La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó un homenaje camaral póstumo a Marco Antonio Aramayo, denunciante del caso Fondo Indígena.

“Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral Póstumo a Marco Antonio Aramayo Caballero, en un reconocimiento a su valentía y firme compromiso con la transparencia, asumiendo con dignidad y coraje las consecuencias personales injustas, derivadas de su lucha por denunciar la corrupción”, señala la resolución legislativa.

El diputado William Solís (Alianza Libre), que preside la Comisión de Derechos Humanos, lideró el acto de homenaje realizado el miércoles en la Asamblea Legislativa. Dijo que este caso debe sentar precedente para que cualquier denunciante de un hecho de corrupción no sea sancionado ni torturado.

Este acto “tiene un objetivo principal, reabrir la memoria de todos los ciudadanos, de todos los bolivianos y de las autoridades, para que cualquier hecho de corrupción deba ser investigado, no debe ser sancionado quien denuncie, no debe ser torturado”, resaltó Solís.

Aramayo fue exdirector del Fondo Indígena y falleció el 18 de abril de 2022 mientras permanecía privado de libertad por más de cien procesos penales abiertos en su contra, especialmente durante el gobierno de Evo Morales, después de denunciar un millonario desfalco en la entidad estatal que estaba a su cargo.

Solís informó que desde la comisión que preside se solicitó informes escritos al Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de reabrir la causa penal que fue iniciada contra Aramayo y determinar el esclarecimiento de los cargos abiertos en su contra.

“Son aspectos importantes y fundamentales que hemos realizado y seguramente la opinión pública va a hacer un trabajo importante para poder reabrir esta causa y que aquellos operadores de justicia que han actuado políticamente y no jurídicamente, tengan que responder a sus actos. Ese es el objetivo principal, que se reabra el caso y que exista justicia para Marco Aramayo, para aquellos que denuncian corrupción y son perseguidos”, sentenció.

El diputado afirmó que la instancia legislativa también busca la reposición del proyecto de ley integral para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

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La Paz, 29 de enero de 2026 (ABI).- La Central Obrera Boliviana (COB) exigió la eliminación del proyecto de ley antibloqueos y declaró “enemigos” a los legisladores que impulsan la penalización de los bloqueos. Por su parte, el diputado de Unidad Nacional, Carlos Alarcón, proponente de la norma, aseguró que no retirará el proyecto y buscará dar celeridad a su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El ente matriz de los trabajadores realizó un ampliado el miércoles en Sucre, donde resolvió rechazar los proyectos orientados a la penalización de los bloqueos.

“La COB se ratifica y mantiene en pie de lucha el estado de emergencia. Exigimos la eliminación de todos los anteproyectos de ley nefastos, antiobreros y anticonstitucionales, en especial la ley de antibloqueo”, señala uno de los puntos aprobados en el ampliado.

En respuesta, el diputado Alarcón afirmó que no le intimida la determinación de la COB y ratificó la necesidad de una Ley Antibloqueos para proteger los derechos fundamentales de todas las personas afectadas por los bloqueos.

“Al declararme enemigo de la COB, más bien me alienta seguir decididamente con el impulso de la Ley Antibloqueos, porque los verdaderos enemigos de los bolivianos son los bloqueos, los bloqueadores”, declaró Alarcón en entrevista con Radio Global.

El legislador aseguró que no retirará el proyecto y exigirá celeridad para su tratamiento, argumentando que los bloqueos violentos afectan a todos los bolivianos, generan perjuicios económicos y desalientan el turismo.

Alarcón también reiteró que, en caso de que la ALP sancione la ley antibloqueos, la norma será sometida a un referéndum para que la población decida sobre su promulgación.

El proyecto de ley fue presentado en diciembre de 2025 ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, se otorgó un cuarto intermedio para su socialización y se espera que el tratamiento del mismo inicie en la primera semana de febrero.

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La Paz, 28 de enero de 2026 (ABI). – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió la cancelación de la personaría del partido político Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la deja fuera de las elecciones subnacionales previstas para el próximo 22 de marzo.

La Sala Plena del TSE resuelve “disponer la cancelación de personalidad jurídica del partido político Unidad Cívica Solidaridad UCS y de la agrupación ciudadana Movimiento de Organización Popular MOP”, refiere la resolución del Órgano Electoral.

También quedó inhabilitada la alianza política Nuevas Ideas con Libertad, integrada por UCS y la agrupación ciudadana Poder del Pueblo.

En consecuencia, las candidaturas postuladas por estas organizaciones políticas quedan inhabilitadas de participar en las elecciones subnacionales. Tampoco podrán registrarse nuevamente en otro partido o alianza o presentar otra candidatura.

De acuerdo con la resolución, el TSE también rechazó la impugnación y solicitudes interpuestas por Luis Alberto Antezana y Jhonny Fernández, que buscaban dejar sin efecto la cancelación de la personería jurídica.

El Órgano Electoral tomó esa decisión debido a que UCS no alcanzó el 3% de la votación en las últimas elecciones generales.

Anteriormente, la representación del partido político acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para revertir la medida, sin embargo, se rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada.

UCS fue fundada por empresario y político Max Fernández Rojas en 1989. El año pasado, la sigla cumplió 36 años en la carrera política, bajo los principios de honestidad, trabajo, justicia social y desarrollo.

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