La Cámara de Diputados enviará una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, para que se esclarezca la controversia sobre los vuelos de marzo en el Aeropuerto Internacional de Chimoré, en Cochabamba.

La declaración surge a raíz de la denuncia realizada por trabajadores de Admiración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), quienes afirman que, tras la reapertura de la terminal en Chimoré, se permitió vuelos, aparentemente, sin la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

“Vamos a enviar una Petición de Informe al Ministro de Obras Públicas, porque necesitamos saber qué es lo que pasó realmente en ese aeropuerto para explicar al pueblo boliviano de qué se trata. En función al informe, tomaremos decisiones”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura.

El 10 marzo, se registraron vuelos en el aeropuerto de Chimoré. Como primera acción, el ministro Montaño destituyó el lunes al director de la AASANA, Ronny Balderrama, y las investigaciones del caso siguen su curso en las instancias correspondientes.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que, en el marco de la labor legislativa de fiscalización a entidades estatales, se realizará un seguimiento bajo el conducto regular establecido en el reglamento de esta instancia legislativa.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, pidió este martes que el acceso a las vacunas y los insumos para la lucha contra el COVID-19 sea por igual, para todos los países del mundo.

“No podemos dejar de insistir, una y otra vez, de que las vacunas e insumos para luchar contra la pandemia deben ser para todos por igual”, dijo, luego de recibir el lote de 200.000 vacunas Sinopharm y 4,2 millones de jeringas que llegaron de China la tarde de este martes.

La autoridad gubernamental hizo el pedido, al considerar que Bolivia no puede dejar de levantar su voz por las personas que no tienen acceso a los inmunizantes en varias latitudes del mundo.

Según Mayta, en el planeta hay todavía 60 países que no recibieron ni una sola dosis de vacunas para luchar contra el COVID-19.

A contramano, sostuvo que las siete naciones más ricas “han acaparado la mitad de las vacunas fabricadas hasta este momento”, y tienen inoculantes para inmunizar a su población hasta cinco veces.

“En este mundo inequitativo, se han aplicado 455 millones de dosis. El 56 por ciento, más de la mitad de esas vacunas, se han realizado en países de altos ingresos que no representan ni el 16 por ciento de la población mundial”, indicó.

Asimismo, mencionó que la población de los 19 países del mundo con menores ingresos económicos solo recibió el 0.1% de los inoculantes fabricados.

“Los más pobres siguen siendo los más discriminados, pese a los discursos de solidaridad de las grandes potencias de los países ricos”, agregó.

El titular de Relaciones Exteriores manifestó que los países ricos tienen, sin embargo, un falso sentido de protección, porque “la humanidad va a tener inmunidad cuando la humanidad esté vacunada”.

“Mientras un grupo de países ricos piense que está seguro porque ha vacunado a su población, una variante del virus se puede estar generando en ese otro lugar donde no se haya vacunado”, aseveró.

Finalmente, Mayta dijo que si el mundo tuviera una civilización que realmente fuera solidaria, debería pensarse en campañas de vacunación mundiales.

El presidente de la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Héctor Arce, presentó este lunes el proyecto de Ley de la Defensoría de la Madre Tierra, que crea una institución independiente en términos de trabajo administrativo y económico.

El proyecto establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional elegirá al titular de la Defensoría de la Madre Tierra, cuya gestión tendrá una duración de seis años. La nueva autoridad podrá elegir cinco delegados o delegadas regionales.

“Es una institución que va a trabajar de manera independiente al Órgano Ejecutivo y a todas las instituciones, y tiene la capacidad de emitir resoluciones, producto de la investigación. Esta ley es innovadora, es la primera en el mundo que va a debatida y analizada”, complementó Arce.

El legislador recordó que Bolivia fue una de las pioneras en el mundo en plantear el debate sobre el medio ambiente al interior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), haciendo aprobar una resolución que proclamó el 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra.

“Bolivia a la cabeza de nuestro hermano Evo (Morales) en su condición de Presidente de ese entonces, fue uno de los impulsores precisamente para hacer aprobar a través de una de sus resoluciones en la ONU una declaratoria del Día Internacional de la Madre Tierra, por tanto, esta norma vamos a discutirla para que esté aprobada para el 22 de abril, que es el Día de la Madre Tierra”, ratificó.

La presidenta de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, Lidia Tupa, informó este martes que, en coordinación con Cancillería, se trabaja en acuerdos para impulsar la reactivación económica en la frontera con Argentina.

Explicó que se busca un acuerdo con el Gobierno argentino debido a la demanda de sectores de bagayeros y gremiales que piden medidas en el sur boliviano. Aseguró que la pandemia del COVID-19 provocó restricciones en frontera debido a los controles.

“Hemos tenido reuniones con Cancillería para que se firme este acuerdo entre las cancillerías de Bolivia y Argentina, en el que se manifiesta la voluntad de ambos países de solucionar el tema fronterizo”, aseguró.

Explicó que el objetivo del trabajo entre autoridades es que bolivianos y argentinos puedan cruzar la frontera de manera segura a través de controles de bioseguridad y un protocolo ante la pandemia.

“Estamos trabajando en un protocolo de bioseguridad. Le hemos dicho a Argentina que tenemos vacunas y pruebas para que nuestros ciudadanos bolivianos puedan volver a trabajar”, dijo.

Sectores de bagayeros y gremiales, que se dedican al traslado de mercadería legal entre Argentina y Bolivia, fueron afectados en su economía desde la primera ola de contagios del COVID-19, más aún durante el régimen de Jeanine Áñez, cuando se aplicó un cierre total de fronteras.