"Pido 30 años de cárcel para la señora Jeanine Áñez y ¡justicia, justicia!", exclamó Maritza Flores Choque, este lunes, en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por el canal Bolivia Tv.

Entre lágrimas, la entrevistada relató que fue detenida el 1 de mayo de 2020 por los policías cuando salió a comprar verduras para sus dos hijos, de cuatro y cinco años, por el sector del puente Vela, en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto.

"Los policías me detuvieron, me gasificaron y me dieron puñetes en la nuca y el estómago", recordó y aclaró que fue interceptada por los efectivos solo por el hecho de caminar por donde había bloqueos.  

Luego de ser detenida, Maritza fue trasladada al Centro Penitenciario de Obrajes en La Paz, donde estuvo encarcelada por cinco meses sin frazadas para cubrirse del frio. Ante esto, sus dos niños tuvieron que ser trasladados a la casa de su abuela materna en el campo.

Manifestó que su dignidad fue dañada y ahora no puede conseguir trabajo. Ante esa situación, pidió colaboración a las autoridades pues en su hogar es madre y padre, además que tiene una deuda en el banco.

La joven madre imploró que anulen este injusto antecedente y el arraigo que le aplicaron. Asimismo, suplicó que se le devuelva el celular que le arrebataron, sus hijos necesitan esta herramienta para asistir a sus clases virtuales.

Durante el acto realizado este lunes en el sector de Los Rosales de la zona Sur de La Paz, donde se encuentra el mural conmemorativo a las víctimas de los hechos violentos registrados en 2019, el diputado de la Asamblea Nacional de la República de Francia, Jean-Luc Mélenchon, se solidarizó con las familias afectadas y se unió al pedido de justicia.

“Quiero presentar mis más sentidas condolencias a los que perdieron hermanos y hermanas y a todos los familiares y al pueblo de Bolivia que ha sufrido esta violencia. Tengan la certeza que cuando hablo, habla el pueblo francés y dice su solidaridad, su amor por los humildes, los que luchan y mueren únicamente por su dignidad de ser humano, de ciudadano”, expresó. 

El legislador francés dijo que es deber de las autoridades investigar y evidenciar si hubo crímenes y hacer justicia sobre esos hechos. “Es necesario que las autoridades decidan si hay juicios para ver si hubo crímenes o no y eso es necesario, si nos quedamos con crímenes y muertos que no se tratan, seguirá corriendo la disputa, la venganza. La forma legal es justicia, la ley que se aplique a todos de la misma manera”, sostuvo.

Por su parte, Frida Conde, presidenta de la Asociación de víctimas de la zona Sur, a tiempo de expresar su preocupación por las amenazas del alcalde electo Iván Arias de destruir el mural, dijo que se continuará con la tarea de hacer conocer al mundo las masacres que sufrió el pueblo boliviano en 2019.

“Queremos hacer conocer a las autoridades extranjeras que ha habido una masacre aquí. En el mural nosotros reflejamos todo lo que ha pasado, lo que hemos sufrido y hemos perdido a nuestra familia. (…), pedimos a las autoridades correspondientes proteger este mural que no se pierda simplemente, queremos que no se olvide. Que haya justicia, verdad, reparación y no repetición”, solicitó.

“El 11 de noviembre de 2019 empezó la represión de la policía junto a los cascos blancos amarillos, acá en la zona del Pedregal, donde mataron a mi hermano, le quitaron la vida y no conforme con lo que hicieron, subieron y siguieron reprimiendo en toda esta zona donde hay dos fallecidos por herida de bala, según informes forenses. Hubo detenidos y mujeres torturadas”, recordó Conde.

El director de Emergencias y Auxilio del Ministerio de Defensa, Edgar Hugo Arispe, entregó este lunes 4,6 toneladas de alimentos para 150 familias damnificadas por inundaciones suscitadas en seis comunidades del municipio de Santa Rosa de Yacuma, en el departamento del Beni.

“La Dirección General de Emergencias y Auxilio del Viceministerio de Defensa Civil entregó, entre el domingo y este lunes, 4,6 toneladas de ayuda humanitaria para paliar las necesidades de 150 familias damnificadas por inundaciones suscitadas en comunidades del municipio de Santa Rosa de Yacuma, del departamento del Beni”, mencionó, citado en un boletín institucional.

Los alimentos fueron entregados a las autoridades locales, representantes y pobladores de las comunidades de Puerto Teresa, Puerto Yata, El Candado, El Encerrado y Tacuaral.

La pasada semana, el Viceministerio de Defensa Civil también proveyó alimentos para más de 200 familias de 18 comunidades de Beni que fueron afectadas por los desastres naturales.

Entre los pueblos beneficiados estuvo Emanuel, Puerto Motor, Puerto Yumani, Carmen Soledad, Villa Progreso, La Embocada, Bajo Colorado, Carmen Florida, Real Beni, San Antonio del Sani, Asunción del Quiquibey, Alto Colorado, Barrio Isla Grande, Indígena Santa Rosita, Junta Vecinal Santa Rosita, Barrio 10 de Septiembre y Rurrenabaque.

La ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, recordó este lunes que los servidores públicos que quieran acceder a la carrera administrativa en el Estado deberán cumplir con el “Servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador”, que requerirá que pongan sus conocimientos técnicos y cualidades al servicio de la sociedad y de la comunidad de forma solidaria.

“El Servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador es el desarrollo de un conjunto de actividades no remuneradas, enmarcadas en el principio de Servir Bien para Vivir Bien, mediante el cual los servidores públicos pondrán sus aptitudes, cualidades competencias, conocimientos, destrezas y conocimientos técnicos o profesionales al servicio de la comunidad, de forma solidaria y recíproca”, explicó, según un boletín institucional.

La autoridad estatal agregó que “toda persona que pretenda acceder a la carrera administrativa deberá cumplir el período de prueba: 48 horas efectivas”.

Las tareas que deberán efectuarse están detalladas en el reglamento respectivo, que está dirigido a los servidores públicos que se presenten a convocatoria pública interna o externa para acceder a la carrera administrativa, como también en el caso de los ciudadanos que postulen a un cargo.

Según Navia, el artículo tercero del documento menciona, además, que los servidores públicos electos, designados, de libre nombramiento, internos y provisorios, tienen que hacer también el servicio.

Las áreas de intervención son salud, atención y auxilio oportuno, educación, fomento a la cultura, prevención y eliminación de toda forma de violencia, producción de alimentos y labores de sembradío, mantenimiento de vías y rehabilitación de espacios públicos, así como mejora de infraestructura educativa, servicios básicos y vivienda, y asistencia técnica especializada que será una orientación profesional o técnica en comunidades.

El Ministerio de Trabajo, en coordinación con distintas entidades del sector público, elaborará guías y protocolos para el cumplimiento del servicio, indica el reporte.