El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, confirmó este jueves que una organización criminal de contrabandistas amedrentó y quemó dos vehículos del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEOLCC) en la localidad fronteriza de Sabaya, en el departamento de Oruro.

"Efectivos militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEOLCC), interceptaron un camión con mercadería ilegal, lo que causó la respuesta violenta de los contrabandistas, quienes volcaron y destruyeron dos motorizados", se lee en un comunicado institucional.

La autoridad aseveró que una gran cantidad personas se movilizaron y trataron de intimidar a los efectivos militares que luchan contra el contrabando poniendo su vida en permanente riesgo, con los últimos incidentes en Sabaya que demuestran que los contrabandistas son cada vez más violentos.

La autoridad señaló que el Gobierno responderá de manera contundente si continúan los ataques violentos de esas organizaciones criminales.

Dijo que los operativos de interdicción que realizan los uniformados en zonas de seguridad fronteriza lograron afectar los intereses económicos de los contrabandistas, por lo que estos responden de manera agresiva.

La juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo de Cobija, Laura Vásquez, emitió este jueves una orden de apremio en contra del gobernador de Pando, Regis Richter, por una demanda laboral denominada “Subsidio de Frontera”.

“Por el presente mandamiento ordena al sr. Comandante de la Policía Departamental (…) proceda al apremio de Regis German Richter Alencar y sea conducido a la cárcel pública modelo de Villa Busch de esta ciudad”, señala la orden judicial.

El mandamiento señala que deberá permanecer en el centro penitenciario hasta que cancele la suma de Bs 25.347,50 por concepto de la demanda laboral.

La demanda fue seguida por Fredy Rojas Álvarez en contra de Richter en su calidad de representante legal del Gobierno Autónomo Departamental de Pando.

El Ministerio Público emitió este jueves una orden de aprehensión en contra del gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien será investigado por los supuestos delitos de “uso indebido de bienes y servicios públicos”. El Gobernador paceño se presentó a emitir su declaración y negó lo sucedido, argumentado que ese día él no estaba en el vehículo oficial.

“Se han expedido las citaciones correspondientes al sindicado, en primera instancia a su fuente laboral, donde no han permitido que se pueda notificar, posteriormente se lo hace en su domicilio (…) y se le cita a esta persona para presentar su declaración informativa, es así que el Ministerio Público libera la orden de aprehensión para que esta persona pueda presentar su declaración informativa”, señaló el coordinador de la Fiscalía de La Paz, Sergio Bustillos, en declaraciones emitidas por Red Patria Nueva.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Fiscalía, el hecho habría sucedido el 13 de junio en la zona sur de La Paz, cuando un vehículo particular fue chocado por un vehículo oficial que se dio a la fuga; y tras investigaciones de Tránsito se identificó que pertenecía a la Gobernación paceña. 

El Ministerio Público emitió la orden de aprehensión para investigar el hecho a denuncia del señor Fernando Julián Chura por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, además de conducción peligrosa, delitos tipificados y sancionados en el Código Penal.

“Se tiene la declaración de la persona que hizo la denuncia, que habría visto y presenciado el hecho, donde en el interior del vehículo se encontraba el señor Santos Quispe. Nosotros estamos investigando un hecho, no un cargo, estamos en la etapa preliminar”, explicó Bustillos.

Minutos después, el gobernador paceño se hizo presente de forma “voluntaria” y acompañado de su abogada para presentar su declaración informativa sobre el incidente.

“Estoy presto a la justicia, porque al fin y al cabo no he cometido ningún acto (delictivo), tal vez el conductor ha chocado, pero yo no estaba en la movilidad, no soy culpable; el que tiene que estar enjuiciado es el conductor, no mi persona”, indicó Quispe.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lamentó este jueves que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, continúe generando “zozobra” en la población boliviana y que su defensa o familiares utilicen el tema de salud como lo hicieron dictadores para pretender evadir la justicia.

“Lamentablemente la señora Jeanine Áñez, incluso estando detenida preventivamente, sigue generando zozobra y malestar dentro de la población boliviana. Hemos visto que los privilegios que se le están dando están generando molestias en otras personas privadas de libertad”, indicó en conferencia de prensa.

La autoridad señaló que se evidenció los “privilegios” que tiene Áñez al interior del penal, lo que causó la molestia en diferentes centros penitenciarios del país que realizaron motines exigiendo igualdad de condiciones.

“Básicamente tiene muchas mejores condiciones que otras personas privadas de libertad”, detalló.

El ministro indicó que se trabajará para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven y cumplen una condena en los diferentes centros penitenciarios del país.

Respecto al trato que recibe Áñez, consideró que podría tratarse de una estrategia para evadir la justicia.

“Hemos visto que exdictadores como (Luis) García Mesa, (Augusto) Pinochet u otros, siempre han utilizado el tema de la salud para tratar de escaparse o vulnerar la justicia en Bolivia, en Chile o en otros países”, explicó.

Del Castillo ratificó que, pese a esas acciones, el Gobierno nacional garantizará que se cumplan los derechos humanos fundamentales de la privada de libertad; sin embargo, agregó que no se permitirá ningún tipo de manipulación y exigió que se deje de hacer política con la salud de Áñez. 

“No vamos a tolerar que se utilice ningún tipo de manipulación dentro del territorio nacional. (…) Vamos a garantizar como Gobierno nacional, con las instancias correspondientes, que se precautele los derechos fundamentales y derechos humanos”, aseveró.