El secretario ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, Limberth Tancara, informó este martes que el paro de los choferes afiliados a la Federación Primero de Mayo no es contundente y que en el interior del país se trabaja con normalidad.

“No es contundente el paro, vemos que sus mismas movilidades están trabajando”, dijo a la radio estatal.

El sector movilizado exige un nuevo diferimiento al pago de los créditos bancarios en lugar del periodo de gracia de seis meses que estableció el Gobierno para la cancelación de las deudas, sin el pago de interés ni capital.

El Ministerio de Economía sostiene que el diferimiento de los créditos bancarios perjudica al prestatario porque congela la inyección de recursos para reactivar los emprendimientos económicos y no alivia la carga de la deuda. Varios gremios del transporte firmaron un acuerdo con el Gobierno.

“Nosotros como transportistas lo único que queremos es reactivar (las actividades), no afectar al bolsillo de nuestros compañeros. Es por eso que vemos que muchos departamentos se han desmarcado de la de la Federación Primero de Mayo con el objetivo de trabajar”, agregó Tancara.

El presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, pidió este martes dejar de lado la pugna dirigencial, que se traduce en los paros y bloqueos que cumple un sector del transporte público, y pensar en la reactivación económica nacional.

Varios sindicatos de choferes del transporte público acatan hoy el primero de dos días de un paro nacional en demanda de la ampliación del periodo de diferimiento del pago de préstamos bancarios. La medida se cumple de manera parcial, según el reporte preliminar de la Policía.

“Desde un punto de análisis imparcial, las instituciones que están movilizadas, muchas de ellas son políticas (…), simplemente es una pugna de dirigencias que están aprovechando la desgracia de muchos”, dijo Cruz.

El dirigente afirmó que el transporte han sido unos de los sectores más golpeados por las restricciones de circulación y la suspensión de las actividades económicas durante la primera ola del coronavirus en 2020.

Para salir de esa crisis, señaló que los transportistas no pueden quedarse parados sin generar ingresos, por lo que abogó por el diálogo para encontrar soluciones al problema de pagos de créditos bancarios.

“Venimos reclamando que el Estado pueda hacer un plan de reactivación económica (…), por lo cual también ahora se está trabajando normalmente en Santa Cruz”, agregó el representante de la Asociación de Transporte Pesado Internacional.

La Confederación de Choferes de Bolivia rompió este lunes por la noche el diálogo sobre el pago de créditos bancarios instalado con el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, quien llamó a la reflexión a ese sector que ratificó el paro de actividades de 48 horas previsto para este martes y miércoles.

En declaraciones a la prensa, Montenegro sostuvo que en el diálogo las autoridades del Ministerio de Economía plantearon al sector del autotransporte que “se sume” al acuerdo suscrito por sus similares de varias regiones del país.

El pasado miércoles, el Ministerio de Economía, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y 10 sectores agremiados del transporte consensuaron y suscribieron un acuerdo que establece un periodo de gracia de seis meses, sin el pago de interés ni capital.

“Los compañeros (choferes) han salido rompiendo el diálogo, ya les he planteado el acuerdo y ellos han rechazado porque consideran que no es bueno para ellos, cuando les hemos explicado que da beneficios a los prestatarios que difirieron sus créditos”, señaló.

En ese marco, instó a ese sector que reflexione y se adhiera al acuerdo consensuado a favor de los prestatarios. “No es necesario hacer nuevos acuerdos ni adendas simplemente suscribir este acuerdo”, dijo.

Precisó que el artículo 18 de la normativa de Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) establece que los prestatarios podrán negociar la tasa de interés hacia la baja.

“Nosotros les hemos explicado a los compañeros que ya está establecida la posibilidad de una reducción de la tasa de interés y que no es necesario cambiar este acuerdo”, agregó.

Al respecto, el dirigente de los choferes, Ismael Fernández, ratificó el paro de transporte con bloqueo de carreteras y ciudades, por la “tozudez” del Ministro de Economía.

“Reiteramos que la medida de presión está dada y ojalá recapaciten las autoridades porque mañana (martes) vamos a estar en las calles, seguramente ahí esperemos que haya voluntad de otra autoridad que entienda a su pueblo”, señaló.

Esta jornada, los transportistas de Santa Cruz y Cochabamba decidieron no participar de la medida de presión en demanda de un nuevo diferimiento del pago de créditos, al igual que los gremiales que sostuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio de Economía, quienes explicaron los beneficios del acuerdo suscrito.

El Ministerio de Minería informó este lunes, a través de un comunicado, que se constituirá en parte querellante en contra de las personas que comercialicen mineral robado. La advertencia surge tras el intento de sustracción registrado la pasada semana en la mina Huanuni de Oruro.

“Se comunica a la población boliviana que esta cartera de Estado se constituirá en parte querellante contra los propietarios, gerentes o administradores de comercializadoras o ingenios de minerales que reciban, compren o vendan minerales provenientes de hurto o robo de mineral a las empresas estatales”, explica un comunicado de esa institución.

El intento de robo de mineral y material de trabajo de la mina Huanuni, administrada por el Estado, fue resistido por los obreros y derivó en la aprehensión de 45 personas.

Ante esos hechos, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), efectuará el análisis químico y verificación de los minerales para identificar su procedencia.

Asimismo, el Ministerio de Minería indicó que las personas que incurran en este delito serán remitidas de manera inmediata a las autoridades competentes.

Además, aclaró que la compra venta de mineral robado se constituye en un delito que se encuentra penado por ley, tipificado en el artículo 332 (Receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales), incorporado al Código Penal, 10 de marzo de 1997, por la Ley 1093 del 29 de agosto de 2018.