El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, anunció este viernes que recopila información para iniciar un proceso penal contra las exautoridades del régimen de Jeanine Áñez por las muertes ocasionadas por falta de respiradores durante la cuarentena por el COVID-19 en 2020.

“Lo que falta es el juicio por las muertes ocasionadas a partir de esa desidia. Ese es el segundo paso que se tiene que dar ahora (…). Lo que vamos a hacer, estamos justamente en colecta de investigación, es iniciar otro proceso por las muertes ocasionadas por la ausencia de respiradores”, manifestó en una entrevista con Bolivia TV.

La autoridad gubernamental recordó que la Procuraduría General del Estado sigue de cerca dos procesos penales iniciados por la compra irregular de respiradores en China y España, que causaron un gran daño económico al Estado por “los negociados” y el robo de recursos económicos gubernamentales registrados durante la cuarentena.

“Lo que ha ocurrido simplemente es un acto poco fácil de describir. Ellos, con lo que han hecho al haber privado a los bolivianos y bolivianas de esos respiradores, de paso con sobreprecio, han ocasionado muchas muertes en el país. Los equipos no eran adecuados para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en las unidades de terapia intensiva”, recalcó.

Según Chávez, el proceso por el caso de los respiradores chinos tuvo un reciente avance con la detención domiciliaria de la exministra de Salud, Eidy Roca.

Sin embargo, rememoró que el exembajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Mohammed Mostajo, huyó del país sin dar cuentas por lo sucedido en el caso.

“Luego, inclusive, aparece mofándose de los bolivianos a través de publicaciones en redes sociales, mofándose de que ha cumplido con el país, que le debíamos más. Yo no sé qué más le debíamos, aparte de esa parafernalia de viaje en aviones, las fiestas privadas, y todo ello, mientras estábamos encerrados todos y muriéndonos poco por el COVID-19. Entonces, eso es algo imperdonable”, sostuvo.

La autoridad estatal mencionó, además, que en el caso de los respiradores españoles se presenció que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentaron los respiradores en actos públicos, cuando ese trabajo debió estar bajo tuición de las autoridades del Ministerio de Salud.

“Estaban pues involucrados en estos negociados y eso hay que verificar ahora. Mínimamente hay una usurpación de funciones de estas personas”, concluyó.

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), William Torrez, afirmó que su partido defiende el principio de no injerencia en asuntos internos y el respeto a la soberanía, y si bien respeta a los organismos internacionales, considera que es la justicia boliviana la que debe definir lo ocurrido en noviembre del 2019 y no Luis Almagro.

"Nos preocupa el financiamiento y que los parlamentarios actúen como en 2019. La oposición no pudo enfrentar las 37 denuncias de las víctimas de 2019, y ahora acuden a Luis Almagro, secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), quien tiene una posición injerencista”, cuestionó.

Sobre el viaje de una delegación de parlamentarios de la oposición a Estados Unidos, para denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos dentro de la investigación del caso golpe de Estado, dijo en entrevista con Cadena A, que se debe dejar que el Órgano Judicial trabaje.

El legislador recordó que tras la gestión de facto se encontró un Gobierno con la constitucionalidad destruida y que ahora el presidente Luis Arce está trabajando en reconstruirla.

"En una semana que (los opositores) estuvieron en Estados Unidos se pudo trabajar en la reactivación económica", subrayó.

El canciller del Estado, Rogelio Mayta, informó que la estrategia boliviana de lucha contra la pandemia del COVID-19 se refuerza en tres líneas de acción ante un contexto marcado por la demanda internacional de vacunas y las medidas restrictivas que aplican algunos proveedores de las dosis en el mundo.

“Nuestra estrategia tiene tres líneas de acción sencillas: la primera es que con quienes tenemos comprometido la provisión de vacunas, gestionamos que nos puedan entregar lo más pronto posible. Tenemos proveedor, le exigimos, negociamos, le exhortamos, le pedimos (que) nos dé lo que se había comprometido en la medida de lo posible”, explicó el jefe de la diplomacia boliviana.

La segunda línea de acción se basa en el contacto de nuevos proveedores para adquirir vacunas contra el virus. En enero, Bolivia comenzó la campaña de inmunización con la adquisición de vacunas Sputnik V. Ahora, la tarea continúa. Además, se cuenta con dosis de Sinopharm y AstraZeneca.

“Segunda línea: buscamos nuevos proveedores. Todos los que haya en el mercado, los empezamos a conversar, dialogar, ver características, precios y tiempo de disposición, y una tercera línea que vemos es de una solución estructural: planteamos el levantamiento de patentes para que se produzcan vacunas”, indicó.

La campaña que plantea la liberación de patentes fue presentada la semana anterior al Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia. Propone que países desarrollados que concentran más vacunas de las que necesitan permitan distribuirlas equitativamente a los países con mayor necesidad y efectos de la pandemia.

Además, propone que empresas farmacéuticas lleven a dominio público las patentes de diagnósticos, medicamentos y vacunas o emitir autorizaciones voluntarias oportunamente para lograr un acceso real a las mismas por parte de todas las naciones sin excepción.

Las tres líneas de acción se suman a los tres pilares estratégicos que el gobierno de Luis Arce aplica desde 2020 para enfrentar el virus en todas las regiones del Estado Plurinacional.

El primer pilar está basado en el testeo masivo para identificar los contagios y disminuir la letalidad. El diagnóstico temprano permite atacar la enfermedad en sus primeras manifestaciones y no cuando los daños son severos y en muchos casos irreversibles.

El segundo pilar de esta estrategia desde 2020 estuvo basado en la gestión de las vacunas. El Gobierno asumió como una prioridad la vacunación universal, gratuita y voluntaria contra el COVID-19 de todas y todos los bolivianos mayores de 18 años.

El tercer pilar del plan estratégico es la coordinación con todos los niveles subnacionales de gobierno. Se caracteriza por el trabajo en conjunto, coordinado y asumiendo las competencias que tiene cada nivel de gobierno sin distinciones políticas.

Autoridades del Ejecutivo, encabezadas por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), instalaron este jueves la mesa de comisión social, para analizar y atender el pliego petitorio de los trabajadores del país.

El pasado 8 de abril, en reunión sostenida entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), se definió la conformación de cuatro comisiones de trabajo para atender el pliego petitorio de ese sector.

En ese marco, en los últimos días avanza el dialogo en las otras tres mesas establecidas, la económica, la productiva y la de normas legales, trabajo que deberá concluir hasta el 1 de mayo.

La agenda de las mesas de dialogo incluyen temas educativos, de salud, vivienda, proyectos de ley a favor de los trabajadores y el análisis de las propuestas de incremento salarial.