El consenso propio de la democracia y la justicia comunitaria fue destacado en la elección por normas y procedimientos propios del asambleísta indígena originario de la Nación Uru, Miguel Mauricio Choque.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, Iver Pereira Vászquez, resaltó esa característica en el acto de entrega de la credencial a la autoridad electa, el martes, en el auditorio de la entidad electoral.

El escaño por circunscripción especial en la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro pertenece a los pueblos del Lago Poopó y a la población Uru Chipaya.

Choque fue designado asambleísta titular de la nación Uru el lunes 10 de mayo en la comunidad de Vilañeque, luego de que el mallku Emilio Huanaco asignó la titularidad del escaño a los pobladores del Lago Poopó y la suplencia a las poblaciones Uru Chipaya, en el marco de la jurisdicción de la justicia indígena originaria.

“Esta es la forma del autogobierno, donde los pueblos indígenas originarios campesinos son capaces de resolver sus diferencias a partir de sus normas y procedimientos propios en el ámbito del consenso propio de la democracia comunitaria. Hay que rescatar el valor de una justicia tan importante en un mundo injusto, y a ustedes les corresponde hacer respetar esa decisión jurisdiccional”, reflexionó Pereira Vázquez.

Aún está pendiente la elección de la asambleísta departamental suplente de la población Uru, que será una mujer. Se realizará cuando mejoren las condiciones sanitarias debido a la pandemia del COVID-19 en el municipio.

La Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, llevó a cabo este jueves el segundo encuentro territorial en la ciudad de La Paz, con el fin de abrir un espacio de diálogo y recibir denuncias.

“Este es el segundo departamento en el que estamos recabando propuestas, pero también las denuncias, quejas y preocupaciones; ya estuvimos en el departamento de Oruro donde llegamos a interesantes conclusiones que hicieron énfasis en que ya no exista rotación en los operadores de justicia, entre otras propuestas de modificación a la Ley 348”, informó el senador Rubén Gutiérrez, vicepresidente de la Comisión.

En el encuentro sostenido en La Paz, los miembros de la comisión recogieron varios testimonios sobre retardación de justicia de víctimas de violencia y familiares de víctimas de feminicidio, quienes denunciaron la lentitud en las investigaciones y procesos judiciales.

“Estamos nosotros tomando apuntes para que podamos, de manera inmediata, convocar a la Fiscalía, a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), a los órganos jurisdiccionales y también reunirnos, inclusive, con el Consejo de la Magistratura para que, de algunos de los casos complejos que están muy retardados, pueda iniciarse una auditoría forense”, adelantó Gutiérrez.

Por su parte, la diputada Estefanía Morales, presidenta de la Comisión, manifestó que, ante la emergencia por el incremento de feminicidios en Bolivia, se solicitó información sobre la situación de los niños que quedaron en orfandad.

“Estamos pidiendo mediante una Minuta de Comunicación informes a las alcaldías para saber en qué situación está cada niño que ha quedado en la orfandad, si cuenta con acceso a la Educación, con un apoyo social y protección de la familia que tiene la custodia”, informó.

Asimismo, adelantó que al margen de la propuesta sobre la otorgación de un bono de Bs 423 a niños y niñas que quedaron huérfanos por casos de feminicidio, se analiza también la posibilidad de otorgarles una vivienda.

La embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en Bolivia, María Teresa Mercado, aseguró este jueves que la firma del acuerdo de supresión de visas forma parte de una hoja de ruta en la agenda bilateral de ambos países.

“La concreción del acuerdo entre los presidentes de ambas naciones, forma parte de una hoja de ruta que permitirá continuar fortaleciendo la relación en todos los temas de la amplia agenda bilateral”, señaló durante el acto de intercambio de Notas Diplomáticas.

La diplomática señaló que el acuerdo destaca en el trabajo de ambos países para consolidar una relación estratégica con el fin de fortalecer los temas de la agenda bilateral y regional.

“Hoy, las relaciones diplomáticas al más alto nivel se encuentran en su mejor momento, relaciones marcadas por el respeto mutuo y la voluntad de sumar esfuerzos en beneficio de nuestros países y poblaciones”, aseguró.

Mercado recordó que el 21 de noviembre de 1831 México y Bolivia establecieron formalmente su historia de hermandad que perdura hasta la actualidad, por 190 años, tras la difícil situación que se vivió en noviembre de 2019 y durante 2020, años en los cuales su país fue víctima de actos inamistosos violatorios del derecho internacional por parte de las autoridades de facto.

“Con esta decisión estamos seguros que turistas, estudiantes de corta estancia, visitantes de negocios, asistentes a congresos y conferencias, entre otros, tendrán un incentivo mayor para visitar nuestros países”, insistió.

La diplomática apuntó también que ambos países tienen una misma causa entorno a la lucha contra la pandemia y que todas las acciones para superarla deben ser a través de la cooperación internacional y el multilateralismo, por el acceso justo, equitativo y universal a las vacunas, así como por la liberación de patentes.

Tras el acuerdo entre el Gobierno nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) prorrogue su mandato por dos meses, la senadora Virginia Velasco (MAS) pidió a los expertos reunirse con los ejecutivos de las organizaciones sociales que sufrieron violencia y persecución en 2019.

“Yo pienso y considero que deben reunirse con el comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), nuestros hermanos ejecutivos que han sufrido ataques a sus sedes como la Confederación Única de Campesinos, Confederación de Indígenas, Bartolinas y Conamaq, organizaciones sociales que sufrieron la quema de sus oficinas y sus dirigentes víctimas de discriminación y ataques personales”, recordó.

Asimismo, sugirió también entrevistar a los periodistas que desarrollaron la cobertura de los hechos violentos acaecidos días previos y posteriores al golpe de Estado de noviembre de 2019.

“Son 60 periodistas que hicieron la cobertura de los hechos violentos que ocurrieron durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, desde los medios pequeños, grandes, radios y redes sociales”, señaló.

El GIEI-Bolivia inició su labor el 23 de noviembre de 2020 en la ciudad de La Paz con el compromiso de investigar los hechos de violencia acaecidos en los últimos meses de 2019. Hasta la fecha, recogieron más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales, y entrevistaron a más de 360 personas.

“Los expertos tienen que concluir con todas sus entrevistas a diferentes sectores sociales, la gente tiene expectativa del trabajo que van a mostrar y esperanza de que se haga justicia. Nosotros como legisladores acompañaremos esa búsqueda de justicia oportuna y transparente”, enfatizó Velasco.