El diputado Héctor Arce (MAS), quien planteó la modificación de la Ley 026 del Régimen Electoral con el fin de inhabilitar a familiares de autoridades electas, denunció este miércoles que recibe amenazas a raíz de su propuesta.

“Estoy recibiendo amenazas, y amenazas muy fuertes, estaba leyendo, ayer me decían que me cuide, que deje de joder (…). No me van a asustar, no me van a amedrentar, vamos a seguir impulsando este proyecto porque estamos en lo correcto", aseveró en una entrevista con Bolivia Tv.

Arce dijo que no existe la mínima posibilidad de que “una esposa fiscalice a su esposo, que un hijo fiscalice a su padre, o un hermano fiscalice a su hermano” porque hay incompatibilidades sobrevinientes.

Citó además los ejemplos de Manfred Reyes Villa, padre, y Manfred Reyes Villa, hijo, alcalde y concejal de Cochabamba, respectivamente; también el caso del gobernador de La Paz, Santos Tito, cuya esposa es asambleísta; además, el de Héctor Cartagena, alcalde de Quillacollo que tiene a su hermano, Tito Cartagena, como concejal.

“Es inaceptable, reprochable desde todo punto de vista ético y moral esta acción abusiva y grosera de parte de estos actores políticos que al momento de elaborar las listas podían haber reflexionado y decir que no es posible incluir a familiares en el proceso electoral y retirarlos, pero como no hay ética los han incluido”, señaló.

Observó la imposibilidad de que esas autoridades electas desarrollen su rol fiscalizador con transparencia, idoneidad, eficacia y eficiencia, debido al parentesco familiar.

“Hemos sido elegidos para fiscalizar y legislar, elaborar normas que regulen la conducta de la sociedad y después de haber evidenciado este abuso grosero, esta sinvergüenzura de algunos actores políticos, de incluir en las listas a familiares, planteamos la modificación de la ley e insistiremos en esta solicitud”, ratificó.

Finalmente, desafió a un debate a los familiares de autoridades electas, para explicar y defender su posición.

El Comité Impulsor del Juicio Contra Golpistas de 2019, exigió este miércoles a la Fiscalía General del Estado (FGE) que efectúe la conminatoria para la comparecencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso por los hechos violentos que derivaron en el golpe de Estado de 2019.

“Hemos plasmado la exigencia al Fiscal General del Estado (Juan Lanchipa) y al Fiscal Departamental (Roger Mariaca) para que, de una vez, en el procedimiento correspondiente, el señor Fernando Camacho sea emplazado, conminado a comparecer ante la justicia y ante el proceso iniciado por el golpe de Estado de 2019”, señaló Aldo Michel coordinador general del Comité.

El representante reprochó las declaraciones en “tono de amenaza” emitidas por Camacho en contra del Gobierno constitucional de Luis Arce y le recordó que su cargo de Gobernador no le otorga inmunidad. 

“El señor Fernando Camacho, en el ámbito de la impunidad, se ha permitido hacer declaraciones de amenaza al Gobierno constitucional y a la continuidad democrática, siguiendo el mismo esquema golpista de 2019. Es una condición de alevosía al pretender que su estadía en la Gobernación le garantiza inmunidad e impunidad”, dijo Michel.

Por su parte, Gregorio Gómez, presidente del Comité Impulsor observó la inexistencia, y en otros casos, el lento avance de los procesos en contra de los principales responsables del golpe de Estado y las masacres de Senkata y Sacaba.

“Estamos preocupados porque hasta el momento no se están cumpliendo los juicios, no hay la detención de Fernando Camacho, parece que tienen miedo ¿qué pasa con la justicia boliviana? pedimos que se actúe de oficio contra todos los responsables del golpe de Estado, las masacres de 2019 y los actos de corrupción en el gobierno de facto de Jeanine Áñez de 2020”, exigió.

Ambos dirigentes advirtieron, además, sobre una nueva escalada de actos de sedición en contra del Gobierno constitucional promovidos por Camacho.

El analista político Hugo Siles explicó este martes que el proyecto de Ley de defensa de la democracia y la resistencia contra la tiranía y la opresión presentado por Comunidad Ciudadana (CC), es aberrante en términos jurídicos y pretende legalizar la ejecución de golpes de Estado en el país.

“El contenido que tiene este proyecto de ley es aberrante en términos jurídicos (…) Lo que han hecho los de Comunidad Ciudadana es tratar de legalizar con este proyecto de ley los golpes de Estado“, manifestó en una entrevista en Bolivia Tv.

El instrumento legal propuesto menciona que se sancione con 30 años de cárcel al gobernante que pretenda violar las bases de la Constitución Política del Estado y que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan el deber de proteger a la resistencia ciudadana por los medios necesarios cuando un Gobierno pierda su legitimidad.

El analista dijo que el proyecto de ley es aberrante jurídicamente porque trata de forzar que se dé una mirada retrospectiva al golpe de Estado de 2019, para proponer una sanción y plantear el nuevo rol que debería tener a la Policía y las Fuerzas Armadas.

El papel de las fuerzas del orden público sería de arbitraje en la democracia saliéndose de toda la esfera jurídica, normativa y constitucional, porque ambas tienen sus misiones definidas y no deliberan ni desarrollan acción política alguna, acotó.

“Este anteproyecto de ley tiene como principal fundamento el hecho de que los gobiernos en algún momento, dice, pierden legalidad y legitimidad y por eso las Fuerzas Armadas y la Policía actuarán, dice, en necesidad y proporción. Obviamente, este es un proyecto de ley que no se ajusta de ninguna manera a la normativa constitucional vigente”, recalcó.

El analista detalló que el instrumento legal propuesto por Comunidad Ciudadana tiene como fin la legalización de los golpes de Estado, porque trata de justificar y dar valor legal a la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019, sin considerar que el orden democrático y constitucional no se puede romper de ninguna manera bajo el argumento de que un gobierno pierde legalidad y legitimidad.

"¿Quién define eso (la pérdida de legitimidad y legalidad)? Las Fuerzas Armadas, la resistencia, como dicen, ciudadana. No es posible seguir con esta narrativa que intenta la oposición todavía mantener sobre lo sucedido en noviembre de 2019”, finalizó.

El Gobierno de Rusia coordina la donación de test de detección de COVID-19 para el Estado Plurinacional de Bolivia con el objetivo de reforzar la lucha contra la pandemia.

La embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, confirmó la noticia la noche de este martes en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia TV.

“Estamos haciendo los trámites para una donación que está haciendo Rusia sobre unos test de COVID-19”, informó.

El anuncio fue hecho luego de que el presidente Vladímir Putin recibiera esta jornada las cartas credenciales de la embajadora boliviana en Moscú.

Rusia es uno de los aliados estratégicos de Bolivia en la lucha contra la pandemia debido a las acciones conjuntas para la dotación de lotes de las vacunas Sputnik V que se aplican en la campaña nacional de inmunización masiva.

“Estamos en un procedimiento, es un tema de firma de documentos, del acuerdo, las condiciones, el tipo de transporte y, cuando tengamos todo listo y concluido, esperamos que sea lo antes posible, vamos a dar a conocer los detalles. De momento, eso ya es una decisión. El Gobierno ruso expresó su deseo de hacer llegar esa donación a Bolivia”, dijo Ramos en referencia a los test.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó hoy las relaciones con Bolivia y dio a conocer su interés de ampliar el trabajo conjunto entre ambos países en diferentes áreas económicas para la agenda bilateral, especialmente en sectores como la energía, la minería y el uso pacífico de tecnologías nucleares.