El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, informó este lunes que el régimen de Jeanine Áñez solicitó Bs 12,8 millones de un presupuesto exigido a ocho filiales y subsidiarias de la estatal petrolera para un plan de unidades médicas de emergencia por el COVID-19 durante la gestión 2020, de los cuales al menos $us 1,21 millones fueron ejecutados de manera irregular.

La autoridad estatal explicó que los recursos económicos formaban parte de un desembolso total de $us 1,85 millones para el programa creado por el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, mediante una resolución, y una instrucción del entonces presidente de YPFB, Herland Soliz.

“El monto solicitado a estas empresas asciende a un total de Bs 12,8 millones, que equivalen a $us 1,85 millones, de los cuales $us 1,21 millones fueron ejecutados de manera irregular”, denunció en conferencia de prensa.

Dijo que la detección de la irregularidad fue lograda con una investigación realizada por la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB.

De acuerdo con Zelaya, el resultado del informe hizo que se instruya a las empresas filiales y subsidiarias la realización de una auditoría interna especial para hallar más detalles y determinar las responsabilidades respectivas.

“No obstante de esto, sin perjuicio a esa instrucción de auditoría, se va a llevar a cabo las acciones legales correspondientes contra las empresas que han incumplido ciertas normativas establecidas en YPFB, casa matriz, como también en las normativas establecidas en las filiales y subsidiarias”, agregó.

Asimismo, anunció que las acciones legales se ejecutarán también a otros niveles que correspondan en el Ministerio de Hidrocarburos.

Por su parte, la directora de Transparencia Corporativa de YPFB, Erika Chávez, detalló que la investigación del caso estableció que la ejecución del plan de unidades médicas de emergencia por el COVID-19 fue instruida por el exministro de facto, con la resolución Nro. 31/2020, que fue emitida el 23 de marzo de 2020.

“Se dispuso que YPFB y sus empresas filiales, de manera extraordinaria, se podría decir, realicen un apoyo a la lucha contra el COVID-19. Si bien en esta resolución se recomienda a YPFB realizar este apoyo económico, en la misma resolución obliga a YPFB a la realización y la ejecución de ese programa”, aseveró.

Chávez explicó que la ejecución del plan llegó al empleo de más de $us 1,2 millones de los más de $us 1,8 millones desembolsados, sin el seguimiento de las normas de contrataciones y desembolsos para compras irregulares de medicamentos e insumos sin descargos.

Sin embargo, explicó que la determinación asumida por Zamora “ha sido completamente irregular porque no se enmarcaba en sus competencias”.

“El rubro de la entidad tampoco se enmarcaba para este tipo de acciones. Ni siquiera los reglamentos que hacen a lo que es el manejo de bienes y servicios, de la entidad y de las subsidiarias, cubren esa situación. Es decir, la resolución ministerial emitida por el exministro Zamora es completamente ilegal”, aseveró.

Finalmente, manifestó que se recomendó el inicio de una acción penal contra la exautoridad estatal por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aclaró que el viaje desarrollado por un grupo de legisladores de oposición a Estados Unidos (EEUU) no fue autorizado por la directiva de esa instancia legislativa, por lo que el mismo fue a título personal y partidario.

“Primero, no hubo ninguna solicitud ante la Presidencia para la consideración de su viaje; segundo, no se tiene una invitación, no sabemos si han sido invitados desde el exterior para su viaje, entonces no tiene una autorización desde la Directiva de la Cámara de Diputados”, dijo a los periodistas.

Mamani mencionó que no se trata de que los legisladores opositores hayan estado en su semana regional o no, sino de que para cualquier salida del país se debe cumplir con los procedimientos legislativos y contar con una autorización, más tratándose de autoridades electas.

“No porque uno esté en su semana regional, no porque alguien diga que ‘no estamos gastando los recursos económicos del Estado’, se trata de la representación que hacen. Somos representantes electos, así que nos debemos al pueblo boliviano. En ese sentido debemos hacer cualquier representación como corresponde, con los mecanismos que tenemos como Cámara de Diputados”, precisó.

Finalmente, adelantó que de acuerdo al informe que será elaborado por la directiva camaral se determinará si corresponde algún proceso o si los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, y de Creemos, de Luis Fernando Camacho, son derivados a la Comisión de Ética.

El canciller Rogelio Mayta informó que la iniciativa boliviana de liberación de patentes para la distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19 cobra fuerza en el escenario internacional.

El Estado Plurinacional plantea en su campaña que países desarrollados, que concentran más vacunas de las que necesitan, permitan distribuirlas equitativamente a los países con mayor necesidad y efectos de la pandemia.

Además, propone que empresas farmacéuticas lleven a dominio público las patentes de diagnósticos, medicamentos y vacunas, o emitir autorizaciones voluntarias oportunamente, para lograr un acceso real a las mismas por parte de todas las naciones sin excepción.

“El pensar que la liberación de patentes es una solución, no lo estamos inventando. Es un razonamiento como que está flotando en el aire. Llegamos a esa misma conclusión después de nuestro propio análisis”, aseguró la autoridad gubernamental.

“Qué es diferente lo de Bolivia, que Bolivia lo está expresando, lo está diciendo, lo está demandando”, aseveró.

Informó que la propuesta de liberación de patentes ya es de conocimiento de escenarios internacionales. Una de las metas es que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) se sumen.

“Es algo que está cobrando fuerza. En los foros internacionales, hemos sido los primeros”, dijo.

Aseveró que Bolivia tiene acercamientos con India, China y con África para dar a conocer la iniciativa.

“Uno tiene que decir su verdad. No somos ciegos ante la injusticia y no podemos ser mudos. Tenemos que decir que lo injusto es injusto y eso estamos haciendo como país”, añadió.

Luego de que este domingo 25 de abril se repitiera la votación en cuatro mesas de sufragio, el cómputo oficial del departamento de La Paz llegó al 100%. El candidato de la agrupación Jallalla La Paz, Santos Quispe, fue electo gobernador y el Movimiento Al Socialismo (MAS) logró mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental.  

Se repitió votos en cuatro mesas de sufragio en los recintos temporales de las unidades educativas Juan Pablo II Don Bosco y Unión Bolivariana de la ciudad de El Alto, y en el Colegio Nacional Ayacucho y la unidad educativa Sergio Suárez de la ciudad de La Paz.

Hoy, el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer que Quispe logró 55,23% de los votos y el candidato del Movimiento Al Socialismo, Franklin Flores, 44,77%.

Respecto al número de asambleístas, el MAS obtuvo 35 de los 45 legisladores departamentales; Jallalla La Paz, tres; el Movimiento Tercer Sistema (MTS), uno; Sol.bo, uno; y la representación indígena, cinco.