El diputado cruceño Jerjes Mercado (MAS) recordó este viernes que parte de los 35 procesos penales que tiene pendiente el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, datan del año 2007.

“El señor (Rómulo) Calvo tiene más de 35 procesos y debe acudir, no es el Gobierno nacional el que le ha iniciado estos procesos, él tiene procesos tan antiguos por corrupción, cuando fue concejal, y en el corto periodo que fue alcalde municipal en Santa Cruz hace varios años atrás, el 2007”, puntualizó.

En la gestión 2007, la Fiscalía presentó una acusación contra el exalcalde Roberto Fernández y Rómulo Calvo, quien ejerció un período de interinato en el municipio cruceño, por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y la suscripción de contratos lesivos al Estado.

En este contexto, dijo que el discurso de persecución política del actual gobierno no es válido, debido a que se trata de procesos instaurados por las autoridades de entonces, y de la misma manera en otros en los que fue denunciado posteriormente.

“Ya estamos acostumbrados a que la oposición, cuando quiere impunidad, cuando quiere escapar de la culpa que tiene, se escuda en los cargos o se escuda en la famosa narrativa de la persecución política, el que es delincuente o sospechoso delincuente, tiene que asumir su defensa y tiene que acudir a la instancia jurisdiccional correspondiente”, señaló.

Reprochó que la justicia no haya actuado con celeridad en estos procesos, sin embargo, auguró que ahora la Fiscalía opere, para que los supuestos delitos cometidos por Calvo, no queden en la impunidad.

“Pero claro, con su influencia política, con sus triquiñuelas, le ha estado haciendo lance a esos procesos y ahora tiene que acudir a la justicia, hay otros procesos que son antes de los movimientos del 8 de noviembre, porque ganaba 24.000 bolivianos en la Caja Petrolera, no trabajaba, hay diputados que han demostrado eso y también se le han hecho procesos por esa causa”, remarcó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, lamentó este viernes que sectores políticos de la oposición continúen con su campaña de mentiras respecto al contenido de la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES). 

“(Dicen que) se va a violar las autonomías de las universidades, ¿en qué artículo dice eso?, no tenemos un artículo que esté referido a las autonomías, ni siquiera departamentales y municipales, peor todavía de las universidades, por eso realmente da mucha pena que se quiera desinformar de esta manera”, indicó.

Instó a los sectores de la oposición a informar con la verdad y no usar la normativa con fines estrictamente políticos.

“(Se debe informar) sobre la base de la veracidad y de lo que está escrito en los artículos de los diferentes proyectos de ley o de las leyes ya promulgadas, pero lo que no estamos de acuerdo es que se pueda tergiversar, por ejemplo, que a las universidades se les va a reducir el presupuesto, ¿en qué artículo está escrito eso?, cómo es posible que se puedan inventar semejante mentira”, manifestó.

Dijo que el Plan de Desarrollo Económico Social es una proyección para cinco años, de cómo se quiere ver al país en adelante, y que en ningún momento se trata de reducir presupuestos o de afectar las autonomías. 

Opositores desinformados

La autoridad legislativa reprochó que legisladores de oposición observen la ley 1407 sin conocer su contenido, pese a que reciben todos los proyectos de ley de forma individual y oportuna.

“Lo más importante para nosotros como legisladores es informarnos, para eso, nosotros distribuimos los proyectos de ley en sus casilleros y cada diputado y diputada tiene que trabajar como corresponde haciendo la lectura, enterándose absolutamente de lo que pasa y no vaya a decir que no estamos de acuerdo, sin mencionar con qué artículo, no saben cómo explicar, imagínense, llegamos a esos extremos”, señaló.

Instó a las diputadas y diputados de las agrupaciones políticas Comunidad Ciudadana y Creemos a informarse sobre el contenido de las normas que se tratan en esta instancia legislativa.

“Lo único que yo les voy a pedir a todos los legisladores, como responsables con el pueblo boliviano y además con la representación que tenemos, enterarnos, informarnos, dar la lectura a estos proyectos de ley, y en función a eso también socializar con la veracidad con el pueblo boliviano, no tergiversar la información”, mencionó.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, cuestionó este viernes la retardación que existe en los procesos penales contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Dijo que, al parecer, existe un acuerdo de impunidad.

La autoridad gubernamental aseguró, en la víspera, que el cívico cuenta con 35 procesos judiciales desde 2003, cuando era funcionario municipal en la capital oriental.

“Lo que nos llama la atención es que entre 2003 y el 2021 tengamos más de 15 procesos penales de diferente naturaleza. Cuando existe un hecho de corrupción y se demora tanto tiempo, justicia que tarda no es justicia, se genera una situación de impunidad que no puede ser admisible”, cuestionó en entrevista con Bolivia TV.

Calvo es cuestionado por convocar desde el 8 de noviembre a acciones de desestabilización en el país y provocar hechos de violencia en contra de ciudadanos que se opusieron a un paro indefinido convocado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

“Me voy a referir concretamente a casos que tienen que ver con su rol como exconcejal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. Él ha tenido una serie de investigaciones que ha promovido el exalcalde Percy Fernández y en esos casos el proceso está ya con un avance significativo y extrañamente, por el rol en el comité cívico, pareciera que ha llevado a que no se realicen acciones que se hacen en el caso de cualquier ciudadano. Pareciera que hay una especie de privilegio, acuerdo de inmunidad, acuerdo de impunidad, cuando el señor calvo asume como Presidente del comité cívico, eso es lo que nos preocupa y se han solicitado informes”, aseguró.

Dijo que el Gobierno respeta el debido proceso, pero sin tolerar la impunidad, porque no puede existir un determinado poder que implique una afectación a la labor de jueces en los diferentes casos. Aseguró que es obligación de hacer un seguimiento estricto a los procesos porque un delito de corrupción es la retardación de justicia.

“Una persona pública, cuando recibe la noticia que tiene un proceso, actúa inmediatamente, presenta, muestra los descargos que tiene y no está esperando que estén llegando notificaciones, eso es lo correcto, eso lo ético, eso es lo que se espera de los ciudadanos que van a ejercer política o representación cívica”, señaló Lima.

Sectores de la ultraderecha, pese a que perdieron su bandera de lucha coyuntural, mantendrán una estrategia de “desestabilización permanente” y de “desgaste” del Gobierno, alertó el exministro, Hugo Moldiz, quien dijo que para esos fines cuentan con un aparato mediático y de redes sociales digitales que “coordina” en momentos de tensión y en el marco de una “guerra de cuarta generación”.

El exministro de Gobierno, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, explicó que esa guerra de cuarta intensidad, se libra en lo político, social pero también en la “mente” de las personas para lo cual los medios y las redes sociales juegan un papel trascendental, especialmente en lo que se refiere a la desinformación.

“La desinformación es el uso de algunos elementos de la realidad para la construcción de otra realidad que no existe, pero que por la fuerza que hoy tiene los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, se convierten en una verdad absoluta que está orientada y destinada a construir en el imaginario colectivo una realidad que no existe y sobre la que buscan influir los actores políticos”, conceptualizó.

Puso como ejemplo a la Ley 1386 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Esa norma solo afectaba a quienes lavaban dinero de actividades como narcotráfico, trata de personas o paraísos fiscales, sin embargo, la campaña mediática y política hizo creer a la gente pobre, que les afectaba. Es decir, se construyó una realidad inexistente, falsa, para movilizar a sectores pobres que creyeron que se les quitaría sus casas o mercaderías mientras que la derecha ocultaba sus intenciones políticas de desestabilizar y derrocar al Gobierno de Luis Arce.  

Esa campaña falaz y de desinformación fue tan intensa que el Gobierno tuvo que abrogar la mencionada Ley escuchando las demandas de la población.

Sin embargo, esa decisión de abrogar la Ley, quitó la bandera principal a la derecha que estaba empeñada en desestabilizar y derrocar al presidente Arce. Esa acción del Gobierno, es decir la abrogación, causó una “desesperación” en los cívicos cruceños que se enfrentaron entre ellos (entre Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho), indicó Moldiz.

“El tema dejó de ser la Ley (1386), estaban camino a la desestabilización del presidente Arce y si podían, su derrocamiento. Vamos a asistir, de aquí para adelante, a una desestabilización permanente y si tienen oportunidad, le van a cortar la cabeza a Lucho Arce y si no, lo van a tener todo el tiempo en la línea del desgaste, del desgaste durante todo su mandato”, indicó.

El exministro añadió que, en momentos de tensión, se nota niveles de coordinación entre medios masivos y redes sociales digitales.

Por su lado, Jazmine Baldivieso, especialista en redes sociales digitales, indicó que en esos soportes se genera un caos informativo y se registra el fenómeno de la sobreinformación.

Explicó que como hay hiperinformación, a las personas se les dificulta encontrar la fuente real de las informaciones para verificar la veracidad de los contenidos.  

Dijo también que se registra el funcionamiento de bots, es decir robots que envían información preparada con antelación, de manera masiva a las audiencias.