El Tribunal de Sentencia Sexto de Cochabamba condenó este viernes a 12 años y seis meses de cárcel a Roger Revuelta, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por el triple apuñalamiento contra el periodista Adair Pinto perpetrado en 2020 en la zona de El Prado, informó radio Kawsachun Coca.  

La víctima que salvó la vida de milagro tras haber sido apuñalado por informar de los luctuosos hechos de Huayllani, Sacaba, donde murieron más de 10 personas en el marco del golpe de Estado de Jeanine Áñez.

El periodista dijo sentirse reconfortado y expresó su respaldo al fallo judicial. “Se está haciendo justicia” dijo el reportero a la emisora.

Recordó que, en febrero del 2020, se hallaba en un local de la avenida Libertador Bolívar, en la ciudad de Cochabamba, cuando un grupo de integrantes de la RJC, al reconocerlo como periodista, se le acercó, lo increpó con palabras soeces criticó su trabajo y las opiniones que vertía en un programa de análisis que dirigía en un medio televisivo local.

En esas circunstancias, Roger Revuelta, sacó un arma blanca y asestó tres puñaladas contra el periodista en el pecho, en el costado izquierdo del tórax y la pierna.

Esa agresión se produjo frente a otras personas que se hallaban en el local público.

Roger Revuelta, primo de los hermanos Bascopé, colaboradores cercanos de Yassir Molina, líder de la RJC, fue acusado por el delito de tentativa de asesinato y lesiones graves, por el ahora que debe cumplir una condena de 12 años y seis meses, informó RKC.

Tanto la RJC como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) actuaron como grupos parapoliciales durante el golpe de 2019.

En Santa Cruz, integrantes de la UJC atacaron a indígenas, cercaron y quemaron casas en el barrio Cofadena, en Montero. En Cochabamba, la Resistencia Juvenil Cochala incurrió en una agresión sin precedentes a la entonces Alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, además de agredir a mujeres de pollera que salieron en marcha en defensa de la democracia.

(Foto: Régimen Penitenciario)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que Régimen Penitenciario de Chuquisaca determinó sancionar al miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, con la prohibición de participar en actividades deportivas o culturales por haber infringido la norma al estar en posesión de celulares en el recinto penitenciario de Sucre.

“El responsable de Régimen Penitenciario le ha emitido una resolución de sanción correspondiente, conforme a la normativa legal vigente (…). Se le está prohibiendo, por determinado tiempo, realizar actividades deportivas, culturales u otras mientras dure su sanción al interior del centro penitenciario de Chuquisaca”, informó el ministro a los medios de comunicación.

La sanción se dio tras el operativo que realizó la Policía chuquisaqueña, el pasado 25 de agosto, al interior del Recinto Penitenciario de San Roque y detectó que el miembro de la RJC contaba con tres celulares, que fueron comisados y son investigados para conocer su contenido y con qué personas se contactaba.

Yassir Molina guarda detención preventiva acusado por los delitos de organización criminal, instigación pública a delinquir y daños ocasionados contra la Fiscalía General del Estado en 2020 en Sucre.

El director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, confirmó este viernes que los privados de liberta del centro penitenciario de Chonchocoro de La Paz, continúan con sus protestas y exigen igualdad ante el trato “preferente” que recibe la exmandataria de facto, Jeanine Áñez.

“Los privados de libertad se declararon en emergencia (…), en este momento he conversado con el director del centro penitenciario, con los delegados, (la protesta) continua”, señaló Laura en contacto con los medios de comunicación.

La jornada del jueves, se iniciaron las protestas de la población del penal tras conocer la muerte de su compañero a raíz de una patología, lo que causó molestia y cuestionaron los privilegios a los que tiene acceso Áñez.

Laura explicó que el recluso amaneció con dolencias; sin embargo, fue traslado al Hospital Agramot, pero su familia no permitió que sea internado y falleció cuando era trasladado al Hospital de Viacha.

Detalló que la dirección penitenciaria atenderá las demandas de los reclusos y en las próximas horas se pretende realizar una reunión con sus representantes. “Ya estamos atendiendo parte de sus demandas”, dijo.

¡No tenemos médico! ¡No tenemos medicamentos!, reclamó uno de los internos en contacto con la red ATB.

Los internos salieron de sus celdas y con carteles en mano protestaban por los privilegios que la expresidenta de facto tiene en el centro penitenciario de Miraflores de La Paz.

“Estamos muy molestos, apoyando al penal de Miraflores y al penal de San Pedro por los privilegios que goza la señora Jeanine Áñez.  ¡Todos somos iguales! ¡Necesitamos igualdad!”, protestó.

(Foto: ministerio de Gobierno)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que pretende garantizar la seguridad nacional y situar a Bolivia en el primer lugar en materia de seguridad ciudadana en Latinoamérica, por lo que se ejecuta el plan de operaciones denominado “Recuperando Patria”, mediante el cual se desplaza a más de 12.000 efectivos policiales en todo el territorio nacional para que luchen contra el crimen.

"Ahora, la Policía Boliviana esta para servir a su pueblo, esta para generar sensación de seguridad ciudadana, tenemos el índice de seguridad ciudadana en el tercer lugar de Latinoamérica, y a partir de este año nos hemos propuesto seguir escalonando y queremos llegar al primer nivel en el barómetro latinoamericano para que seamos el país más seguro de toda la región, vamos a ser implacables luchando contra la delincuencia", dijo el ministro.

La autoridad añadió que el objetivo de la gestión es lograr que los bolivianos tengan una mayor seguridad ciudadana, por lo que el plan de operaciones “Recuperando Patria” se inició el jueves y durará hasta el 26 de noviembre, según un comunicado institucional.

Detalló que se desplazarán 12.000 efectivos policiales de las diferentes direcciones nacionales en los nueve departamentos del país, movilizando 1.500 vehículos patrulleros y otras 1.500 motocicletas que permitirán garantizar la conservación del orden público, el cumplimiento de las leyes, la protección de la vida, la salud, la integridad, la propiedad privada y el bienestar de la población.

"Este plan ejecutará e intensificará de manera sostenida, operaciones policiales de prevención, auxilio, investigación y persecución (…) con el fin de reducir el índice delictivo y mejorar la sensación psico-social de seguridad del ciudadano, en el marco del respeto a los derechos humanos, garantías constitucionales y protocolos de salud debido a la pandemia COVID-19", manifestó Del Castillo.