La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que la desigualdad entre los géneros en el mundo del trabajo se agudizó con la pandemia de COVID-19, golpeando desproporcionadamente la ocupación y los ingresos de las mujeres.

La agencia de la Organización de Naciones Unidas proyecta para 2021 que sólo el 43,2% de las mujeres en edad de trabajar tendrá trabajo y que el 68,6% de los hombres estará empleado, un nivel que recupera el índice de ocupación masculina previo a la emergencia sanitaria.

Los datos del nuevo análisis del organismo dan a conocer que, entre 2019 y 2020, el empleo de las mujeres decreció un 4,2%, es decir, perdió 54 millones de puestos de trabajo, mientras que el de los hombres se redujo en un 3% o 60 millones de trabajos.

La publicación “Avanzar en la reconstrucción con más equidad” explica que la desproporción en la pérdida de empleos e ingresos de las mujeres se debió a su presencia excesiva en los sectores económicos más afectados, como los servicios hostelero y manufacturero.

La OIT destaca que, en la afectación por regiones, América registró la mayor pérdida de empleos de mujeres a causa de la pandemia, con 9,4% de trabajos perdidos, frente a un descenso de 7% en el caso de los hombres.

“La caída del empleo de las mujeres perturbó el progreso observado en los últimos quince años gracias a la mejora de las oportunidades educativas para las mujeres, al aumento de disponibilidad de empleos formales en el sector de los servicios, a la migración de zonas rurales a urbanas y al descenso de las tasas de fertilidad”, apunta el análisis.

El estudio recuerda que las mujeres siguen ganando un 20% menos que los hombres y ven sus salarios más penalizados cuando pertenecen a minorías étnicas, son migrantes o tienen alguna discapacidad.

“La pandemia de COVID-19 ha golpeado a quienes están en el fondo de la escala salarial más que a quienes están en lo alto, y en particular a las mujeres, que están desproporcionadamente representadas en los trabajos de baja remuneración”, enfatiza.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este lunes al candidato por el partido Perú Libre, Pedro Castillo, como el nuevo presidente de la República, a más de 40 días de la segunda vuelta realizada el pasado 6 de junio.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas, leyó el documento que refiere "que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Perú Libre es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las Elecciones Generales 2021".

"En consecuencia, como presidente del JNE, en cumplimiento de la labor realizada, proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones, y primera vicepresidenta de la República a doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra", declaró, según un reporte de Telesur.

A través de un comunicado, el ente electoral informó que procedería a "proclamar los resultados de cómputo y de candidatos electos de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2021".

Para ello, convocó al candidato electo a una ceremonia virtual, que concluye con la larga espera de los peruanos tras confirmarse que Castillo había resultado vencedor de los comicios, luego de obtener 8.836.380 votos, el 50,12%, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A su vez, su contrincante por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, logró 8.792.117 sufragios, que representan un 49,87% del total. Pese a sus diversos recursos para impugnar actas, el ente electoral los rechazó todos y ratificó la victoria de Castillo.

Horas antes, Fujimori dio una declaración pública para reconocer los resultados emitidos por el pueblo peruano el pasado 6 de junio."Anuncio que, cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos y con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la Ley y la Constitución que he jurado defender", dijo.

Castillo llamó a la población, en varias oportunidades, a esperar con paciencia los resultados e instó a defender la voluntad de la mayoría expresada en las urnas electorales, lo que se convirtió en movilizaciones para pedir al ente comicial que proclamara al nuevo mandatario.

El juez federal en lo penal económico de Argentina, Javier López Biscayart, avanzó este lunes en el análisis de la denuncia que radicó el Gobierno de Alberto Fernández contra su antecesor Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, por el envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019.

En primer lugar, el juez reclamó una serie de documentación y diligencias para esclarecer el escenario de la denuncia, luego del dictamen fiscal. El juez quiere saber si desde la embajada argentina en Bolivia se pidió protección, informó el portal noticioso Infobae.

Mientras tanto, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó en la causa y nombró un abogado defensor. Lo mismo hizo el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero.

Hace una semana, el Gobierno nacional denunció penalmente al expresidente Macri, la exministra de Seguridad Bullrich, Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (exembajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector general de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector ejecutivo de la ANMaC). Todos se encuentran nombrados en las circunstancias del hecho que describió la Fiscalía en su dictamen.

El Gobierno pidió investigar los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”, indica el portal noticioso.

Los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de una misiva enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de Estado, al entonces embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García. En la carta, dijo la denuncia, se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno argentino.

Por el momento, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a tres gendarmes: Gerardo José Otero (exdirector nacional de la Gendarmería Nacional), Rubén Carlos Yavorski (excomandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería). Es que la Gendarmería fue la fuerza que llevó las armas a Bolivia que, según la denuncia, habrían sido usadas para la represión en territorio boliviano.

“La persona que habría autorizado el traslado de un grupo de gendarmes con quienes, supuestamente, se transportaron los pertrechos en cuestión, fue la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y la provisión del avión que transportó el equipo humano y el material habría sido provisto por el Ministerio de Defensa de la Nación, entonces a cargo de Oscar Aguad. El exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, habría recibido una misiva en la que se agradece la dotación del material cuestionado, con lo que cabe esperar la aclaración pertinente sobre el derrotero que pudo haber llevado, con su aparente intervención, a ese corolario. Por último, entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri”, dice el dictamen de trece carillas.

Con el impulso fiscal a la investigación -ocurrida el viernes pasado- el juez solicitó una batería de diligencias. Así, requirió a Cancillería, a cargo de Felipe Solá, que remita “de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia” del 15 de noviembre de 2019. Se trata de la carta de agradecimiento al gobierno argentino que remitió el ex comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia Jorge Gonzalo Tercero Lara al entonces embajador argentino de La Paz Normando Álvarez García. Ese documento es uno de los anclajes que dieron pie la denuncia.

“Para el caso de que el documento se encuentre en la referida Embajada, deberán adoptarse suficientes recaudos de resguardo del documento y el envío en primer y urgente correo diplomático con destino final a esta sede”, dijo el juez en su oficio.

El juez también pidió que se informe “con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada”. Y también reclamó documentos sobre “si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019”.

En la causa también se solicitó todo el material documental sobre las agregadurías de Gendarmería en la embajada y el “registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019, debiendo consignarse los datos de cada documento, fecha de ingreso, si se consignó el detalle cuál fue, aportar el original de cada uno de ellos o bien informar el destino dado a los documentos. En caso de tratarse de documentos secretos, deberá ser remitido a esta sede en sobre cerrado”.

López Biscayart también reclamó “los datos de las personas que se encontraban destinadas a cumplir funciones en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el mes de noviembre de 2019”. Quiere “nombres, apellidos, números de documento nacional de identidad, domicilios en Argentina, teléfonos y, en caso de encontrarse afectados al servicio en el exterior del país, se informe el lugar actual de residencia y datos de contacto. En todos los casos, se deberán detallar las funciones asignadas”.

También solicitó esclarecer cuál es el procedimiento “de recepción de documentos en la Embajada Argentina” en Bolivia. Por otra parte, pidió “los registros fílmicos de la mesa de recepción de documentos de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el mes de noviembre de 2019 y donde se habría entregado la carta registrada con el nro. 184 AB. En el caso de no poseerlos, se informe el motivo”, indica Infobae.

Al Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Agustín Rossi, se le requirió que “acompañe toda la información y documentación relacionada con el vuelo de un avión Hércules C-130 de una fuerza de su dependencia, acaecido supuestamente el 12 de noviembre de 2019 y con destino” a Bolivia. Y al Ministerio de Seguridad, encabezado por Sabina Frederic, y denunciante del caso, se le pidió “informe si con motivo de los hechos denunciados en la presente causa se inició algún sumario administrativo en ámbito de alguna de las fuerzas bajo su dependencia y, en su caso, se lo remita de inmediato a esta sede”.

Para la Aduana, en tanto, se le pidió que en 48 horas aporte toda la información y la personas que intervinieron sobre la “tramitación de la destinación de exportación temporaria nro. 19073PET1000103G sucedida ante la Aduana de Ezeiza, aeropuerto de El Palomar, y la tramitación del despacho de importación nro. 20-034-PRI1-000001-R correspondiente a la Aduana de La Quiaca”. También los “registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”.

El pedido de informes se completa con el reclamo al responsable de la Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) para que, en 48 horas, aporte también las constancias y las filmaciones del procedimiento en el que el armamento se cargó en el avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019. Se “informe los datos del personal encargado de la carga y descarga del avión (nombres, apellidos, números de documento nacional de identidad, teléfonos, cargos, funciones, etc.)”, se añadió.

El juez también pidió al responsable de la ANMAC que “remita la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de salida temporal mediante resoluciones ANMAC 974/19 y 982/19, e informe las personas intervinientes”.

En otro orden, el juez le pidió al fiscal Claudio Navas Rial que precise el estado de la otra causa en la que tramita, con él como impulsor del Ministerio Público, en otro juzgado. Se trata de la causa que radicó, como ciudadano, el ex juez Eduardo Freiler y que se radicó el mismo día, pero un rato antes que la denuncia del Gobierno. De ese análisis, las dos causas –que versan sobre lo mismo– podría unificarse, pero habrá que ver en qué despacho judicial, agrega Infobae.

La candidata del derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que reconocerá los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del pasado 6 de junio, las cuales dan la ventaja al aspirante de Perú Libre, Pedro Castillo.

"Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender", dijo Fujimori en una conferencia de prensa, según un reporte de RT.

En la víspera de la proclamación de Castillo como ganador de los comicios, Fujimori nuevamente aseguró, sin pruebas, que el izquierdista Perú Libre y sus operadores cometieron "trampas" en la contienda.

"Día a día, las pruebas del fraude en mesa han ido apareciendo", agregó la lideresa de Fuerza Popular.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 % de las actas escrutadas, ubicó a Castillo en el primer lugar con el 50,125% de los votos, frente al 49,875% obtenido por Keiko Fujimori.

No obstante, Fuerza Popular interpuso 270 apelaciones, pero en la mayoría de los casos ni siquiera cumplió con los requisitos formales para su presentación, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las invalidó.

"En los próximos días, el Jurado Nacional de Elecciones va a convalidar un proceso lleno de irregularidades que lamentablemente va a generar graves consecuencias en nuestro país", aseguró Fujimori.

La candidata se pronunció tan solo unas horas después de que el pleno del JNE declarase "por unanimidad" la improcedencia de las cinco apelaciones presentadas por Fuerza Popular a las actas de proclamación descentralizada de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Tras concluir esa última revisión, el JNE realizará la proclamación de resultados de cómputo y de candidatos electos de la segunda elección presidencial.

La hija del expresidente Alberto Fujimori denunció fraude en el conteo de votos y en la validación de las actas, sobre todo de mesas del interior del país, en donde Castillo tuvo mayor caudal de respaldo ciudadano, pero jamás pudo demostrarlo.

Pese a la falta de evidencias robustas para avalar la tesis de un supuesto fraude, Fujimori insistió este lunes que Perú Libre "robó miles de votos el día de la elección".

El análisis de los resultados por parte del Poder Electoral, que cumplió con los plazos y reglamentos establecidos en el país para ese tipo de revisiones, ocurrió un medio un escenario inestable que amenazaba el normal desenvolvimiento del proceso.

En ese mes hubo un intento fallido de prisión preventiva para Fujimori; protestas de los simpatizantes de ambos candidatos; la muerte en extrañas circunstancias de un militante de Perú Libre; y el escándalo que desataron varios audios donde el exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, hablaba de conspirar y pagar sobornos millonarios para que la derechista fuera declarada como ganadora.