Sucre, 03 de octubre de 2023 (ABI). - El Tribunal de Juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó suspender la audiencia en el caso Petrocontratos hasta el martes 17 de octubre, a solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE).
El presidente de Tribunal del caso Petrocontratos, Olvis Egüez, explicó que el procurador general del Estado, César Siles, que asumió el cargo el 6 de septiembre, solicitó la postergación para conocer a detalle “todas las pruebas y documentación”.
“En virtud a ello, en cumplimiento a lo que establece el artículo 119 de la Constitución Política del Estado y 12 del Código de Procedimiento Penal da lugar a la presente solicitud en el entendido que la igualdad de las partes es una vertiente del debido proceso que, a su vez, constituye un principio constitucional que debe ser de aplicación del presente tribunal”, indicó.
Egüez fijó la nueva audiencia para el día martes 17 de octubre a las 15h00.
El caso Petrocontratos se activó en 2005 contra los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge "Tuto" Quiroga, además del exministro Carlos Alberto Contreras del Solar y otros implicados.
Quiroga, que era procesado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica por la presunta firma de contratos petroleros para la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional sin autorización del Congreso, se acogió a un Decreto de Amnistía promulgado por Evo Morales en 2018 y fue excluido del caso.
Sánchez de Lozada, Contreras del Solar y otros implicados están acusados por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Estas sindicaciones están relacionadas con la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos fueron suscritos sin la autorización del Legislativo, como mandaban las normas legales.
De 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión del gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002); y uno en la de Carlos Mesa.
Los documentos, según las acusaciones que llegaron al Ministerio Público, favorecieron los intereses de las petroleras en detrimento del interés del Estado.
Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando dejó Bolivia y dimitió a la Presidencia en medio de una crisis política y social agudizada por una represión que acabó con más de 67 muertos y 400 heridos por impactos de bala. Las movilizaciones rechazaban la exportación de gas por puertos chilenos y pedían la nacionalización de los hidrocarburos y convocar a una Asamblea Constituyente.
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