El Tribunal de Sentencia N° 2 de Quillacollo sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto a Heliodoro J. N. de 44 años de edad por el delito de feminicidio, hecho ocurrido en 2017 en el municipio de Sipe Sipe, Cochabamba.

“Como Ministerio Público se presentaron varias pruebas en el juicio entre ellas el acta de autopsia, la herramienta de agricultura con la que Heliodoro J. N. le quitó la vida a la mujer, entre otros, mismos que fueron valorados por los miembros del Tribunal que determinaron la sentencia condenatoria de 30 años de cárcel para el autor de la muerte de Rosaura”, informó la Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero.

El Fiscal de Materia Javier Morales relató que el hecho se registró el 7 de noviembre del 2017 en un domicilio de la localidad de Parotani, municipio de Sipe Sipe, donde la policía realizó el levantamiento legal de cuerpo de una mujer que presentaba una herida en la cabeza. Según el acta de autopsia elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la causa de la muerte fue por traumatismo encéfalo craneal con exposición de masa encefálica, producido por un objeto contundente.

El concubino de la víctima relató que discutió con ella por celos y le reclamó su constante desaparición de la vivienda y en ese momento agarró una picota y la golpeó en la cabeza. Poco después llamó a un médico de la zona quien después de ver a la mujer sin vida convocó a la policía.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero, informó que el Ministerio Público inició la investigación del primer caso de Infanticidio del año en esa región y detalló que la víctima es un niño de seis años que habría sido degollado por su tío Jhon Q.M., de 21 años.

El hecho de sangre se registró en una vivienda de la zona sud de la ciudad de Cochabamba. El sospechoso se encuentra en calidad de aprehendido en celdas policiales.

“La Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida y el equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se constituyó al lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, para realizar el procesamiento de la escena del hecho. Se colectó el cuchillo de mesa con el que se habría cometido el delito y otros elementos que coadyuvarán en la investigación”, dijo Gonzáles.

El fiscal de materia Juan Pablo Castro explicó que el hecho se registró al promediar las 15h00 horas del 29 de enero de 2021 en un domicilio de la zona Alto Cochabamba.

“El abuelo de la víctima fue el primero en percatarse de lo sucedido y denunció el hecho a la Policía, cuyos efectivos llegaron a la vivienda y encontraron al agresor junto al cuerpo del niño y con manchas de sangre en sus manos”, agregó.

Según el Ministerio Público, el sospechoso dijo en su primera declaración que el menor se encontraba poseído por el demonio y por eso cometió el delito, después fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público.

La investigación también da cuenta que el ahora aprehendido presuntamente consume marihuana y además cumplió sentencia condenatoria en un penal de la ciudad de Cochabamba por el delito de robo.

El fiscal departamental de Oruro, Gonzalo Álvarez, informó este viernes que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo emitió la condena de 30 años de privación de libertad contra Nelson J. P. M., de 18 años, quien fue autor del feminicidio de su exnovia D.G.F., de 15 años, con 28 puñaladas, hecho ocurrido hace tres años.

“Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público ofreció las pruebas consistentes en actas de registro del lugar del hecho, colección y secuestro de indicios materiales, informe de dictamen pericial, informe de la autopsia de Ley, declaraciones testificales, entre otros elementos que demuestran la culpabilidad de Nelson J. P. M., por lo que la autoridad jurisdiccional dispuso la máxima pena por este delito”, dijo, citado en un boletín institucional.

La condena deberá ser cumplida en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro.

Según los antecedentes del caso, Nelson J. P. M. y su novia D.G.F. fueron a pasear en una motocicleta el 29 de enero de 2018.

Al llegar por inmediaciones del balneario Capachos, ubicado a unos 10 minutos de la ciudad de Oruro, ambos iniciaron una discusión.

En ese momento, Nelson J. P. M. sacó un cuchillo de su mochila, atacó a su entonces pareja y le propinó 28 heridas corto punzantes. Luego de cometer el hecho el hombre se fue del lugar y dejó el cuerpo de la menor tirado en el piso.

Al día siguiente, vecinos del lugar llamaron a la Policía para reportar la existencia de un cuerpo sin vida, por lo que el Ministerio Público inició la investigación respectiva y gracias a las declaraciones de la hermana de la víctima se conoció que Nelson J. P. M. fue la última persona con quien la víctima fue vista.

Según el informe de la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses, la causa de muerte de la menor fue schock hipovolémico por hemorragia masiva secundaria, traumatismo torácico abdominal por arma blanca, y lesión mortal de corazón y pulmón izquierdo.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que se descubrió que el régimen de Jeanine Áñez realizó contrataciones irregulares de compras de insumos y mantenimiento de vehículos para los viceministerios de Defensa Civil y Lucha contra el Contrabando, por más de 4.2 millones de bolivianos.

“Esto nosotros hemos tenido que pasar a auditoría, porque al no tener los documentos de respaldo debidamente, es decir en orden, lamentablemente nosotros tenemos dificultades para proceder al pago”, dijo, en una conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental explicó que uno de los contratos se hizo con una empresa por una venta por más de 2.7 millones de bolivianos, para la provisión a Defensa Civil de herramientas, insumos y trajes de bioseguridad, botas y alquiler de cisternas, entre otros ítems.

La revisión de archivos hizo que sólo se encuentre un documento privado suscrito “directamente” entre el ministro de Defensa del régimen de Áñez, Luis Fernando López, y los representantes de la proveedora, complementó.

Asimismo, Novillo mencionó que el segundo caso tiene que ver con la contratación de varias empresas y talleres para el mantenimiento de vehículos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

“Estos trabajos de mantenimiento vehicular se han realizado tampoco tienen ningún documento de respaldo. En todo caso, han sido sólo compromisos verbales que se han dado entre estas empresas y seguramente autoridades del Ministerio (de Defensa) de la pasada gestión”, añadió.

El titular de Defensa manifestó que la deuda con las empresas y los talleres asciende a más de 1.8 millones de bolivianos.