La Directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), Evelin Fortún, destacó la importancia de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 como una herramienta para evitar la muerte por este virus, cuyas variantes Gama, Lamda y Mu fueron detectadas en algunas regiones del país en las muestras analizadas hasta el mes de junio de este año.  

La autoridad, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, destacó la capacidad de laboratorios bolivianos para realizar la detección de las variantes, situación que no ocurría antes.

“Nosotros invitamos a que la población pueda vacunarse, es una herramienta de defensa que nosotros podemos utilizar para no llegar a complicaciones que pudieran llegar hasta la muerte”, indicó Fortún.

Al respecto, el ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este martes que los primeros estudios de secuenciación genética realizados por Inlasa identificaron que “en la época más alta (de la pandemia) hemos identificado la variante Gama P-1 brasilera en un 53%, en Pando, Beni, Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí; la variante de interés Lamda o conocida como C-37 Andina, en un 18% en Oruro y Potosí y también en el país en un 12% hemos identificado la variante B-1 621 denominada como variante MU o más conocida como colombiana”, indica un boletín de prensa del Ministerio de Salud.

Al respecto, Fortún agregó que esos estudios del Inlasa se efectuaron en base a muestras tomadas hasta el mes de junio de este año. Durante ese periodo no se encontraron indicios sobre la presencia de la variante Delta, indicó.

La autoridad insistió en que la vacuna es una herramienta que recibe cada persona para que pueda defenderse y protegerse del coronavirus, evitando la muerte o las complicaciones graves causadas por esa enfermedad.

El Reporte N° 541 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 403 casos este martes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 762. Los decesos llegaron a 15 y los casos descartados a 6.223 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 118 y 65 casos, respectivamente. La Paz registró 55 casos; Tarija 55; Potosí 48; Chuquisaca 35; Oruro 14; Beni 10; y Pando 3.

El reporte añade que hay 33.025 casos activos y 1.835.167 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 493.518 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 441.964 se recuperaron y hubo 18.529 decesos.

El Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Tarija lleva adelante una campaña, del 6 hasta el 11 de septiembre, para emitir certificados de nacimiento y brindar otros servicios prioritarios en favor de pueblos indígenas que habitan cinco localidades del departamento.

“Además de la certificación gratuita, las brigadas realizarán trámites de saneamiento de partidas de nacimiento que tengan observaciones y luego de la corrección se otorgará un certificado duplicado gratuito; asimismo, se hará la inscripción de niños y niñas de 0 a 12 años de forma gratuita”, señala un comunicado de prensa.

También se inscribirá a personas mayores de 12 años mediante trámites administrativos y se entregará un certificado gratuito; en el caso de las personas mayores de 18 años, se las registrará en el padrón electoral. Asimismo, se procederá al registro de reconocimiento y defunciones.

Las poblaciones originarias que viven en los municipios de Entre Ríos, Caraparí, Villamontes y Yacuiba son los guaraní, weenhayek y tapiete.

Los días 6 y 7 de septiembre, la brigada el Serecí visitará la localidad de San Francisco del Inti; entre el 8 y 9 de septiembre, se ingresará a la localidad de San Antonio. El mismo 9 de septiembre, el despliegue será en la localidad de Puesto García.

La campaña continuará el 10 de septiembre, en la localidad de Chimeo y concluirá al día siguiente en la localidad de Tucainty, en el municipio de Villamontes.

“Se prevé que durante la campaña, que durará 41 días, se beneficie a 24 localidades y se emita mil certificados de nacimiento gratuitos en favor de la población indígena”, indica el documento.

El Serecí determinó llevar a cabo la actividad con el objetivo de beneficiar a esas poblaciones, que son consideradas como un sector vulnerable de la sociedad debido a que sus habitantes viven en lugares alejados y tienen dificultades para salir a las ciudades a realizar diferentes trámites, además que son personas de escasos recursos.

Debido a ello, muchos niños y niñas no cuentan con sus respectivos documentos de identidad y/o tienen partidas de nacimiento con observaciones.

Las brigadas prevén atender a 24 comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas de los municipios de Entre Ríos, Caraparí, Villamontes y Yacuiba, previa coordinación logística con las autoridades locales.

Los familiares de las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, Betanzos y Montero, se congregaron en la ciudad de La Paz para exigir el procesamiento de las autoridades que aprobaron el “Decreto de la muerte” durante el golpe de Estado de 2019 y para exigir el enjuiciamiento de los impulsores del régimen de facto como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entre otros.

Las declaraciones fueron realizadas este martes por Alberto Fuentes Urquizu, dirigente de los familiares de las víctimas, en una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Federación de Juntas Vecinales, según el reporte de radio Patria Nueva.

El representante dijo que la Fiscalía ya cuenta con las revelaciones y testimonios contenidos en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con otras pesquisas que confirman que entre 2019 a 2020 se produjeron masacres, ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones masivas a los derechos humanos.

Por ello dijo que se debe procesar, detener y sancionar a quienes, por ejemplo, aprobaron el “decreto de la muerte”, es decir el Decreto número 4078 que dio inmunidad a los militares para matar a la población civil desarmada.

Ese decreto estableció, en su artículo 3, que “el personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

Tras la aprobación de ese decreto que blindó los operativos militares y luego se produjeron las masacres de Senkata y Sacaba.

Ese decreto fue firmado el 14 de noviembre de 2019 por Jeanine Áñez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizarraga Vega, según consta en la página web de la Gaceta Oficial de Bolivia.

Para exigir sanciones a quienes aprobaron ese decreto, se realizarán marchas a partir de mañana miércoles.

A su turno, Rosmery Peralta, de los familiares de las víctimas, dijo que las mujeres fueron quienes más sufrieron la vulneración a sus derechos humanos por parte del régimen de facto.

Dijo que las vulneraciones que sufrieron no solo fueron físicas, sino también psicológicas.

La representante expresó su condena a la decisión judicial de no encarcelar a los integrantes de la organización delictiva Resistencia juvenil Cochala (RJC) pese a que atacó a indígenas y mujeres de pollera y pese a que fue el brazo armado parapolicial del golpe de Estado de 2019.