El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, aseveró este miércoles que los anuncios de paro contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo solo pretenden generar movilizaciones y convulsiones.

“Lo que aquí ha ganado es la desinformación y esa desinformación parece que es intencionada, hay una intención de generar problemas, de generar movilizaciones y convulsiones, eso lo que estamos identificando (…) buscan impunidad”, dijo Cox en entrevista con radio Éxito.

Explicó que detrás de estas movilizaciones están dirigentes de oposición que pretenden “impunidad” por los hechos de violencia en el gobierno de facto de Jeanine Áñez y lamentó que algunos sectores sigan la misma narrativa.

“Lo que ha inscrito la oposición, que estas normativas van a afectar a los ciudadanos, que estas normativas están siendo utilizadas por nuestro Gobierno para un tipo de proposición que nadie sabe, pero que ellos hacen creer que se van cometer abusos, eso es falaz”, indicó.

Instó a los sectores sociales a dejar de lado los anuncios de paro y movilizaciones para conocer, en diálogo con el Gobierno, los verdaderos alcances de esta ley, que ya está en vigencia y no afecta a la sociedad ni sectores sociales que trabajan honestamente.

“Preocupa que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas articula intereses, no se cuan regular será la vida de muchas personas en Bolivia para que todos se preocupen. Aquí tienen que preocuparse los delincuentes, los que tienen lavado de dinero, los que cometen este tipo de situaciones delincuenciales, pero el que se lleva el pan a la boca con trabajo digno, con trabajo transparente, con trabajo correcto no se preocupa”, aseveró.

(Foto: Fiscalía)

El examen forense realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que Giovana, mujer de 35 años, que era velada en la zona de Callapa, de la ciudad de La Paz, falleció por estrangulamiento.

“La autopsia legal ha establecido como causa de muerte asfixia por estrangulamiento; en mérito a ello, no es congruente lo referido en primera instancia por la pareja, que es el esposo, al cual se ha procedido a la aprehensión (…) Va a ser citado para que pueda prestar su declaración informativa en calidad de sindicado (…) se está calificando como feminicidio", informó la fiscal de Delitos Contra la Vida, Dubravka Jordán.

Indicó que el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho el domingo, pero se desconocía la ubicación del cuerpo hasta que el lunes lograron encontrar el domicilio. Este hecho fue investigado en primera instancia por homicidio, porque el deceso de la mujer no fue reportado y familiares argumentaban que falleció tras una caída a un río en estado de ebriedad.

Sin embargo, luego de la revisión preliminar del médico forense, se encontró que el cuerpo de la mujer tenía lesiones en el cuello, que no correspondían a una caída.

Ante denuncias de vecinos, la Fiscalía, en coordinación con la Policía, intervinieron el martes, el velorio pese a la resistencia de familiares del esposo, secuestraron el ataúd y los restos de la víctima para la autopsia.

El médico legal evidenció que el deceso fue por consecuencia de asfixia, por lo que la Policía aprehendió a Wilfredo, esposo de la víctima, quien ahora es acusado de feminicidio.

La Fiscalía secuestró el certificado de defunción que presenta irregularidades. Detalló que fue facilitado por la funeraria, y el mismo indica que la muerte fue consecuencia de una enfermedad de hipertensión arterial, lo que fue observado por estar alejado de la realidad. Giovana  era madre de cinco hijos, que ahora quedan  en la orfandad.

La única forma de evitar un segundo golpe de Estado en Bolivia y que se logre la reconciliación, es que primero se haga justicia para las víctimas de las masacres de 2019, coincidieron en señalar Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información y el abogado Tomas Becker, de la clínica de derechos humanos de Harvard.

Ambos especialistas, entrevistados este martes en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, coincidieron también en denunciar que continúan las agresiones y amenazas de organizaciones delincuenciales, como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) contra activistas de derechos humanos y contra la senadora Patricia Arce.

“La reconciliación en Bolivia y la manera de evitar un segundo intento de golpe, es lograr justicia y respeto por los derechos de todas y todos los bolivianos”, indicó Ledebur.

Ella denunció que sufre constantes amenazas y agresiones mediante redes sociales por parte de integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala.

Lamentó que Yassir Molina, Milena Soto, los hermanos Bascopé y otros integrantes de la RJC, sean tratados con delicadeza por la justicia pese a los antecedentes de violencia, agresiones contra mujeres de pollera y campesinos que protestaron para recuperar la democracia en 2019.  

Por su lado, el abogado Becker fue enfático al señalar que “no hay reconciliación si no hay justicia para las víctimas” de las masacres de 2019.

Agregó que existe suficiente evidencia e informes internacionales que demuestran que en Bolivia se registraron masacres durante el régimen de Jeanine Áñez y que los grupos paramilitares, como la RJC, deben ser desmantelados.

Becker dijo que sufre constantes amenazas por parte de integrantes de esa organización criminal y aseguró que la senadora Patricia Arce, quien fue vejada por ese grupo en 2019, también recibe amenazas en la actualidad.

La Fiscalía, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), intervino este martes un velorio en la zona de Callapa, de la ciudad de La Paz, por sospechas de que se trate de un feminicidio, por lo que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realiza la autopsia al cuerpo de la mujer de 35 años.

"El día de ayer (lunes) el Ministerio Público se ha constituido, ya ubicando el domicilio, junto con la FELCV (...), se ha verificado juntamente con el IDIF en el interior de un domicilio a la presunta víctima, una señora de 35 años (...). El médico forense ha informado, en primera instancia, que hay algunas lesiones que no serían compatibles con una caída", explicó la fiscal Dubravka Jordán.

Según el reporte, el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho el pasado domingo; sin embargo, se desconocía la ubicación del cuerpo, hasta que el lunes lograron encontrar el domicilio de la presunta víctima y tras la revisión preliminar del médico forense, se encontró que el cuerpo de la mujer tenía lesiones, que no correspondían a una presunta caída que supuestamente desencadenó la muerte de la mujer.

Efectivos policiales procedieron al secuestro del ataúd y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial para el examen forense que determinará las causas de la muerte.

Asimismo, Jordán detalló que el certificado de defunción, que fue facilitado por la funeraria, indicaría que la muerte fue causada por hipertensión arterial, lo que fue observado por estar "alejado de la realidad", porque a la altura del cuello presenta lesiones y la versión de la familia afirma que habría caído en un río en estado de ebriedad.

Aclaró que la pareja de difunta fue trasladada a oficinas de la FELCV en calidad de testigo.