El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó este martes que China donará 2 millones de barbijos a Bolivia para el personal de salud que brinda atención a los pacientes contagiados con COVID-19.

“A mediados de febrero nos van a llegar como donación, como cooperación no reembolsable de China, 2 millones de barbijos que serán distribuidos entre las personas que están tratando con enfermos en los distintos centros de salud”, dijo en una entrevista con radio Patria Nueva.

En horas de la mañana, el ministro de Salud, Jeyson Auza, recibió otra donación de ese país asiático consistente en 14 respiradores y 53 mil pruebas rápidas PCR para luchar contra esa enfermedad.

Blanco destacó uno de los pilares del plan estratégico integral de lucha contra el COVID-19, aplicado por el Gobierno del presidente Luis Arce, que es el de las pruebas masivas y gratuitas de fácil acceso para la población para la detección temprana de la enfermedad.

“Las pruebas son una de las estrategias para prevenir y detectar qué personas se encuentran contagiadas y se puedan aislar y medicar de manera temprana para evitar la tasa de letalidad”, afirmó.

Asimismo, agradeció a China por este tipo de donaciones que permiten estrechar lazos de cooperación entre ambos países.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Reneé Castro, informó este martes que antes de la llegada masiva de las vacunas contra el COVID-19 prevista para marzo próximo, se habilitará el registro en línea para quienes decidan inmunizarse voluntariamente, priorizando los grupos de riesgo.

“Estamos habilitando un pre-registro donde se les van a pedir algunos datos (…). Vamos a tener un portafolio de vacunas y por ello es fundamental llevar a cabo este registro. Si yo me vacuno con la vacuna “A”, mi segunda dosis tiene que ser de la vacuna “A” y justamente por eso se hará un pre-registro en línea para que el personal de salud pueda anotar”, explicó la autoridad.

De acuerdo con un boletín institucional, mediante el pre-registro el sistema de salud tendrá los datos generales de la persona que desea ser inmunizada: identificación, sexo, edad e información sobre enfermedades de base que padeciera, entre otros. Con esta información se priorizará y convocará a los grupos de riesgo –mayores de 60 años y personas con enfermedades de base–, para que sean los primeros en recibir la vacuna.

Cuando esa persona vaya al centro de vacunación, para recibir su primera dosis, se registrará la fecha y qué vacuna recibió: “x”, “y” o “z”. A partir de este registro se citará a la persona en 21 o 28 días, dependiendo de qué vacuna haya recibido, para administrarle la segunda dosis de la misma inmunización.

“El registro en línea se diseña en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic). La idea es programar la inmunización por sectores priorizados”, explicó la Viceministra.

La población deberá acudir a los establecimientos públicos de salud y en las cajas de salud para la vacunación. Quienes no tienen seguro, pueden vacunarse a través de Sistema Único de Salud (SUS).

Los vacunados deben seguir con las medidas de bioseguridad.

Las personas vacunadas deben mantener las medidas de bioseguridad (uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento físico de un metro y medio), especialmente en el lapso entre la primera y segunda dosis, debido a que con la primera dosis aún son susceptibles de contagio.

La Defensoría del Pueblo, a través de una nota dirigida al ministro de Educación, Adrián Quelca, pidió iniciar de oficio la fiscalización a 18 unidades educativas privadas que fueron denunciadas ante esa institución por irregularidades cometidas en el proceso de inscripción para esta gestión educativa.

“Manifestamos nuestra preocupación dado que se estaría afectando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con determinaciones arbitrarias, bajo el argumento de la voluntariedad de contratos, desconociendo el interés superior del niño”, dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, citada en un boletín institucional

Ante el inicio de las inscripciones escolares, esa instancia defensorial recibió denuncias de irregularidades al momento de firmar contratos entre los padres de familia y las unidades educativas privadas.

Entre los colegios privados denunciados están: Sagrados Corazones, Santa Ana, Instituto de Educación Bancaria, Don Bosco, San Calixto, San Antonio de Padua, Rosa Gattorno y Unidad Educativa de Convenio “Néstor Peñaranda” en La Paz.

Además de La Salle, Santa Ana en Santa Cruz, Reid Shepfard, Franz Tamayo en El Alto, Colegio Británico en Tarija, Jardín de Niños Campanita, Don Bosco en Chuquisaca, Domingo Sabio en Cochabamba, y Santa María en Potosí.

En su juicio, estas denuncias reflejan la preocupación de los padres de familia ante determinaciones que afectan su estabilidad económica, sobre todo en tiempos de pandemia.

Un estudio de la Defensoría del Pueblo identificó la falta condiciones de infraestructura y personal en centros de atención a personas que viven con el VIH/Sida.

“El informe identificó brechas en el cumplimiento de la obligación de atención integral multidisciplinaria a las personas que viven con VIH/Sida. De 22 establecimientos visitados, solo el 23 por ciento reúne las características que permiten la atención a estas personas”, informó esa institución estatal.

Además precisó que el 77% de las infraestructuras visitadas no reúne las características mínimas de atención a los pacientes y que el 86% de esos establecimientos carece del personal multidisciplinario requerido.

También estableció que el 36% de esos centros no cuenta con una oficina de trabajo social, el 23% no tiene consultorio psicólogo ni oficina de trabajo social, el 4,5% carece de consultorio general y el 4,5% no tiene un área de recepción.

Las carencias son tales que en el 41% de los centros la infraestructura no permite la atención con privacidad ni confidencialidad de las personas, advirtió la Defensoría del Pueblo.

En ese marco, recomendó al Ministerio de Salud garantizar el suministro de antirretrovirales de manera oportuna y a los servicios departamentales de salud mejorar las condiciones de infraestructura para brindar atención a las personas que viven con VIH/Sida.