El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), José María Velazco, informó este martes sobre la aprehensión de Ariel M., sujeto acusado de agredir sexualmente a menores de edad en Santa Cruz.

“Circundaba por el mercado buscando víctimas, tal es así que logra captar y convencer a la mamá de una menor ofreciéndole trabajo. Él les ofrecía un trabajo de vendedoras, su interés era menores de edad, a partir de los 14 y 15 años (…). Este señor tenía la intención de vejarlas sexualmente”, informó Velazco en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

Agregó que la Policía lo aprehendió y el Ministerio Público determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.

Según el reporte, no sería la primera vez que el sujeto comete ese tipo de delitos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Oruro, Rafael Cáceres, informó este martes que un operativo antinarcóticos logró el secuestro de sustancias controladas, entre marihuana y cocaína, además de armamento y municiones, por lo que se procedió al arresto de dos personas en el municipio de Challapata.

“El personal (de la FELCN) se traslada hasta la localidad de Challapata, donde tenemos la aprehensión de dos personas, se trata de un ciudadano boliviano de  53 años y un ciudadano de nacionalidad colombiana de 42 años. La cantidad de droga secuestrada es de 93 cápsulas tipo ovoide, conteniendo una sustancia blanquecina (…) Sometida a la prueba de campo, da resultado positivo a cocaína”, indicó Cáceres a Bolivia TV.

Según el reporte, efectivos interceptaron en horas de la madrugada un vehículo sospechoso en la población de Huari. En la requisa de esta vagoneta marca Toyota, un can entrenado de la FELCN alertó sobre la existencia de partículas de sustancias controladas, razón por la que los efectivos antinarcóticos se trasladaron hasta el municipio de Challapata.

Cáceres añadió que como resultado de este operativo se logró secuestrar sustancias controladas, 992 gramos de cocaína que estaban en cápsulas tipo ovoide y 43 gramos de marihuana que estaba en un frasco de vidrio.

Detalló que en la requisa de dos inmuebles que estaban en calidad de alquilados se encontró armamento y municiones, entre los que destacan dos revólveres calibre 38, un revólver calibre 32, una pistola calibre 40 y otra calibre 32, además de proyectiles de diversos calibres, entre otros.

(Foto: Min. Gobierno)

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, desmintió este martes que el privado de libertad Matusalén Mancilla haya perdido la vida al interior del penal de Chonchocoro. Aseveró que el cadáver encontrado corresponde a otro recluso.

“Lo que me dijeron es que la abogada estuviera hablando que Matusalén hubiese fallecido. Nosotros descartamos esas aseveraciones, puesto que ya hemos verificado in situ el tema del privado de libertad Matusalén, él está con vida”, afirmó Limpias en contacto con radio Éxito.

Aseveró que el cuerpo sin vida corresponde a otro privado de libertad identificado como Cristofer Q.P. Este hecho se encuentra en investigación para identificar a los responsables. De manera preliminar, se conoce que el interno sufrió agresiones físicas antes de su muerte.

“Nos ha llamado la atención la forma en la que ha fallecido este privado de libertad. Queremos tener la información objetiva, como corresponde para socializarla a la opinión pública”, indicó.

Esta mañana, la abogada de Mancilla, Mónica Irusta, informó que su defendido fue encontrado sin vida en su celda.

Matusalén Mancilla es el principal acusado del feminicidio y descuartizamiento de Mayerly Condori. El 6 de septiembre, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en coordinación con la Fiscalía, realizaron el levantamiento del cadáver de la joven de 18 años, quien fue descuartizada en la zona Alto Inca Llojeta de La Paz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que las autoridades competentes investigan a quienes gestionaron, se reunieron y pagaron a mercenarios que en 2020 planificaron atentar contra la vida del entonces candidato presidencial Luis Arce.

El Ministro, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que por el momento no se revelará la identidad de las personas involucradas a la espera que los operadores de justicia emitan las citaciones correspondientes.

Al respecto, el Gobierno nacional accedió a audios, modelos de contratos y correos electrónicos que atribuyen al exministro de Defensa de Jeanine Áñez, Fernando López Julio , con el plan de desestabilización e intento de magnicidio de Luis Arce.

“La principal persona investigada en este lamentable hecho es el señor J.E.P. una persona que actualmente se encuentra recluida en el penal de Chonchocoro. También está siendo investigado un exagente militar boliviano, Luis Suárez. También están siendo investigadas aquellas personas que compraron los pasajes, aquellas personas que pagaron los hoteles”, indicó.

Agregó que las autoridades competentes también investigan “a aquellos altos funcionarios del gobierno de facto que se reunieron con estos mercenarios en el departamento de Santa Cruz. Están plenamente identificadas, pero no podemos dar mayores elementos para evitar que estas personas se fuguen”.

Recordó que la denuncia fue presentada en julio y que ahora se aguardan los tiempos judiciales para que se emitan las citaciones y, si corresponde, los mandamientos de aprehensión.

El MInistro aseveró que acorde con una serie de audios publicados por el portal The Intercept se pudo verificar un plan de magnicidio en Bolivia, donde el exministro de Defensa de Jeanine Áñez, Fernando López, está involucrado por negociar con una persona de iniciales J. E. P. el contrato de sicarios con experiencia en conflictos bélicos y operaciones militares.

El objetivo de las conversaciones entre ambos era ejecutar un plan que acabara con la vida de Luis Arce. 

Según las investigaciones realizadas, se tuvo acceso a correos electrónicos donde J.E.P. utilizaba un alias, “Susan Peterson”, nombre con el que efectuaba tratos con varias empresas dedicadas a prestar servicios vinculados con acciones irregulares como la reconocida Blackwater, corporación militar privada estadounidense que aglutina mercenarios especializados en operaciones de guerra.   

Se supo que, a través de otro involucrado de nombre Joe Pereira, se esperaba contar con la presencia de 300 sicarios en Bolivia con el objetivo de crear un clima de terror y convulsión. En un audio, se pudo corroborar una solicitud de contar con hasta 10.000 hombres, en caso de ser necesario. En una carta interceptada de J.E.P. se evidenció la intención de contratar a paramilitares que operen en el territorio nacional otorgándoles un pago anual de $us 125.000, además de armamento y otras bonificaciones.