La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinó Bs 167,9 millones para beneficiar con gas domiciliario a más del 90% de los habitantes del Distrito 9 del municipio de Cercado, en Cochabamba. Este lunes, el presidente, Luis Arce Catacora, entregó 21.484 nuevas instalaciones domiciliarias.

“Estoy contenta de que el gas domiciliario llegue a barrios alejados de la ciudad, es un sueño tener el gas instalado en mi casa. Un anhelo cumplido que mejora nuestras vidas porque pagamos menos. Recuerdo, una época de escasez y con llovizna, me fui corriendo tras el gasero y se me rompió la chancleta y, con esas dificultades de por medio, conseguí apenas una garrafa de gas y logré cocinar. Gracias a la gestión del presidente Arce, esto queda en el pasado”, indicó Miriam Villarroel, beneficiaria de esta zona.

El Distrito 9 tiene 116.920 habitantes, según datos del último Censo de 2012, de los cuales 107.420 cuentan con gas domiciliario en sus viviendas. La cifra más allá de ser un número frío se transforma en una conquista de demandas sociales con la democratización del acceso a este servicio básico, en una zona que demanda mayor atención e inversión para su desarrollo, detalla un comunicado de la estatal.

Además, un componente del proyecto es que empuja la reactivación económica del país ya que, en 2021, se reiniciaron los trabajos con 102 empresas instaladoras para culminar la labor.

“Como YPFB reanudamos obras después de un año, luego de que el trabajo fuera interrumpido por el golpe de Estado que privó a muchas familias de nuevas conexiones. Estamos aportando a la reactivación económica. Los anhelos del pueblo son un compromiso de trabajo para cumplir el objetivo sin escatimar esfuerzos”, señaló el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Wilson Zelaya.

Durante el gobierno de facto, no se pagó a las empresas instaladoras. A partir de noviembre de 2020 se aceleró para el aumento de beneficiarios en ese municipio con la asignación de lotes de trabajo y habilitación de nuevos medidores.

Ahora la realidad de las familias de esta zona periurbana se transforma porque con sólo abrir una llave pueden hacer uso del gas natural gracias a la implementación, en este lugar, de 4 estaciones de regulación de presión, 22.615 metros de red primaria y 423.391 metros de redes secundarias.

Según el reporte epidemiológico N° 546, el Ministerio de Salud y Deportes informó que este domingo se registró 141 casos nuevos de COVID-19, dato menor respecto al sábado cuando se anotaron 230. 

De los 141 nuevos contagios, 49 son de La Paz, 31 de Santa Cruz, 17 de Cochabamba, 14 de Potosí, 12 de Chuquisaca, 10 de Oruro y 8 de Tarija. Tomando en cuenta estos datos, el total de casos en el país llega a 495.035, de los cuales 30.381 son activos.

El número de recuperados esta jornada es de 619, de los cuales 302 están en La Paz, 130 en Santa Cruz, 128 en Chuquisaca, 34 en Cochabamba, 20 en Potosí y 5 en Oruro, con lo que el total de pacientes que fueron dados de alta alcanza a 446.067.

Esta jornada, se anotó 2.217 pruebas negativas, con lo que el número de descartados llega a 1.859.927. Se registró cinco fallecidos, con lo que la cifra total de decesos es de 18.587.

Mediante la línea gratuita de atención COVID-19, 800 10 1104 se realiza el monitoreo de 394 personas que se encuentran con sospecha de portar la enfermedad. El Gobierno gestiona la llegada de vacunas, pruebas e insumos para luchar contra la enfermedad.

Se recomienda a la población recurrir a los puntos de vacunación y no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad, que son el uso correcto de barbijo, lavado frecuente de manos, uso de alcohol desinfectante y distancia de al menos metro y medio.

La Constitución Política del Estado establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; en este contexto, el Presupuesto General del Estado - PGE se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal para reconstruir y reactivar la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a la inversión pública, así como los gastos en los sectores de salud y educación, políticas sociales, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.

Desde una perspectiva estructural, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, por lo que el PGE incorpora a las empresas públicas, entidades de seguridad social, universidades públicas, entidades descentralizadas, los órganos del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, indígenas originarios campesinos y entidades de control y defensa del Estado, entidades públicas financieras y no financieras, las cuales suman 579 instituciones que elaboran su presupuesto institucional de manera anual, en el marco del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo – MESCP y la normativa presupuestaria vigente.

Al respecto, el PGE se compone de dos grupos de cuentas, por un lado, los Ingresos, que corresponden a la estimación de recursos que podrían ser captados por las actividades que realiza cada entidad, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otras fuentes financieras, y por el otro lado, los Gastos, que constituyen las erogaciones recurrentes, basadas principalmente en la administración y operación de la institución pública, como ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros, impuestos, así como gastos destinados a proyectos de inversión orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, como ser la compra de maquinaria, construcción de edificios, entre otros que contribuyen a la formación bruta de capital fijo.

En el periodo neoliberal (1985 - 2005) los gobiernos de turno elaboraban el Presupuesto General de la Nación - PGN, el cual respondía a un modelo neoliberal y tenía carácter regulador, discrecional y sólo administrativo del Estado, cuyo principal objetivo era reducir la participación pública en la economía local en beneficio de las empresas transnacionales que operaban en el país.

Asimismo, el PGN se elaboraba con base en las recetas dictadas por los organismos internacionales, no existía claridad en los gastos, presentaban constantes déficit, y otras deficiencias, por ejemplo los gastos no se transparentaban, evidenciando la existencia de los Gastos Reservados, cuyos recursos económicos eran asignados al Ministerio de Gobierno sin fiscalización, o el pago de sobresueldos a ministros, viceministros y otras autoridades estatales, con dinero proveniente del exterior; otro ejemplo, en dicho periodo se recurría a préstamos externos para el pago de salarios o aguinaldos de los empleados del sector estatal, maestros del magisterio fiscal y trabajadores en salud.

A partir de la gestión 2006, el PGE refleja el impacto de la intervención del Estado en la economía boliviana, asumiendo con responsabilidad el papel protagónico para la implementación y aplicación del MESCP, convirtiendo al sector estatal en planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero del país, a cuyo efecto, el PGE consolidado y agregado para la gestión mencionada alcanzaba a Bs 46.332 millones y Bs 59.834 millones, respectivamente. Para la presente gestión fiscal, el PGE aprobado asciende a Bs 228.357 millones (consolidado) y Bs 295.600 millones (agregado), es decir que, el presupuesto público en los últimos años ha cuadruplicado sus cifras.

Sin duda, este aspecto incremental del PGE ha permitido a nuestro país la obtención de los siguientes logros: crecimiento económico sostenido, acumulación de niveles récord de reservas internacionales, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, incrementos de los depósitos y créditos en el sistema financiero, incrementos salariales, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza extrema, redistribución del excedente económico a sectores desprotegidos, disminución del desempleo y de la desigualdad económica.

Fernando Roger Chuquimia/.

“El diario Los Tiempos, de Cochabamba, incurre hoy en una grave falta ética y distorsiona la realidad al difundir en su tapa un titular principal en los siguientes términos: ‘Ministro y Procurador dan informes distintos sobre la CIDH y Añez’”, indica un boletín del Ministerio de Justicia.

El subtítulo destaca: “Contradicciones. Lima declaró el jueves que la CIDH dio siete días más para informar sobre Añez; Chávez dijo ayer que el documento ya fue enviado”.

En su edición electrónica, Los Tiempos informó:  “Luego de que el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció el jueves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió el plazo por siete días más para entregar el informe sobre el estado de salud de la expresidenta Jeanine Áñez, ayer, sorpresivamente, el procurador del Estado Wilfredo Chávez informó que ya se envió el documento en el que el Gobierno pide al organismo internacional que rechace otorgar medidas cautelares a la exmandataria y a su hija Carolina Ribera”.

“Ni Lima ni Chávez dieron explicación alguna sobre el cambio repentino de fecha para la entrega del requerimiento de información de la CIDH”.

Esta intención de distorsionar la realidad para provocar un efecto político, ignora deliberadamente el alcance de las declaraciones del ministro Lima y, sobre todo, el procedimiento de cumplimiento de plazos establecido por el Estado boliviano con la CIDH, agrega el reporte de prensa.

No existe ninguna contradicción entre las declaraciones del titular de Justicia y el Procurador Chávez, añade el comunicado.

El ministro Lima, apoyado en documentos oficiales, anunció el jueves 9 que “ha habido una ampliación de siete días más para una solicitud adicional de información de la CIDH”. “Estamos en un proceso que no es lineal, no es como una demanda o contestación de una sentencia”, reiteró.

Como consta en las notas oficiales que la CIDH envió a la Cancillería de Bolivia, no existe ninguna incongruencia entre el anuncio del ministro Lima y la entrega de documentación a esa instancia, manifiesta el reporte.

El 31 de agosto de 2021, la CIDH otorgó un plazo de siete días al gobierno boliviano para entregar un informe acerca de la situación de Añez.

Luego, el 3 de septiembre, la CIDH brindó una ampliación de siete días “a partir de la fecha de transmisión” de la nota, para remitir la respuesta.

Ese plazo, ampliado en siete días, como explicó el ministro Lima, se cumplió ayer, viernes 10 de septiembre. No existe ninguna falta de coherencia entre el anuncio de plazos y cumplimiento de los mismos, como pretende hacer creer Los Tiempos, indica el reporte del Ministerio de Justicia.

El diario cochabambino, indica el comunicado, ha violado los principios de veracidad y responsabilidad reconocidos en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado y ha quebrantado el Código de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa que en la parte principal de su artículo 1 determina: “La veracidad de la información debe ser  la primera  condición  imprescindible  para  su publicación.  Los periodistas deben agotar todos  los  recursos  lícitos  para  llegar  a  esa verdad o aproximarse lo más cerca de ella. Los editores y jefes de información deberán evitar la publicación de noticias que carezcan de veracidad”.

Al difundir una inexistente “contradicción” sin pedir la versión del ministro Lima, Los Tiempos también vulneró el artículo 5 de esa norma de autorregulación que textualmente establece: 5. “La equidad y equilibrio deben ser parte importante de la práctica periodística noticiosa. Para ello será siempre necesario que cualquier noticia cuente con “parte y contraparte”.

Esta es la segunda corroboración de una difusión de Los Tiempos que falta a la verdad. El 18 de julio del presente año tituló: “Lima dice que Evo pidió armas, pero no en cantidad que llegó”. Aseveración mentirosa y alejada de la realidad que derivó en una aclaración y disculpa pública motivada por el reclamo de esta cartera de Estado.

Ante esta persistencia en tergiversar la información, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional exige que los responsables de la línea editorial de este medio de comunicación realicen la retractación correspondiente en beneficio de la verdad y el derecho constitucional a la información que tienen los lectores de ese rotativo, indica el reporte institucional.