El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, informó este jueves que no existieron situaciones de tensión en el país pese a las convocatorias de sectores que se oponen a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Dijo que Potosí fue el único departamento donde se instalaron puntos de bloqueo.

“No se ha registrado en ninguno de los nueve departamentos situaciones de tensión, solo en Potosí, el único departamento donde hemos identificado, desde primeras horas, cinco puntos de bloqueo”, explicó la autoridad gubernamental en entrevista con red Patria Nueva.

Cívicos y algunos sectores contrarios a la normativa impulsaron un paro de 48 horas para este jueves 21 y viernes 22 de octubre. Sin embargo, la medida en esta jornada no tuvo éxito, porque las actividades económicas se desarrollaron con normalidad.

“La Ley 1386 no es ninguna afrenta, afectación o gestión en contra de trabajadores, profesionales, fabriles, transportistas, no, para nadie. Es una política gubernamental para transparentar todo lo que son los recursos y para que no existan situaciones irregulares, porque aprueba una estrategia”, indicó.

Cuestionó que sectores opten por medidas que van en contra de la reactivación económica y de los ingresos de las familias bolivianas, sobre todo cuando el país sale de una crisis tras el golpe de Estado de 2019 y las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

“El generar un paro afecta mucho y a muchos ciudadanos, y esto tiene un tropiezo para salir en el marco de la producción, en todo lo que es la generación de la economía de nuestro país”, sostuvo.

Dijo que en el caso de Potosí, donde se evidenciaron puntos de bloqueos, la Policía Boliviana realiza un acompañamiento para la disuasión y precautelar así el libre tránsito sin violencia.

Señaló que existen actores políticos que intentan la desacreditación de las políticas gubernamentales mediante la convulsión.

“Les anunciamos que no lo van a lograr, así como hoy no han logrado su propósito, porque nuestros hermanos gremiales y transportistas son criteriosos”, advirtió.

La Sentencia Constitucional 0052/2021 que establece que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019 y que no existió vacío de poder, es vinculante y de cumplimiento obligatorio, dijo el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, quien aclaró que esa disposición legal es inapelable y abre la vía para un juicio ordinario contra Jeanine Áñez.

El expresidente, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, explicó que esa sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es la primera y la única que se refiere exclusivamente a los hechos de 2019 ya que antes se dio un comunicado sin valor jurídico y resoluciones sobre otros hechos.

“La Sentencia Constitucional tiene efecto vinculante y es de cumplimiento obligatorio” y no existe forma de apelación, indicó.

La Sentencia del Tribunal Constitucional establece que la sucesión presidencial “ipso facto” (inmediatamente o en el acto) solo ocurre del Presidente al Vicepresidente del país o en su caso al Presidente del Senado o al Presidente de Diputados (Artículo 169 de la Constitución Política del Estado).

Es decir, no existe la posibilidad de sucesión “ipso facto” hasta la Primera Vicepresidencia y Segunda Vicepresidencia de Diputados y Senadores. En ese entonces, Jeanine Áñez se desempeñaba como segunda vicepresidenta de Senadores, lo que significa que no tenía ninguna posibilidad legal de asumir “ipso facto” la presidencia de Bolivia.

Respecto a la versión de que Áñez asumió la Presidencia del Senado e ingresó a la cadena constitucional para asumir la presidencia de Bolivia “ipso facto”, esto tampoco es posible, según el TCP.

Esa norma legal indica que, en base al reglamento general del Legislativo, los cargos de Presidencia en Diputados y Senadores están reservados exclusivamente para el bloque de mayoría, es decir al MAS-IPSP, mientras que el resto de los cargos pueden ser asumidos por el bloque de minoría (donde estaba Jeanine Áñez).

En otras palabras, Jeanine Áñez nunca tuvo la probabilidad legal de asumir la Presidencia del Senado ni de Bolivia ya que ella pertenecía al bloque de minoría.

Por otro lado, la Sentencia del TCP estableció que nunca hubo vacío de poder ya que las renuncias de las autoridades de 2019, para cobrar valor legal, debían ser presentadas por escrito y aceptadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral. No son válidas las renuncias presentadas por Twitter o medios de difusión.

Por estos argumentos constitucionales, Ovando dijo que el TCP estableció que en Bolivia existió un golpe de Estado en 2019 ya que no se cumplió lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Leyes y no existió vacío de poder.

Por ese motivo, explicó que Áñez puede ser juzgada solo por la vía ordinaria, con jueces ordinarios, ya que la Sentencia del TCP cierra la posibilidad de un juicio de privilegio o de responsabilidades debido a que ella no fue nunca una presidenta constitucional.

Con el objetivo de fortalecer las relaciones binacionales en temas de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, delegó al viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, para que se reúna con sus similares en Brasil y así se pueda continuar con las tareas de manera mancomunada.

“Nuestro viceministro de Seguridad Ciudadana ya se encuentra en el país vecino de Brasil para intercambiar distintos criterios sobre el tema, sobre temas de narcotráfico y otros delitos conexos”, señaló.

Hace algunos días se presentaron supuestas noticias de que cárteles del narcotráfico brasileros estarían en territorio boliviano, situación que “falta a la verdad” según mencionó el ministro Del Castillo, quien añadió que se espera la información oficial del gobierno brasilero para cotejar datos.

“Nos han manifestado de manera extraoficial que esta información falta a la verdad, muestran algunas imágenes como si estuvieran en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz; sin embargo, uno puede cotejar las imágenes con la realidad y también faltan a la verdad, estamos esperando una respuesta formal por parte del gobierno brasilero”, culminó.

Por su parte, el viceministro Ríos informó que, en el marco de la primera jornada de trabajo, dentro del 2° Encuentro de Seguridad Ciudadana en Frontera Bolivia-Brasil, se pudo abarcar varias temáticas propias de la franja fronteriza.

“Expresamos nuestro agradecimiento a cada uno de los participantes, tanto de la Policía Boliviana como de la Policía Federal de Brasil. Nuestras autoridades del Ministerio de Gobierno de Bolivia, como las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de los estados Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Acre y Ronodonia, del vecino país”, escribió en su cuenta de Facebook.

Dijo que a partir de los consensos que surjan, el plan "Frontera Segura" dará mayores frutos en beneficio de la población.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que Bolivia solicitará a la justicia de Brasil la extradición del exministro de Defensa del gobierno de facto, Fernando López Julio, ya que se presentaron los elementos correspondientes sobre su involucramiento en el intento de magnicidio al ahora presidente Luis Arce.

“Ya hemos activado los correspondientes mecanismos que nos otorgan las leyes vigentes y la justicia boliviana, es una denuncia que se ha presentado hace un par de meses, que ha sido ampliada ya con los elementos que hemos presentado hace un par de días (intento de magnicidio). Evidentemente, con este caso más, vamos a pedir la extradición del señor López Julio desde Brasil para que pueda rendir cuentas a la justicia boliviana”, dijo a los periodistas.

Hace unos días, la autoridad de Estado reveló que López Julio contactó a terceras personas para que lleguen al país mercenarios y paramilitares para acabar con la vida del entonces candidato presidencial Luis Arce, el año 2020, y que tenían planificado un complot para que, en caso de ganar las elecciones, no pueda ser posesionado.

El magnicidio planificado en Bolivia guarda relación con lo acontecido en Haití, donde los 21 aprehendidos por el asesinato del presidente centroamericano, Jovenel Moïse, fueron reclutados por Arcángel Pretel Ortiz, quien es enlace de la denominada empresa de seguridad CTU (Counter Terrorist Unit Federal Academy), con sede en Miami (Estados Unidos) y es dirigida por Antonio Emanuel Intriago Valera, personas que llegaron a territorio boliviano para intentar matar al ahora presidente de Bolivia.