El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, reiteró este sábado que el caso de Jeanine Áñez está en manos de la justicia y que se deben esclarecer los hechos de corrupción, el daño económico y las masacres que se dieron en 2019.

“Si de verdad Creemos y Comunidad Ciudadana están de acuerdo en que se esclarezcan estos hechos (de noviembre de 2019), vamos adelante con el juicio de responsabilidades; sino, en todo caso, también está acusada, la señora Áñez, por los hechos antes de ser presidenta (de Bolivia), porque casi desde el 9 hasta el 12 de noviembre (de 2019) ella, sin ser presidenta del Senado, asumió ser presidenta del Estado, algo totalmente contradictorio a las resoluciones que están enmarcadas en el Reglamento del Senado y la propia Constitución Política del Estado”, señaló.

Rodríguez dijo que estos hechos deben esclarecerse, y que “la gente que está anunciando en este momento persecución política, liberación, pareciera que son cómplices de todos estos hechos que pasaron en noviembre de 2019”.

Finalmente, reiteró que es trabajo de la justicia definir la situación de Jeanine Áñez, y que en este momento se está recabando todo lo requerido."Más allá de que si hubo fraude o golpe, lo que necesitamos ahora es que se esclarezcan los hechos de corrupción, daño económico y las masacres", sostuvo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, visitó a las víctimas del régimen de Jeanine Áñez en la ciudad de El Alto. Fue parte de una campaña de apoyo social a las familias afectadas y de escasos recursos.

“Hemos escuchado testimonios desgarradores, fueron detenidos encarcelados y torturados de manera injusta con acciones a semejanza y típicos de la dictadura; producto de ello, muchos de nuestros hermanos quedaron con traumas, perdieron sus fuentes laborales; otros, por las secuelas de los golpes y de la tortura, no pueden trabajar con normalidad. Por estos hechos, se encaminaron algunas familias hacia una extrema pobreza”, informó Rodríguez mediante su cuenta en la red social Facebook.

El 19 de noviembre de 2019, la ciudad de El Alto fue epicentro de conflicto. Vecinos se oponían al régimen de Jeanine Áñez. Eso provocó un operativo de fuerzas combinadas entre militares y policías en la zona de Senkata, donde fallecieron 10 personas.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 del régimen de Áñez permitió la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana ante movilizaciones que se generaron por la crisis poselectoral. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas.

“Nos comentan que no tienen a veces ni para dar un pan a sus hijos; por tanto, desde nuestra función, hemos emprendido gestiones para recolectar alimentos de primera necesidad para más de 21 familias de mayor necesidad y de escasos recursos, junto al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani”, dijo el Presidente de la Cámara de Senadores.

“Expresamos todo nuestro compromiso en apoyar en todo lo necesario desde nuestras posibilidades y pedimos ante la justicia liberación de todo cargo penal a nuestros hermanos y hermanas que fueron encarcelados de manera injusta e ilegal, que a estas alturas del tiempo todavía hay hermanos que están peregrinando en su situación jurídica”, acotó.

“Sólo pido justicia” demandó este viernes Bladimir Condori, un joven herido con el impacto de 16 balines y golpeado en la localidad de Yapacaní del departamento de Santa Cruz durante el golpe de Estado de 2019.

“Que se investigue este caso”, recalcó en una entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de los medios estatales.

El entrevistado relató que perdió una parte de la oreja izquierda, sufrió un corte profundo en la cabeza por el golpe de la culata de un arma y varias lesiones en los brazos y la espalda.

Dijo que el ataque en su contra se registró cuando trabajaba con su motocicleta en el traslado de personas.

“Un chico me dijo llévame para el puente. Yo le llevé como estaba con mi labor y para el regreso ya me topé con unos siete u ocho militares que los vi. Al momento de verlos, yo ya me di la vuelta. Ahí vino uno que me dio con la culata en la cabeza, me dejó medio sonso, estuve manejando y me caí a una cuneta”, aseveró.

El joven recordó que la motocicleta que manejaba quedó en el lugar, porque él tuvo que huir de dos militares que le persiguieron por un largo tramo.

“No sentí las balas que me dispararon. Solo cuando llegué donde la gente sentí que chorreaba algo y era sangre. Los dolores no los sentí. Yo creo que fue por la adrenalina. Con el tiempo ya me empezó a doler todo”, manifestó.

El comunario lamentó que entre los daños que le fueron causados todavía no recupera la motocicleta que dejó por huir de quienes le persiguieron, lo que le causa problemas porque era su instrumento de trabajo para su subsistencia y ahora debe alquilar una para ganarse la vida.

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió que los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechacen acciones del Secretario General, Luis Almagro, que atentan a la democracia y soberanía de los Estados como en el caso boliviano.

“Solicitamos a los Estados miembros de la OEA que rechacen este tipo de acción que perjudica a la democracia latinoamericana y caribeña, poniendo en peligro una coexistencia pacífica y debilitando la soberanía de Estados independientes”, afirmó mediante su cuenta en la red social Twitter.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) hizo esa petición luego de ser parte de un pronunciamiento conjunto con otros expresidentes, excancilleres y personalidades de la región que rechazaron la injerencia de Almagro en asuntos internos de Bolivia y el golpe de Estado de 2019.

En noviembre de 2019, la OEA hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos.

Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.

En 2021, la justicia boliviana determinó la aprehensión y posterior detención preventiva de la expresidenta Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

Ante ello, la Secretaría General de la OEA emitió comunicados en los pide la liberación de las exautoridades y cuestiona las decisiones de las autoridades judiciales.