El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este miércoles que los votos válidos durante la segunda vuelta que se llevó a cabo en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, sobrepasaron el 94% y que el porcentaje de sufragios blancos y nulos fue bajo.

“Luego de la segunda vuelta, los votos válidos llegaron al 94,5% (…). De acuerdo con los datos del cómputo oficial, en promedio, los votos blancos en los cuatro departamentos llegaron al 0,7%, mientras que los nulos alcanzaron al 4,8%”, indica un boletín oficial.

Según la Ley del Régimen Electoral, durante los comicios puede haber tres tipos de voto: válido, blanco y nulo. Estas dos últimas opciones solo son tomadas en cuenta para fines estadísticos y no benefician a ninguna candidatura.

“Cuando se hace la distribución de los porcentajes para dar la victoria a un determinado candidato o para asignar escaños, solo se toman en cuenta los votos válidos”, señala el documento.

Los datos van de la mano con el 83% de participación que se registró en la segunda vuelta, lo que fue ponderado por el TSE, pues ratifica la cultura participativa boliviana, según declaraciones de su presidente, Salvador Romero, durante su evaluación sobre las justas electorales realizadas el 11 de abril pasado.

El alto nivel de participación del electorado también fue destacado por las misiones de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Ministerio Público rechazó la proposición acusatoria que presentaron diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la expresidenta Jeanine Áñez; el exministro de Gobierno, Arturo Murillo; y el exministro de Defensa, Luis Fernando López. El objetivo de los legisladores era viabilizar un juicio de responsabilidades por los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba ocurridos en 2019.

Andrés Flores, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y quien lideró la iniciativa de procesar a las exautoridades, indicó que la decisión de la Fiscalía se dio debido a que no se especificaron los domicilios de los sindicados.

“El Fiscal General nos pidió el domicilio, no se han dado los plazos; lamentablemente, no hemos podido cumplir tal vez en su debido tiempo, pero nos han rechazado”, detalló Flores, según la red Erbol.

En noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos.

Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció el golpe de Estado. La entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto que dejaron muertos y heridos.

Respecto a la decisión del Ministerio Público, familiares y activistas de las víctimas de la masacre de la zona de Huayllani en el municipio de Sacaba salieron en protesta frente al rechazo del proceso a Áñez.

José Zurita, uno de los representantes de la protesta, entrevistado por Bolivia TV, dijo: “Nos parece una falta de respeto; como sacabeños, como familia de los caídos, que se nos rechace estas acusaciones contra Jeanine Áñez. No queremos impunidad en Bolivia, queremos justicia”.

El presidente del Parlamento Andino, y representante supraestatal boliviano, Adolfo Mendoza, advirtió que algunos representantes de la extrema derecha europea que forman parte del Partido de ultraderecha español Vox, intentan desestabilizar al gobierno boliviano.

“Algunos sectores de características fascistas en Europa y partidos de derecha europea están tratando de generar un guión de desestabilización, del gobierno legitima y democráticamente electo de Luis Arce Catacora, esto a partir de una acción de Vox y de algunos otros parlamentarios que intentan generar las condiciones para crear la necesidad de una especie de sanción para Bolivia sobre los sucesos en torno a la detención de la señora Jeanine Añez”, denunció Mendoza.

Recordó que estos parlamentarios de Vox son los mismos que colaboraron con la mantención del gobierno de facto y con el propio golpe de Estado en noviembre de 2019 y que trabajaron junto con Arturo Murillo y Luis Fernando López.

“Queremos que la Unión Europea pueda evaluar con mucha pertinencia la calidad de las representaciones diplomáticas, porque el representante del partido español Vox vino a justificar incluso las acciones de Senkata y Sacaba en una conferencia de prensa con los señores Murillo y López”, subrayó.

Mendoza aclaró que no es la Unión Europea la que está cometiendo estos excesos, sino algunos diplomáticos y representantes de la derecha europea que intentan generar un nuevo tipo de injerencia sobre nuestro país.

VOX es un partido político español fundado a finales de 2013. Su presidente es Santiago Abascal y su secretario general es Javier Ortega Smith. Vox está calificado por especialistas como de ultraderecha o de extrema derecha.

La presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio, Estefanía Morales, informó que se investiga la retardación en casos de policías y militares agresores, cuyas denuncias y procesos no avanzaron.

Según la legisladora, en lo que va del año, más de 15 policías y militares fueron denunciados por agredir a sus parejas, sin embargo, los procesos no avanzan dejando en indefensión a las víctimas. 

“Nosotros como Comisión hemos recibido diferentes casos de denuncias, donde no existe celeridad, mujeres que han sido víctimas de violencia, también víctimas de tentativa de feminicidio, así que hemos coordinado con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la Policía boliviana y también con la Fuerzas Armadas para que estos casos no queden en la impunidad”, señaló.

Por otro lado, dijo que se solicitó se desarrolle un análisis caso por caso, debido a que algunas denunciantes presentaron su desistimiento. 

“Estamos solicitando ante el juzgado pertinente para que también aquellas mujeres que hayan desistido durante el proceso o hayan conciliado con el agresor, igual la Fiscalía pueda actuar de oficio para que nosotros podamos ante el juez hacer conocer las medidas de protección a esta mujer que es víctima de violencia”, subrayó.

Asimismo, dijo que como Comisión se está solicitando se pueda brindar en diferentes casos la imputación formal a través de un trabajo conjunto entre la FELCV y el Ministerio Público para que se pueda librar la orden de aprehensión para los presuntos agresores.