El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este sábado que, en audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público fundamentó con indicios suficientes que Rosa P.A., de 25 años de edad, es la presunta autora del delito del doble Infanticidio de sus dos hijos; una niña de siete años y un niño de cinco años, quienes murieron por intoxicación de una sustancia aún no determinada, por lo que el Juzgado de Instrucción en lo Penal de Copacabana determinó su detención preventiva en el penal de Obrajes de la ciudad de La Paz.

“Durante la audiencia, como Ministerio Público se presentó el informe de intervención policial, acta del levantamiento legal de cadáveres de los menores, acta de colección de indicios materiales, registro del lugar del hecho y otros elementos; además, concurrieron los riesgos de peligro de fuga y obstaculización, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva de la madre de las víctimas”, informó Alave.

Por su parte, el fiscal del municipio de Copacabana, Richard Ticona, explicó que, de acuerdo a los antecedentes del caso, el 23 de agosto, en un domicilio de la zona Condiza, la madre de los niños llamó a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) e indicó que sus hijos no se levantaban, después de haber dormido.

Ante el llamado, los efectivos policiales se hicieron presentes en la casa y evidenciaron que ambos menores se encontraban recostados en su cama y fueron trasladados al Hospital de Copacabana, donde llegaron sin signos vitales y después de la revisión el médico refirió que tenían signos de envenenamiento, por lo que se procedió a la aprehensión de la madre. La progenitora refirió que por descuido habría dado de comer pito con veneno a sus hijos.

Según la autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la causa de muerte de los niños fue por anoxia cerebral, asfixia mecánica por broncoaspiración e intoxicación por sustancia desconocida que será determinada mediante una pericia toxicológica, señala un boletín de prensa.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este sábado que el exministro de facto, Arturo Murillo, continúa en la cárcel de Estados Unidos (EEUU) porque no logró pagar la fianza impuesta de $us 250.000.

También explicó que una comisión de abogados que representan a Bolivia viajará al país norteamericano para la audiencia presencial que se realizará el 8 y 9 de septiembre.

“Tendremos la presencia de abogados allá el 8 y el 9 de septiembre (…). La información que tenemos al momento es que Arturo Murillo no ha obrado aún el pago de los 250.000 dólares y sigue recluido en la cárcel federal de Estados Unidos”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

De acuerdo con el procurador, esa instancia recibe información diaria sobre el caso y asegura que Bolivia tiene un gran avance en la demanda civil y que solo se espera que se cumplan con los plazos establecidos para recibir una respuesta.

“Hemos superado las etapas de medidas cautelares “, declaró.

El pasado 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad. El exministro de facto debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza; sin embargo, hasta la fecha continúa en reclusión.

Se prevé que el próximo 9 de septiembre se realice una audiencia presencial en Estados Unidos.

Murillo está detenido en EEUU desde mayo de 2021 investigado por los delitos de lavado de dinero y soborno, además de acciones contrarias a la ley en la compra de material antidisturbios a una empresa internacional.

Las cinco personas imputadas y aprehendidas por el Ministerio Público acusadas por fraude contra una cuenta privada de una persona natural, del Banco Unión, fueron enviadas con detención preventiva durante seis meses al penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

El juez del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal indicó que podría existir riesgos procesales mientras prosiguen las investigaciones, por lo que se tomó la decisión de remitirlos al penal tras realizarse una audiencia virtual, a media noche del viernes.

“Había una persona quien tenía contacto con el funcionario del Banco Unión, el mismo que revisaba cuentas bancarias y proporcionaba la información para que retiren estos montos presuntamente con documentación fraguada”, informó la fiscal, Elba Sanjinés, al periódico La Razón.

Los sujetos fueron identificados como: Marco Giovanni C. F., Fabián Efre G. R., Marcos Paolo C. Ch, Marco Antonio A. A y Cristóbal A. A.

La gerente general del Banco Unión, Verónica Ramos, informó que la entidad financiera y el equipo jurídico tras la denuncia del cliente activó todos sus mecanismos para encontrar a los responsables, y tras la identificación del funcionario se realizó la denuncia por “fraude” contra esas cinco personas ante el Ministerio Público.

“El fraude fue cometido por terceras personas ajenas al banco con la coautoría de un funcionario, el mecanismo utilizado contó con la falsificación de documentos de identidad (…) Presentamos la denuncia el jueves 26 y, a la fecha, los responsables se encuentran con detención preventiva porque se encontraron los indicios suficientes”, indicó Ramos.

Asimismo, la gerente afirmó que el Banco Unión “garantiza la solvencia para cumplir con su responsabilidad en el marco de un funcionamiento eficiente”.

La agrupación Resistencia Juvenil Cochala (RJC) se convirtió en el sustento del golpe de Estado de 2019 con apoyo de la policía, dijo el periodista Adair Pinto, quien destacó la sentencia de 12 años de cárcel para uno de los integrantes de esa organización criminal que intentó asesinarlo en 2020.

El comunicador, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, indicó que Roger Revuelta, integrante de esa organización parapolicial, lo atacó tres veces con un cuchillo el año pasado en la ciudad de Cochabamba.

Dijo que esa organización irregular manifestó una tendencia y actitudes racistas violentas y de odio a los pobladores del área rural a quienes les impedían el paso a los centros urbanos.

“La RJC es una organización criminal compuesta por guardias de seguridad de lenocinios” dijo el periodista, quien explicó que ese grupo recibió entrenamiento de exmilitares como “el coronel Almeida”, el “exgeneral Cordero”, entre otros.  

Ese grupo gestó una organización parapolicial “para poder sostener un golpe de Estado, sembrando el terror, para que la gente que piensa diferente no salga a la calle a protestar o tenga miedo de decir lo que piensa por que se paraban en los puentes, revisaban celulares eran dueños y señores de todo lo que pasaba en Cochabamba y lamentablemente esto con la ayuda de la Policía”, manifestó.

Dijo que su agresor, Roger Revuelta, intentó asesinarlo ya que le asestó tres puñaladas cuando el periodista estaba en un lugar público en la ciudad de Cochabamba.

Este viernes, el Tribunal de Sentencia Sexto de Cochabamba condenó a 12 años y seis meses de cárcel a Revuelta, miembro de la RJC, por el triple apuñalamiento contra Pinto perpetrado en 2020 en la zona de El Prado, en la capital del Valle.