El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instó este viernes a la población a involucrarse en la lucha contra la violencia y denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho que vulnere los derechos de las mujeres, niños o cualquier persona, para evitar que incrementen los delitos de feminicidio o violación. Hasta la fecha, en Bolivia ya suman 94 feminicidios.

“No podemos ser cómplices y que día a día estén maltratando a nuestras mujeres, a nuestras vecinas, a nuestros familiares o amigas y que no informemos correspondientemente a la justicia boliviana o a nuestra Policía, para que de manera inmediata podamos resolver este tipo de conflictos”, expresó Del Castillo en conferencia de prensa.

Acotó que la junta escolar de la escuela Hugo Banzer Suárez y el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Viacha denunciaron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) la desaparición de la señora Estivania C. R., por lo que iniciaron con la indagación para dar con su paradero.

Asimismo, se percataron que el hijo de la desaparecida no asistió a clases, por lo que realizaron una valoración psicológica y el menor reveló que su madre estaba muerta.

“El niño nos aseveró textualmente: mi mamá está muerta, mi papá y mi padrino la han enterrado en el campo de mi papá”, relató Del Castillo.

La autoridad informó que en las últimas horas se logró la aprehensión de Germán F. C. (51) en el municipio de Viacha, quien admitió haber asesinado a su esposa y la había enterrado en un depósito sin dar parte a las autoridades. Según las investigaciones, el imputado habría matado a su pareja a golpes por celos. La FELCV rescató el cuerpo de la víctima y ahora está en la morgue judicial.

“En la actualidad, ya van 94 casos de feminicidio en la presente gestión, resolviendo con más del  84 por ciento, todos y cada uno de los casos, no es suficiente ponderar el trabajo de la Policía, sino que en un futuro cercano necesitamos ponderar el trabajo de la población que sea parte, que se involucre (en la lucha contra) estos hechos de violencia”, indicó.

Señaló que a la fecha, se tienen 100 personas aprehendidas por casos de feminicidio, entre autores materiales, intelectuales y cómplices en el país.

El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Marco Antonio Gutiérrez, informó este viernes que el coronel Miguel Ángel Zambrana fue removido de su cargo como Director del centro penitenciario de Chonchocoro, además del repliegue del Jefe de Seguridad del recinto, con el objetivo de garantizar que la investigación por la muerte del privado de libertad Cristofer (27) sea transparente y objetiva.

“Estas dos personas ya están siendo replegadas a la dirección nacional, justamente para que esta investigación sea transparente y objetiva, esto no significa que estas dos personas estén involucradas en este hecho. Las investigaciones de la instancia correspondiente determinarán   quiénes son los responsables y el grado de responsabilidad”, aseveró Gutiérrez en conferencia de prensa. 

Gutiérrez informó que estos cambios se realizan para garantizar una investigación transparente. Aseveró que las pesquisas que realicen el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) determinarán a los implicados en la muerte del privado de libertad y si existe algún grado de responsabilidad de los funcionarios policiales. Ahora, el nuevo director del centro penitenciario de Chonchocoro es el coronel Jhonny Alarcón.

Por su parte, el director general del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicó que ya tienen a cuatro personas identificadas en este hecho, las mismas que fueron separadas del resto de la población carcelaria. Aseveró que el Régimen Penitenciario coadyuvará con las investigaciones para encontrar a los autores materiales e intelectuales.

Acotó que los internos identificaron a otro presunto implicado, quien en pasadas horas fue golpeado y que ahora será investigado.

“Un privado de libertad ha recibido golpes porque lo relacionan con que hubiese tenido alguna participación en la muerte del privado de libertad”, explicó.

El 18 de octubre, reportaron la muerte de Cristofer Q. P. en Chonchocoro. Según el reporte preliminar, el recluso fue hallado sin vida en su celda y con signos de violencia física, lo que llegó a conmocionar a la población privada de libertad y a autoridades del centro penitenciario.

Cristofer fue recluido en el penal por el delito de robo agravado y estaba por recobrar su libertad mediante medidas sustitutivas. Su familia exige que se encuentre a los responsables del asesinato del joven.

(Imagen de referencia)

Este viernes, en el oeste de Rusia, se suscitó un incendio en una fábrica de explosivos que dejó alrededor de 15 fallecidos y cuatros personas desaparecidas. El ministerio ruso de Situaciones de Emergencia informó que el hecho se produjo en uno de los talleres de la planta de pólvora Elastic, en la aldea de Lesnoye, ubicada en la región de Riazán.

Según una fuente de las fuerzas de seguridad, citada por la agencia de prensa Interfax, el incidente podría haber ocurrido debido a una falla en el proceso de fabricación de los productos y a errores en las normas de seguridad industrial, informó el portal de Telesur.

Las autoridades rusas indicaron que el fuego se extendió por 160 metros cuadrados y ya se encuentra extinguido; sin embargo, producto del incendio y posterior explosión el edificio del taller quedó destruido.

El Ministerio de Emergencia ruso informó que tras el incendio y posterior explosión no existen amenazas para las localidades vecinas a la fábrica de explosivos.

La directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Marcela Siles, aclaró este jueves que ninguna persona se benefició del indulto por razones políticas en función al Decreto Presidencial 4461, promulgado en febrero y abrogado por unanimidad esta jornada, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Nadie fue amnistiado en función a dicho decreto por razones políticas”, confirmó la directora, quien además entregó un reporte detallado respecto a la aplicación del Decreto Presidencial 4461 que estuvo vigente entre el 18 de febrero al 20 de octubre.

El gobierno del presidente Luis Arce, recibió del pueblo que asistió a las urnas el 18 de octubre de 2020, la misión de conseguir justicia para las víctimas de las masacres, ejecuciones sumarias, torturas y graves violaciones a los derechos humanos en 2019.

En una de sus recomendaciones, el GIEI-Bolivia pidió al Estado boliviano "garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos identificadas en el informe o en casos similares".

El grupo de expertos manifestó en agosto, al momento de presentar su informe, que la aplicación del Decreto Supremo podría reforzar una percepción de “injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.

Ese mismo día, el presidente Luis Arce anunció la abrogación, que hoy se hizo efectiva durante la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocada por el presidente nato de esa instancia y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, en cumplimiento a la recomendación y con el objetivo de avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia para el pueblo boliviano.

Durante el periodo de facto más de mil personas vinculadas políticamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a organizaciones sociales fueron acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo y sedición, entre otros.

El Decreto abrogado concedía amnistía e indulto "por razones humanitarias" para las personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de sus derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tenían relación directa con los conflictos acaecidos entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020, señalaba.