“Queremos justicia, queremos que todo salga a la luz”, demandó este miércoles Reynaldo Huriarte, un mecánico y chofer que fue herido en el brazo izquierdo por una bala en una represión policial de la denominada masacre de Senkata, que se registró en la ciudad de El Alto en noviembre de 2019.

“Sólo quiero justicia”, recalcó, en una entrevista en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

El entrevistado pidió que los jueces y los fiscales que investigan lo sucedido hagan valer los derechos constitucionales del pueblo y que los responsables “paguen por los muertos y heridos”.

Dijo que los autores del golpe de Estado tienen que ser sancionados por la violenta represión militar y policial.

Detalló que su mano izquierda “ya no sirve” para realizar varios trabajos, como efecto de la herida de bala que recibió en el brazo.

“No quisiera que (lo sucedido) se quede así no más (…) Mi vida ha cambiado totalmente”, aseveró.

El entrevistado mencionó que su familia y conocidos de la escuela de sus hijos fueron los únicos que le colaboraron con un hogar y alimentos para subsistir durante el régimen de Jeanine Áñez, que fue impuesto como resultado del golpe de Estado de 2019.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este miércoles que dos misiones de observación local acompañarán la segunda vuelta en los comicios para elegir a gobernadores de cuatro departamentos de Bolivia el próximo domingo 11 de abril.

La alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) - Bolivia y Observa Bolivia son las dos entidades que desplegarán observadores en la segunda vuelta que se realizará en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija.

“OCD - Bolivia confirmó su participación e inició las tareas de coordinación con el TSE, solicitando la acreditación de sus observadores para desarrollar sus actividades con normalidad. Esta desarrollará una observación cualitativa, con cobertura en los cuatro departamentos (…) desplegando 64 observadores en recintos urbanos y rurales”, detalla un boletín de prensa del Órgano Electoral.

Por su parte, la iniciativa ciudadana Observa Bolivia, integrada por una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, también hará seguimiento al proceso electoral.

Ambas entidades participaron en la primera vuelta, el pasado 7 de marzo. En ese marco, el TSE ponderó la participación de la observación local, que sigue de cerca las acciones y características de la jornada electoral.

Además de la observación local, las misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) participarán en la segunda vuelta.

El canciller del Estado, Rogelio Mayta, calificó este miércoles como “una situación inédita y un precedente de la justicia” la decisión de un juez de Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, que ratificó la responsabilidad de ambos por la masacre de Octubre Negro de 2003 y que confirmó el pago de $us 10 millones para las víctimas.

“Es una situación inédita, es un precedente de la justicia de los Estados Unidos y también de la lucha contra la impunidad en Latinoamérica y en el mundo, que muestra que más allá de que existe gente rica y poderosa que comete graves violaciones a los derechos humanos, hay gente que también está dispuesta a que se haga justicia utilizando los mecanismos y posibilidades legales necesarias”, dijo.

Mayta realizó las declaraciones durante una entrevista con el programa “Con Aire Fresco” de la Red Patria Nueva, en la que afirmó que aún los acusados tratarán de apelar dicha decisión para dilatar y entorpecer el desarrollo del proceso para que este no llegue a su fin.

“A pesar de esto se ha dado un paso muy importante que hay que destacarlo y las víctimas se han acercado, con esta resolución, un poco más hacia la conclusión de este proceso”, aseveró.

El juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó en pasados días la moción planteada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, dictaminando que los demandantes establecieron que los asesinatos fueron ilegales según el derecho internacional y, por lo tanto, extrajudiciales, y que los acusados fueron los responsables.

En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.

El presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas, Juan Quispe, informó este miércoles que se analizará el fallo judicial estadounidense en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín para pedir su extradición en el marco de la ratificación de la sentencia que establece la responsabilidad por las muertes de octubre de 2003.

“En su momento, analizaremos también cómo vamos a utilizar esta sentencia también para pedir la extradición”, manifestó, en una entrevista con Bolivia TV.

El lunes, el juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó la moción planteada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la masacre de octubre de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.

El dirigente aseveró que el fallo judicial es importante desde el punto de vista legal porque se sienta un precedente de sanción en contra de un presidente.

El representante manifestó que la ratificación de la sentencia tiene relevancia social también porque “le da a pensar a la sociedad de Estados Unidos que los gobiernos no deberían proteger a personajes que cometen delitos de genocidio”.