El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó este miércoles que el silencio electoral regirá desde las cero horas de este jueves con miras a la segunda vuelta de votación de los comicios subnacionales para la elección de gobernadores en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija. El balotaje se efectuará el 11 de abril de este año.

Según un boletín institucional, las organizaciones políticas que participarán en el proceso electoral tendrán la prohibición de difundir propaganda en actos públicos de campaña o por los medios de comunicación.

La Ley 026 de Régimen Electoral determina que la difusión de propaganda fuera del plazo dará lugar a la “suspensión inmediata de la propaganda y a sanciones económicas”, tanto al frente político como al medio de comunicación que realizó la difusión del caso.

Además del silencio electoral para las organizaciones políticas se pondrá en marcha también el denominado “Auto de buen gobierno” en los cuatro departamentos.

La medida regirá 48 horas antes de la jornada electoral, lo que contempla una serie de prohibiciones y controles para la ciudadanía.

Para ese objetivo, las autoridades de cada departamento aprobarán sus respectivas disposiciones y coordinarán con la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas (FFAA) y los respectivos tribunales electorales departamentales para su cumplimiento.

La norma dispondrá que desde 48 horas antes de la jornada de votación y hasta las 12.00 del lunes 12 de abril de este año quedará prohibido el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y privados.

Desde las 00:00 hasta las 24:00 de la jornada de votación estará restringido el portar armas de fuego, punzocortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están comprendidas en esta prohibición.

Desde las 00:00 hasta las 24.00 de la jornada electoral quedará prohibido abrir locales comerciales, restaurantes, patios de comida, supermercados y mercados.

En ese mismo lapso también se restringirá la realización de actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo.

Desde las 00.00 hasta las 24.00 de la jornada electoral quedará prohibido el traslado de electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte.

Entre otras disposiciones, se restringirá la circulación de vehículos durante el proceso eleccionario en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, salvo los que cuenten con la autorización emitida por el TSE o los respectivos tribunales electorales departamentales.

Si un ciudadano es interceptado circulando en motorizados sin el permiso de circulación vehicular deberá pagar una multa de Bs 424.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, señaló este miércoles que el Gobierno reafirma su decisión y compromiso de trabajar para brindar un acceso a la salud a todos los bolivianos.

“Reafirmamos nuestra decisión de trabajar por una Bolivia con acceso a la salud para todas y todos”, escribió en su cuenta de Twitter en conmemoración al Día Mundial de la Salud. 

Como prueba de ello, mencionó la compra de “millones de pruebas, toneladas de medicamentos, aumentamos 3 mil ítems para salud e iniciamos la vacunación masiva gratuita”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que cada 7 de abril se conmemorará como el “Día Mundial de la Salud”, fecha escogida por la fundación de ese organismo internacional y por la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales para crear hábitos sanos en las personas.

Para 2021, la OMS invitó a unirse a una nueva campaña para construir un mundo más justo y saludable.

El candidato a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, ratificó este martes su visión de consolidar al departamento como líder en crecimiento económico a través de diversas acciones que apuntan a la industrialización.

“Fundamentalmente, nuestro plan está basado en la industrialización. La columna vertebral del plan de gobierno del Movimiento Al Socialismo, de Franklin Flores como gobernador, es la industrialización en La Paz, recuperar el liderazgo económico para La Paz”, afirmó el candidato en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia TV.

Dijo que actualmente el departamento está entre el segundo y tercer lugar en cuanto a crecimiento económico en el país, pero prevé potenciar la inversión pública, en alianza con el nivel central y municipal, para recuperar el liderazgo en ese ámbito.

“¿Qué pensamos hacer? Un complejo industrial metropolitano, transformar nuestras materias primas con valor agregado”, sostuvo.

También, dijo que está previsto implementar un complejo industrial “basado en ensamblaje de vehículos, autopartes, tecnología”, que sería implementado en la ciudad de El Alto, el cual, a la vez, generará “empleos y oportunidades para los jóvenes, para los egresados, titulados de las universidades, titulados de los institutos técnicos superiores”.

Flores dijo que se debe trabajar en la tecnificación de la explotación de la minería, así como en la fiscalización en las cooperativas.

A su vez, hizo referencia a la necesidad de ampliar las redes departamentales de caminos y hacer mantenimiento a las vías que son de importancia para el traslado de productos. Para ello, se debe dotar de la maquinaria necesaria a las instancias que se ocupan de la conservación vial, indicó.

En La Paz, el postulante del MAS, Franklin Flores, y Santos Quispe, de la agrupación Jallalla La Paz, diputarán la Gobernación el domingo 11 de abril en las urnas.

La segunda se aplica en todos los departamentos donde el ganador no haya obtenido el 51% de los votos o no haya logrado como mínimo el 40% y una diferencia del 10% sobre la segunda candidatura el 7 de marzo.

El ministro de Justicia, Iván Lima, calificó la decisión del juez estadounidense James I. Cohn como “un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad”, en relación a la ratificación de la sentencia de $us 10 millones impuesta contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, como resarcimiento a las víctimas de la masacre de octubre de 2003.

“El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, saluda como un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad el fallo del juez del Distrito Federal de Miami, James I. Cohn que ratifica la sentencia de $us 10 millones en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, como reparación por la masacre de hermanos alteños en octubre de 2003”, señala un comunicado difundido este martes a través de las redes sociales de esa cartera de Estado.

El juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó la moción planteada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la masacre de octubre de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.

El Ministerio de Justicia, a través del comunicado, sostiene que “la decisión del Juez Cohn se basa en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA en inglés) de 1992 y abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos”.

Detalla que el jurado de este caso, promovido por familiares de ocho de las más de 60 víctimas fatales de la masacre de octubre de 2003, escuchó los testimonios de 40 testigos durante un juicio oral que se extendió por tres semanas.

“La sentencia de 22 páginas suscrita por el Juez Cohn estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de bolivianos que se registraron después de la promulgación del Decreto Supremo 27209 de 11 de octubre de 2003, una norma presidencial similar al Decreto Supremos 4078 del 15 de noviembre de 2019 que derivó en las masacres de Sacaba y Senkata”, añade el manifiesto.

En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.

“Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, concluye el comunicado.