El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes que todas las personas que hubieran participado en el proceso investigativo del caso Bebé Alexander y que promovieron la sentencia del médico Jhiery Fernández sin tener pruebas científicas que demuestren la culpabilidad en el hecho, serán convocadas a declarar por las presuntas irregularidades en proceso

“A raíz del retiro de la acusación en el caso del médico Jhiery Fernández, el Ministerio Público procedió a realizar una investigación en contra de todas las personas que tuvieron que ver con este caso. Durante el proceso de investigación se va a ampliar y tomar declaraciones a todas las personas que hayan participado en este hecho injusto, para establecer responsabilidades”, dijo Lanchipa.

Según una nota de prensa, la máxima autoridad del Ministerio Público, explicó que el caso es investigado en la Fiscalía Departamental de La Paz, donde se determinará a qué personas o exautoridades se convocará a declarar.

“Por el momento se tiene una investigación en contra de los exfiscales Boyan y Blanco en la Fiscalía Departamental de La Paz. Nosotros hemos mantenido nuestro criterio de objetividad y ecuanimidad, no tenemos el deseo de perjudicar ni favorecer a nadie, simplemente pretendemos que se haga justicia y que se conozca la verdad material de los hechos”, sostuvo.

La Fiscalía abrió un proceso investigativo por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Resoluciones Contrarias a la Ley y la Constitución en contra del exfiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco y la exfiscal de materia, Susana Boyan y anunció la ampliación de la investigación contra otros involucrados.

Por otro lado, Lanchipa aseguró que la designación como juez de uno de los investigados no impide que el Ministerio Público desarrolle el proceso investigativo conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal.

El comandante general de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, explicó este lunes que institución está realizando labores de prevención y auxilio en la lucha contra el COVID-19, por lo que convocó a la ciudadanía al autocuidado y no esperar a ser sancionada por incumplir medidas de bioseguridad.

“Estuvimos realizando operativos durante el fin de semana en eventos donde se evidenció alta concentración de personas. Toda la ciudadanía debe estar consciente de que al salir de sus hogares están exponiéndose ante el contagio, por lo que no deberían bajar las medidas de bioseguridad, tener un autocuidado y no esperar a ser sancionados”, dijo en una entrevista.

El Comandante consideró que el llegar a detenciones de los infractores y llevarlos a un mismo lugar, provocaría la concentración que se quiere evitar; y también se estaría exponiendo al elemento policial a un mayor contagio.

En cuanto a la imposición de multas, Aguilera indicó que éstas agravarían la situación de las personas y que los cuidados deben partir desde uno mismo.

"No debería existir en la ciudadanía, sino otra visión que la de cuidarse y autocuidarse, no esperar a que la Policía restrinja las actividades, porque no solo pone en riesgo a la propia Policía, sino también se ponen en riesgo ellos. Todo tiene que tener un carácter conciencial, y estoy seguro que podemos construir juntos este carácter de disciplina al interior de nuestras familias", insistió Aguilera.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva; el jefe departamental del Senasag La Paz, Javier Mamani García; y el Alcalde de Sica Sica, Edwin Callizaya, presentaron las acciones legales que se asumirán respecto a los predios de faeneo clandestino de carne encontrados en Sica Sica.

En conferencia de prensa, las autoridades explicaron que una vez conocido el hecho, se tomaron acciones. El alcalde de Sica Sica explicó que de manera inmediata se constituyeron al lugar y presumen que se trata de un clan familiar que se dedica a este tipo de actividades ilícitas. Por su parte, el Senasag procedió a la clausura de los predios en las pasadas horas y anunció una investigación sobre el tipo de muerte que se les habría dado a esos animales.

A su vez, el viceministro Silva expresó su preocupación por el destino que esa carne pudo tener."Desconocemos el mercado o el consumidor final del producto extraído de estos animales en Sica Sica", enfatizó.

Silva dijo que no se trata de un matadero, sino de un lugar de sacrificio de animales. Por ello, la autoridad solicitará la demolición de esos predios ya son parte de una actividad ilícita. Paralelamente, esa cartera de Estado se constituirá en parte querellante ante el Ministerio Público.

También, se anunció que se convocará a las alcaldías de La Paz y El Alto para coordinar acciones que permitan, a través de verificativos, establecer qué tipo de carne se comercializa en los mercados de ambas urbes, y si ésta proviene de mataderos autorizados.

Se anunciaron sanciones para los responsables, quienes en actualmente están siendo buscados. Las autoridades volverán a constituirse en el lugar a fin de establecer cuántos predios como este existen en las inmediaciones de Sica Sica o en otras poblaciones aledañas.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este viernes que se erradicó 1.217 hectáreas de coca excedentaria hasta el 20 de mayo en todo el país.

“Hasta el 20 de mayo se erradicó 1.217 hectáreas de coca excedentaria a nivel nacional”, manifestó, citado en un boletín institucional.

De acuerdo con Mamani, entre los cultivos de coca eliminados se registró 147 hectáreas en los Yungas de La Paz, 942 hectáreas en el trópico de Cochabamba y 128 hectáreas en la localidad de Yapacaní del departamento de Santa Cruz.

Según el boletín, la autoridad estatal, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y personal de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico de Cochabamba, realizaron el seguimiento de los avances de erradicación de sembradíos de coca ilegal en el sindicato 22 de septiembre de la zona Chore Víbora de Yapacaní.

La tarea se efectuó porque el lunes 17 de mayo se realizó un sobrevuelo de reconocimiento y verificación de cultivos ilegales en zonas no autorizadas del Parque Nacional Amboró, el Parque Nacional Carrasco, la Reserva Forestal el Chore y Yapacaní.

La actividad permitió identificar cerca de 200 hectáreas de cultivos de coca, por lo que se instruyó el ingreso de las fuerzas de erradicación a la zona.