La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó que la jornada electoral se caracteriza por la demora en el inicio de votación en algunas mesas de sufragio, largas filas en los recintos y mucha gente no cumple con las medidas de bioseguridad.

“Hemos podido advertir demoras en la apertura de los recintos electorales por ausencia de notarios, largas filas sin cumplir el distanciamiento social, aglomeración de personas durante la votación de candidatos y en recintos como en la ciudad de El Alto no se ha permitido el ingreso con barbijos de tela y se exigió los barbijos KN-95, falta de información del voto preferente y la ubicación de los recintos y mesas electorales”, señaló.

Cruz manifestó que, aparte de estos problemas, la población tiene una conducta ejemplar porque cumple con su deber de emitir su voto para elegir a gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales.

“Convocamos al Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales redoblar los esfuerzos necesarios a fin de que se cumpla las nueve horas de funcionamiento de las mesas de sufragio para que la gente pueda emitir su voto”, pidió

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó este domingo el compromiso de la población boliviana que asiste a los distintos centros de sufragio para cumplir con su derecho democrático de elegir a las autoridades subnacionales.

“Se ve el compromiso de las personas de llegar y ejercer ese su derecho y ese es un aspecto sin duda positivo, porque los bolivianos y bolivianas sabemos que tenemos que acudir para poder emitir nuestro voto”, manifestó a momento de asistir a su centro de votación.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado a la población que aún no acudió a los recintos electorales a asistir a los mismos y ejercer su derecho democrático.

“El llamado siempre a todas las personas, a los bolivianos y a las bolivianas para que puedan emitir su voto, elijamos a nuestras autoridades subnacionales en este marco de la democracia y de recuperar esto que nos habían arrebatado el 2019”, subrayó Alcón.

En este contexto, la autoridad observó la ausencia de jurados electorales que generaron un retraso en la apertura de algunas mesas de votación, sin embargo, puntualizó que corresponderá a las autoridades del Órgano Electoral desarrollar una evaluación al respecto.

“Lo que si se ha visto es el ausentismo de algunas mesas, lo que no se había visto en las elecciones generales del 2020, entonces eso corresponde a una evaluación que la tendrá que hacer las autoridades del Órgano Electoral”, remarcó.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este domingo que el Ministerio Público atendió dos casos de incidentes electorales en los departamentos de Beni y Pando, durante la media jornada de los comicios subnacionales.

“El fiscal General, Juan Lanchipa Ponce, felicita a nuestra población en su conjunto por la vocación democrática que ha primado el día de hoy en los diferentes recintos electorales a nivel nacional, salvando un par de incidentes aislados”, manifestó.

La autoridad fiscal dijo que el primer hecho se registró en la localidad Sachojere, del municipio de Loreto de Beni.

“El Órgano Electoral ha dispuesto la suspensión de la votación en dos mesas electorales”, aseveró, sin precisar más detalles.

El representante del Ministerio Público dijo que en el segundo caso se denunció que personas desconocidas pretendían emitir su sufragio en la localidad Tres Hermanos de Pando.

“Aquello está siendo analizado en el marco de las competencias que tiene el Órgano Electoral y nosotros desde el Ministerio Público siempre estamos predispuestos para poder coadyuvar en las investigaciones necesarias”, aseveró.

Finalmente, Quispe mencionó que en el resto del país “ha primado la vocación democrática tanto por los electores como por los postulantes a futuras autoridades de departamentos y municipios”.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledezma, afirmó este domingo que las universidades públicas son autónomas porque así lo establece la Constitución Política del Estado y aseguró que no está en cuestión la modificación o eliminación de ese derecho que es el resultado de conquistas históricas de docentes y estudiantes.

“La autonomía universitaria como tal se respeta. Creo que es necesaria una reforma moral, política y académica desde las universidades. Aquí no tiene nada que ver el tema de modificación o eliminación de la autonomía que está constitucionalizada porque es una conquista histórica y eso nadie lo puede tocar; pero, necesitamos, desde el interior de las universidades, cambiar o ajustar muchas cosas que sean necesarias”, señaló Rodríguez, citado en un boletín institucional.

Según la autoridad legislativa, es necesario evaluar, analizar y hacer una profunda reflexión, una reforma moral, estatutaria, política, técnica y académica desde el interior de las mismas universidades, para evitar hechos como el ocurrido en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde siete estudiantes universitarios perdieron la vida tras registrarse un lamentable incidente el pasado martes.

Asimismo, la máxima autoridad de la Cámara de Senadores dijo que es importante evitar que cada elección a centros de estudiantes, Federación Universitaria Local (FUL), decanaturas y rectorados, se convierta en una batalla campal entre estudiantes y docentes; también impedir que las universidades públicas se constituyan en feudos de alguna autoridad y que utilice a los estudiantes para fines políticos.

Rodríguez, también mencionó que se necesita mejorar para que el manejo de los recursos económicos sea transparente y se utilice para el bien de la comunidad estudiantil, con fines académicos, científicos y no para intereses particulares o de grupos pequeños.

“Es necesario que nuestras universidades públicas hagan ciencia y no politiquería; que formen a hombres y mujeres desde la praxis técnica y académica y que responda a la exigencia de la sociedad en estos nuevos tiempos. Las universidades públicas deben tomar la iniciativa de contribuir al desarrollo del país, preparando a profesionales de acuerdo al mercado laboral”, manifestó el legislador.

El artículo 92 de la Constitución Política del Estado establece que: “Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa”.