La Paz, 09 de octubre de 2025 (ABI). – Articulados por la Vicepresidencia, una decena de instituciones del Estado se unieron para combatir la minería ilegal y preservar el ecosistema de los municipios agrícolas de Alto Beni y Palos Blancos.
Participarán de esta labor los ministerios de Minería y de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el Ministerio Público, la Policía, las Fuerzas Armadas y alcaldías de Alto Beni y Palos Blancos, todas articuladas por la Vicepresidencia del Estado.
Los representantes de estas entidades firmaron el protocolo interinstitucional de coordinación para luchar contra la minería ilegal: Plan piloto en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, del departamento de La Paz, cita un reporte de la Vicepresidencia del Estado.
El protocolo marca un hito porque permite una intervención preventiva y correctiva, respetando los derechos fundamentales, el medio ambiente y las competencias de cada entidad.
Durante el acto de firma, el secretario General de la Vicepresidencia a.i., Harley Rodríguez, destacó la importancia de consolidar un mecanismo efectivo que permita mitigar y eliminar los problemas asociados a la minería ilegal que se presentan con mayor fuerza en regiones que requieren presencia estatal concreta.
Rodríguez también subrayó que esta iniciativa responde a la demanda de las comunidades afectadas y a la necesidad de evitar desastres ambientales, como los ocurridos recientemente en Tipuani y Viacha.
Por su parte, el alcalde de Alto Beni, Beltrán Márquez, expresó su satisfacción por la firma del documento y la protección del ecosistema de la región, porque más de 50 mil habitantes se dedican a la producción agrícola y al desarrollo de la industria del cacao y frutas.
Para el alcalde de Palos Blancos, Berman Arancibia, este protocolo es fruto de un esfuerzo colectivo que responde al compromiso por defender el territorio y la Madre Tierra.
La firma del protocolo interinstitucional sienta un precedente importante para la lucha contra la minería ilegal en Bolivia.
Más allá de su alcance local, se perfila como un modelo que puede ser replicado en otras regiones del país, fortaleciendo la coordinación entre instituciones y acercando la acción del Estado a las zonas donde se presentan los mayores desafíos ambientales y sociales.
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