El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó que quienes se reunieron en una universidad privada de la ciudad de La Paz, horas previas a consolidar el golpe de Estado de 2019, deben rendir cuentas sobre cuál fue su participación en estos hechos que derivaron en las masacres de bolivianos en Senkata, Sacaba y otras regiones del país.

“Los señores que se reunieron de manera ilegal (en una universidad privada). No sabemos el porqué, aunque podemos deducir que se reunieron para dar el golpe de Estado, éstas (personas) deben rendir cuentas a la Justicia, no vamos a permitir que exista impunidad”, mencionó el legislador este miércoles en contacto con la prensa.

Al respecto, María Galindo, denunció en una columna censurada por el diario Página Siete que: “Fue en una reunión en la Universidad Católica, que una vez más se mancha de sangre y vergüenza, donde se reunieron el embajador de Brasil (como representante de los intereses norteamericanos y de Bolsonaro), Tuto Quiroga (como representante de la CIA), Fernando Camacho (como cabeza del fascismo y como dueño del proceso de derrocamiento de Evo Morales), no estoy segura, pero parece ser que Carlos Mesa también estuvo allí metiendo la pata, Waldo Albarracín y seguramente alguno más, pisoteando toda institucionalidad, con la bendición de la cúpula de la iglesia católica, decidiendo a puerta cerrada quien debía suceder a Evo Morales (sic)”.

En este contexto, Mamani dijo que el discurso de polarización que ahora pretende posicionar mediáticamente Carlos Mesa, cae en saco roto. “¿Qué polarización tenemos en este momento? Bolivia no tiene ningún conflicto y la crisis social que inició en noviembre del 2019, producto del golpe de Estado, concluyó con las elecciones generales de octubre del 2020, donde las y los bolivianos eligieron a Luis Arce como nuevo presidente”, subrayó.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, dijo que el gobierno de facto aplicó una política de desinformación e imposición de un discurso único a través de los medios de difusión para legitimar la toma del poder y acallar voces alternativas. Una muestra de ello es el pago de dinero por una consultoría efectuada por una ejecutiva de una agencia de noticias para el régimen anterior, indicó.

El legislador fue entrevistado este miércoles en el programa 180, de radio Patria Nueva, respecto a la política comunicacional del régimen de Jeanine Áñez y sobre la aparición de un documento respecto a la mencionada consultoría.

Angulo dijo que ese documento muestra que el gobierno de facto recurrió a varios mecanismos para amplificar su discurso, naturalizar sus acciones represivas que se tradujeron en masacres y silenciar las voces de protesta en medios masivos y redes sociales digitales.

Añadió que también se buscó desinformar sobre las protestas contra la dictadura y controlar los contenidos de los medios de difusión.

Los medios que se opusieron fueron cerrados y sus periodistas, despedidos, dijo el diputado, quien puso como ejemplo el sistemático cierre de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs).

La política de control de los medios del gobierno de facto incluyó la contratación de la empresa estadounidense CLS Strategies para realizar una tarea de cabildeo el 2019. Facebook identificó que se generaba desinformación a favor de Jeanine Añez, según informó el periódico Opinión el 3 de septiembre de 2020.

El Ministerio de Gobierno de Áñez pagó con recursos del Estado $us 1.000 por día, por un período de 90 días, desde diciembre de 2019 hasta principios de marzo del 2020, por servicios para comunicación estratégica, según reveló el sitio bolnews.press, contenido reproducido por el impreso La Época.

Al respecto, el expresidente Evo Morales pidió a la Fiscalía realizar una investigación debido a que se destinaron recursos del Estado, unos $us 90.000, para una actividad ilícita, añade La Época.

La consultora, de acuerdo con el reportaje del portal bolnews.press, tiene gran experiencia promoviendo a presidentes, como fue el caso de Álvaro Uribe en Colombia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, lamentó este miércoles la situación por la que atraviesa el conflicto de los cocaleros de los Yungas y exhortó a ambas partes a deponer actitudes y sentarse en una mesa de diálogo.

“Son los mismos productores de la hoja de coca, son hermanos y en ese sentido lo que si se necesita es reunirnos, sería importante reunirnos con las dos partes y definitivamente antes de la reunión deponer actitudes de las dos partes, si van a seguir siendo actitudes muy secantes de no ceder absolutamente nada vamos a tener más problemas y eso es lo que no queremos”, instó a los representantes de ambos sectores.

Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, lamentó el conflicto interno entre los productores de la hoja de coca de los Yungas de La Paz y exhortó también a resolverlos por la vía del diálogo.

“Duele, preocupa y lástima que mis propios hermanos productores de la hoja de coca Yungas de La Paz, hayan caído en un conflicto interno. Llamo a la tranquilidad, al diálogo y pacificación. Entre productores de la hoja de coca no podemos pelearnos”, dijo.

Loza recordó que “la historia nos ha demostrado que la familia cocalera siempre nos hemos unido en el aspecto ideológico, político y programático. Siempre hemos defendido la hoja de coca, pero ahora preocupa que entre productores de la hoja de coca haya conflicto”.

La senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, identificó a más de 20 miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en el marco del proceso presentado ante la Fiscalía por el secuestro sufrido durante los conflictos de octubre y noviembre 2019,

“Son más de veinte personas que logramos identificar en todo el secuestro que me hicieron desde la Alcaldía de Vinto hasta Quillacollo”, mencionó.

Asimismo, denunció que las pruebas presentadas, en su momento, ante el Ministerio Público fueron descartadas por el fiscal que investigaba el caso, durante en el periodo del gobierno de facto.

“Nosotros hemos mandado una lista de todas las personas que hemos identificado, con domicilio, pero, lamentablemente el fiscal que estaba en ese entonces (gobierno de facto), hizo caso omiso y lo sacó del proceso. Nosotros nuevamente estamos presentando toda esa documentación para que siga su curso”, detalló.

En 2019, la entonces alcaldesa del municipio de Vinto en Cochabamba, fue víctima de vejaciones por parte de miembros de la RJC, hecho que fue conocido y condenado por organismos internacionales e instituciones por la vulneración a los derechos humanos.

Arce, ratificó que la RCJ “fue un grupo paramilitar entrenado para amedrentarnos, agredir a las personas, a las mujeres y personas indígenas de pollera”, y que, “lo que ha hecho este grupo mal llamado Resistencia Juventud Cochala, fue ir a quemar ánforas, han ido a quemar domicilios de las personas, han ido a agredirnos, arrastrarnos. Ustedes (medios de comunicación) han mostrado, como a señoras de pollera han golpeado. A mí me han arrastrado hasta Quillacollo, me han cortado el pelo, han hecho todo eso”.

Finalmente, la legisladora reiteró que no se trata de una persecución política, sino, de la búsqueda de justicia para todas las personas que sufrieron persecución y agresiones por parte de este grupo irregular.