El diputado Juan José Jáuregui dijo que los cívicos y asambleístas de la oposición en Santa Cruz y Potosí, mienten y engañan a gremiales y choferes con el único objetivo de movilizarlos para negociar con el Estado y evitar el enjuiciamiento de los actores políticos que impulsaron el golpe de Jeanine Áñez y sus secuelas.

El legislador, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que ninguno de los cívicos o políticos que dicen oponerse a la ley, realizaron una explicación técnica-jurídica que sustente sus observaciones.

Por el contrario, Jáuregui dijo que esa norma legal no afecta en lo más mínimo a los gremiales o transportistas ya que esa disposición no crea ningún nuevo tipo penal debido a que se trata de una estrategia general.

Por ello, dijo que la postura de los cívicos de Santa Cruz y de Potosí, en realidad pretende movilizar con mentiras a los gremialistas con el propósito de obligar al Gobierno y al Estado a negociar y no enjuiciar a quienes participaron o impulsaron el golpe de 2019.

Recordó que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) solicitó la restitución de los 2/3 en el legislativo, en desconocimiento de la Constitución Política del Estado y pidió la anulación de los procesos judiciales contra los actores del régimen de facto de Jeanine Áñez.

El diputado dijo que si se aceptara el pedido de los cívicos, significaría no realizar las investigaciones por las masacres de 2019 ni de los hechos de corrupción de ese régimen de facto, como el caso de los respiradores.

Indicó que los bloqueos buscan un “escenario de impunidad tratando de usar a los sectores movilizados para poder negociar impunidad con relación a las investigaciones de las masacres de Sacaba y Senkata”.

La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, informó que varias federaciones y dirigentes de los gremiales confirmaron en las últimas horas su participación en el diálogo sobre la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que se realizará el sábado, a partir de las 09.00, en la ciudad de Cochabamba.

“En este caso, ya hay confirmaciones de varios sectores, de varias federaciones, de varios dirigentes de trabajadoras y trabajadores gremiales de nuestro país para asistir porque, por supuesto, en este encuentro con la familia gremial, en este encuentro donde se van a tratar no solamente el tema referido a la ley sino también a otras preocupaciones de la familia gremial, ahí estaremos presentes con la misma voluntad de diálogo de siempre”, dijo en una entrevista en el programa “No mentiras”de la Red PAT. 

La autoridad gubernamental dijo, sin embargo, que varios ministros de Estado estuvieron en reuniones permanentes con los trabajadores por cuenta propia durante las últimas semanas para dialogar sobre el tema.

Recordó que ella misma tuvo recientemente encuentros con los represantes de las federaciones de gremiales de los nueve departamentos.

“La voluntad del diálogo nuestro Gobierno ha sido permanente”, recalcó.

Horas antes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció que se hizo la invitación, para considerar varios elementos sobre la norma que tienen confundidos a los trabajadores por cuenta propia.

Dijo que la invitación se efectuó en el marco del espíritu abierto al diálogo, para generar fuentes de concertación sobre el tema, por lo que se espera que los dirigentes de todos los sectores gremiales del territorio nacional asistan a la cita. 

“No lo estamos haciendo de ahora, sino que lo estamos haciendo a lo largo de la gestión y estas últimas semanas, donde siempre hemos ratificado nuestro espíritu de diálogo y no de confrontación”, acotó.

Además, manifestó que en la cita se podrá analizar también otros temas de interés para los trabajadores por cuenta propia.

El titular de Economía y Finanzas Públicas dijo, por otro lado, que mantuvo ya conversaciones con varios sectores del transporte nacional para la socialización de la Ley 1386 y anunció que sostendrá otras durante los próximos días.

El diputado Anyelo Céspedes (MAS) ratificó este jueves que los legisladores de oposición firmaron y aprobaron la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, y que las medidas impulsadas y promovidas por cívicos tiene el fin de desestabilizar al Gobierno nacional.

El legislador presentó un documento que contiene las firmas de los diputados de las bancadas del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana, miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, dando su conformidad con todos los artículos y con la aprobación del entonces proyecto de Ley 1386, posteriormente aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el Ejecutivo en agosto.

“Con qué moral están pidiéndole al pueblo que salga a manifestarse, si ellos mismos son quienes firmaron”, señaló a tiempo de respaldar al gobierno de Luis Arce Catacora y lamentar que los asambleístas de oposición pretendan generar un clima de desestabilización. 

“Pedirle, más bien a los diputados de oposición, que sean más serios (...), cuando ellos mismos fueron quienes aprobaron y firmaron la Ley 1386”, indicó.

Asimismo, afirmó que el gobierno nacional es de la cultura de la pacificación, del diálogo y que no cederá al chantaje de la oposición.

El diputado Juan José Jáuregui (MAS) denunció este jueves que los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se constituyeron en el brazo operativo de la oposición, tras definir en un cabildo la abrogación de la Ley 1386.

“Si hacemos una revisión de los 10 puntos en que concluyeron, no es otra cosa que la agenda de Comunidad Ciudadana y Creemos, por eso entendemos que Comcipo se constituyó en el brazo operativo de la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa”, indicó.

Los dirigentes de Comcipo, tras el cabildo desarrollado el miércoles, concluyeron en exigir al Gobierno la abrogación de la Ley 1386 en menos de 24 horas y anular todos los “procesos políticos de persecución” a exfuncionarios del régimen de Jeanine Añez. 

“Quieren dejar de lado los juicios en contra de quienes gobernaron y generaron una serie de malversaciones de recursos. Esta petición se encuentra en la medida de olvidarnos de las masacres de Senkata y Sacaba y los procesos en contra de los golpistas, entonces no vamos a poder llegar a un acuerdo”, manifestó.

Señaló que detrás de las movilizaciones existe la intención de desestabilizar al Gobierno que fue democráticamente elegido por la mayoría del pueblo boliviano.

“Penosamente existe la radicalización de sectores que aún están apostando por la fórmula de la desestabilización como un mecanismo para llegar a la administración del gobierno”, indicó.