El Gobierno boliviano preparó, mediante coordinación interinstitucional, una respuesta documentada para el Parlamento Europeo que este jueves trata el caso de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó este miércoles que la respuesta se basa en argumentos que demuestran que las audiencias y los procesos en contra de Áñez, se sujetan al estricto cumplimiento de las leyes, del debido proceso y que no existe vulneración alguna. 

Las acciones gubernamentales se dieron luego de que los eurodiputados decidieran analizar la situación tras la detención preventiva de la expresidenta y otros cargos de su gobierno. Por ese motivo, esa institución internacional solicitó información al Estado Plurinacional sobre el caso.

“Básicamente, pidió información de todos los casos instaurados en Bolivia contra la señora Jeanine Añez y su gabinete ministerial”, aseveró la autoridad gubernamental en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).

La noche del domingo 14 de marzo, la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez; del exministro de Energía, Rodrigo Guzmán; y del exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019. Actualmente, están privados de libertad.

“El Estado boliviano, en coordinación interinstitucional con la Cancillería, el Ministerio de Gobierno y otras instancias, preparó la respuesta a todas las inquietudes que tenían (en el Parlamento Europeo), un legajo de documentación que demuestra claramente que es un proceso abierto, que cumple todos los estándares de derecho proceso y del debido proceso, contrariamente a lo que ella y sus abogados indican”, sostuvo el viceministro Siles.

Áñez es investigada en un proceso ordinario que se inició en Bolivia denominado “golpe de Estado”, en el que se la involucra por sus acciones como senadora hasta antes de la asunción de mando como Presidenta del Estado Plurinacional en noviembre de 2019.

El Parlamento Europeo tiene programado el debate del caso para este jueves por la mañana, sesión que irá seguida de la votación en el pleno para una resolución de urgencia.

El Parlamento Europeo es un foro de debate político y de decisión al nivel de la Unión Europea. La ciudadanía de los Estados miembros elige directamente a través del voto a los diputados integrantes para que representen sus intereses en el proceso legislativo y garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones.

“Parto como llegué, hombre libre de ataduras, independiente de fuerzas políticas o intereses de grupo”, expresó el todavía titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, al anunciar este miércoles que mañana oficializará su renuncia a la presidencia y a la vocalía del ente electoral.

“Al presentar mañana la renuncia a la Presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un Tribunal presto para encarar nuevos desafíos”, afirmó en conferencia de prensa.

Previamente, Romero hizo un recuento de las actividades que desarrolló como cabeza del Órgano Electoral, destacando las condiciones adversas y la exacerbada polarización política, social y regional por la que atravesaba el país en noviembre de 2019, cuando asumió el cargo, por designación directa de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.

“Asumí la responsabilidad consciente de ese entorno, guiado por una profunda convicción: para continuar siendo el régimen donde todos cabemos, la paz sea nuestro modo de relacionamiento y las disputas se resuelvan por canales institucionales, la democracia necesitaba un ciclo electoral libre, justo, competitivo, participativo, íntegro”, manifestó.

En la gestión de Romero, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales condujeron dos procesos eleccionarios: los nacionales, en octubre de 2020, y los subnacionales, desarrollados el 7 de marzo, con una segunda vuelta el 11 de abril.

“La razón por la cual acepté la encomienda de integrar y presidir el Tribunal Supremo Electoral en la época más desafiante desde el retorno a la democracia se ha cumplido, como se cumplió la esencia de las promesas que formulé al asumir un cargo que me interesó por el servicio durable a la reconciliación y la democracia en Bolivia”, expresó.

Asimismo, resaltó que Bolivia fue el primer país del mundo que desarrolló con éxito dos comicios electorales de alcance nacional en plena pandemia.

Tras oficializarse la renuncia de Romero, la vicepresidenta María Angélica Ruiz Vaca Diez tendría que sucederle en el cargo.

Salvador Romero obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre los principales cargos que ejerció, fue vocal, vicepresidente y presidente de la Corte Nacional Electoral (2004-2008), así como vocal y vicepresidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz – sala provincias (1995-1998). Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras (2011-2014). Ejerció como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL/IIDH) entre 2014 y 2015. Integró la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz en Colombia (2017), según información del Órgano Electoral.

El todavía titular del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció este miércoles que mañana oficializará su renuncia a la presidencia y la vocalía del ente electoral. La vicepresidenta María Angélica Ruiz Vaca Diez tendría que sucederle en el cargo.

“Al presentar mañana la renuncia a la Presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un Tribunal presto para encarar nuevos desafíos”, afirmó en conferencia de prensa.

Salvador Romero obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre los principales cargos que ejerció, fue vocal, vicepresidente y presidente de la Corte Nacional Electoral (2004-2008), así como vocal y vicepresidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz –sala provincias (1995-1998). Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras (2011-2014). Ejerció como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL/IIDH) entre 2014-2015. Integró la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz en Colombia (2017), según información del Órgano Electoral.

(Noticia en desarrollo)

La senadora Virginia Velasco y el contralor, Henry Ara, presentaron este miércoles el Proyecto de Ley de Supervisión y Acceso a Información en el Ejercicio del Control Gubernamental, que amplía la capacidad de fiscalización de la Contraloría General del Estado.

“Este proyecto respalda la Ley Nº 1178, ampliando la capacidad de la Contraloría para realizar la supervisión prevista en la Constitución Política del Estado; asimismo, establece sanciones por la negación o rechazo en la entrega de información”, señaló Velasco en conferencia de prensa.

Indicó que el proyecto también permite a la Contraloría solicitar información a personas jurídicas privadas que hayan ejecutado fondos públicos.

Indicó que la iniciativa pretende, además, fortalecer el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Las comisiones pueden requerir el apoyo de la Contraloría en sus acciones de fiscalización, por tanto, es un trabajo que tenemos que realizar el Contralor y la ALP”, precisó la legisladora. 

Por su parte, el Contralor destacó el trabajo conjunto con el Órgano Legislativo y adelantó que el proyecto será fundamental para mejorar el trabajo de esa instancia de control gubernamental.

“Esto nos va a ayudar, principalmente, en el acceso a la información que por distintos acontecimientos no podemos acceder ahora y sin información nosotros no podemos hacer auditorías. En este sentido, esta ley nos va a permitir requerir información inmediata y apoyar en la labor de fiscalización que tienen las cámaras de Senadores y de Diputados”, dijo Ara.