadura “logiera y cívica” en esa región porque el Comité controla el tiempo de los cruceños y acusó al gobernador Luis Fernando Camacho de gestar la "toma del poder por asalto".
“No estamos viviendo en un Estado de derecho y eso el pueblo boliviano lo tiene que saber. No podemos estar sometidos a un estado de dictadura logiera y cívica con permanentes amenazas y agresiones, con permanente confrontación”, denunció el también alcalde del municipio de San Miguel de Velasco a La Razón Radio.
Desde el 22 de octubre Santa Cruz ingresó a un paro indefinido para cumplir el objetivo del Comité Interinstitucional de “arrancar por la razón o por la fuerza” al Gobierno su demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, sin considerar lo criterios técnicos que exigen ese proceso.
La movilización mostró su carácter violento desde el inicio. El primer día del paro, el 22 de octubre, cívicos apalearon hasta matar al funcionario municipal de Puerto Quijarro, Julio Pablo Taborga; el día 28 de octubre, el subgobernador de Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, agredió a mujeres del pueblo Ayoreo por oponerse al paro y el martes 1 de noviembre unionistas atacaron a pobladores de La Guardia quienes exigen suspender la medida de presión y que la dirigencia del Comité Interinstitucional dialogue con el Gobierno.
El ataque de los unionistas en La Guardia se dio luego de que el lunes, tanto el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, y el cívico Rómulo Calvo aceptaron la conformación de una comisión técnica para que defina la fecha del Censo, y tras el anuncio del Gobierno nacional de reactivar el diálogo con el Comité Interinstitucional la noche del martes.
Si bien se creía que el diálogo había naufragado, el portavoz Presidencial, Jorge Richter reveló que el martes por la noche se celebró una reunión con representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz y que se llegó a un preacuerdo para pacificar el departamento, pero que éste fue desestimado por éstos últimos en menos de 24 horas poniendo más condiciones para un nuevo encuentro.
En efecto, el rector Cuellar dijo que para volver a sentarse a la mesa de diálogo se debía terminar el cerco a Santa Cruz, la liberación de las personas aprehendidas en La Guardia, que el cívico Rómulo Calvo participe de la mesa de diálogo y la abrogación del Decreto Supremo 4760.
Ante la postura, el Gobierno decidió continuar con los preparativos del Censo y convocó para este vienes a la instalación de la comisión técnica que definirá la fecha definitiva del proceso censal.
Desde el punto de vista de Dorado, al Comité Interinstitucional no le interesa el Censo y por ello buscó todos los medios para impedir que se lleguen a acuerdos.
Luego de definir a esa entidad como “un comité subversivo”, el alcalde afirmó que el verdadero plan del gobernador cruceño es reeditar un golpe de Estado como el registrado en 2019, donde la primera autoridad departamental tuvo un rol protagónico al llegar a acuerdo con las Fuerzas Armadas a través de su papá.
Dijo que un “indicador de ese plan golpista” está en el movimiento cívico de Puerto Quijarro que, luego del asesinato de Taborga a manos de los mismos cívicos, pidió la renuncia del alcalde Luis Chamby.
“Este conflicto es por la disputa del poder, Luis Fernando Camacho lo que busca es tomar el Gobierno nacional por asalto tal cual ocurrió en 2019 y el sistema asociativo lo viene haciendo conocer. Podrán seguir debatiendo el Censo, pero ese ya no es el tema de fondo para el Comité”, advirtió Dorado.
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