El exministro de Defensa, Javier Zabaleta, indicó que los grupos movilizados para el golpe de Estado de 2019, actuaron bajo las consignas de forzar la renuncia del entonces presidente Evo Morales, evitar la sucesión constitucional y expresar un odio y persecución a los masistas. En el marco de ese plan, los policías y militares se alejaron de la cadena de mando, incurrieron en insubordinación y actuaron como sindicato, sostuvo.

La exautoridad fue entrevistada este lunes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Ahora el Pueblo, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Zabaleta dijo que, en 2019, acompañó a Morales hasta el aeropuerto de El Alto y, al regresar a su domicilio, lo encontró tomado por grupos civiles delincuenciales, entre los cuales presumiblemente se encontraban policías con capuchas. Además, sus familiares fueron amenazados. Por ello, tuvo que pedir asilo a la Embajada de México.

"La Policía amotinada, sublevada totalmente, fuera de su cadena de mando, comienza a participar activamente de las movilizaciones como muestran muchos videos y participan armados en las movilizaciones, por lo que había un riesgo real de asesinato de personas o de ultimar a dirigentes del MAS", indicó.

"El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas ya se había también alejado de su cadena de mando y ya estaba actuando de forma insubordinada", recordó.

Dijo que los movilizados tenían las consignas de lograr la renuncia de Morales, evitar que se cumpla la sucesión constitucional y perseguir, con odio extremo, a las autoridades o simpatizantes del MAS.

"¿Cómo vas a entender que una institución llamada a resguardar la seguridad, el orden, como es la Policía, termine saliendo a las movilizaciones armada, desoyendo a sus propios comandantes y actuando como un sindicato?", cuestionó.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este lunes que se encuentra en proceso de elaboración un plan para sancionar a aquellas personas que usen el número del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana (Bol - 110) con llamadas falsas o de burla.

“Las llamadas que ingresan al proyecto Bol - 110 son de burla insultos o falsas, al respecto estamos elaborando un plan en el cual también se puede establecer cierto tipo de sanciones mediante la identificación de las personas que incurran en esto”, adelantó.

El Bol - 110 se activa llamando al número único 110 desde un teléfono fijo o celular, para brindar la asistencia inmediata ante urgencias, incidentes, emergencias y/o desastres en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, salud y gestión de riesgos.

En ese sentido, la autoridad dijo que se trabajará con las empresas telefónicas para facilitar la ubicación de los infractores.

“En este caso es importante trabajar con las telefónicas para que puedan interoperar sus bases al proyecto Bol - 110 para tener la geolocalización exacta del lugar donde se estaría produciendo esto”, mencionó.

Sobre el tipo de sanciones, Ríos señaló que se encuentra en pleno análisis.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Moisés Palma, informó este lunes que se inició una investigación en contra del exministro de facto, Arturo Murillo, y otras seis personas, por presunta sustitución de 400 kilos de sustancias controladas durante una incautación.

“El Ministerio Público inició una investigación de oficio en contra de siete personas, entre ellas el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por los presuntos delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que el caso se presentó cuando un cargamento de madera salía de Bolivia con origen a Bélgica con 60 horcones y otras cantidades de vigas alistonadas, el 26 de diciembre de 2019.

Entonces, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) sospechó que en el contenedor podría existir sustancias controladas, por ello se procedió al retornó del camión a la ciudad de El Alto el 30 de diciembre del mismo año.

“El 7 de enero de 2020 se realizó la perforación a algunos de los horcones y se advirtió la presencia de una sustancia extraña que, sometida a prueba de campo, dio positivo para cocaína”, explicó.

Palma dijo que en esa fecha se procedió a la incineración de una tonelada y cuatro kilos de cocaína que se encontraban en los listones de madera, pero inicialmente el exministro Murillo había hecho público que se trataba de casi una tonelada y media de droga, por lo que se investiga el caso ante la ausencia de más de 400 kilos de cocaína. 

Indicó que, de los 60 horcones, 18 no contaban con la sustancia controlada, por lo tanto, se procedió a incinerar una tonelada y cuatro kilos aproximadamente, según señala el acta.

Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en la valoración de incineración evidenció la ausencia de aproximadamente 400 kilos de cocaína, respecto a la cantidad inicial, situación que también fue dada a conocer por el actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

“Ante esta situación, el Ministerio Público inició de oficio las investigaciones y se tiene identificados los nombres de las personas por la presunta participación en el delito de Alteración o Sustitución del cuerpo del delito y se convocará paulatinamente a otras para que presten su declaración informativa”, sostuvo Palma.

El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, se presentó este lunes a la Fiscalía Departamental de La Paz a declarar para declarar por el caso de incumplimiento de contratos con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que abasteció de canastas escolares al municipio en diciembre de 2020.

“Estamos sosteniendo de manera muy clara el hecho de que no puede considerarse un incumplimiento cuando no es un contrato particular, el doctor Revilla no ha suscrito el documento a título particular, sino en su condición de alcalde”, declaró su abogado defensor, Fernando Velásquez.

El fin de semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) notificó a la exautoridad en su domicilio de la ciudad de Santa Cruz para que preste su declaración informativa en calidad de denunciado por la supuesta comisión del delito de Incumplimiento de Contratos.

Según denuncias de Emapa, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) adeuda alrededor de Bs 23,6 millones por la provisión de canastas escolares en diciembre de 2020.